El Senado de la Nación mantiene paralizada su actividad legislativa esta semana debido a la coincidencia del calendario deportivo del Mundial, los feriados por el Día de la Independencia y la creciente presión de los gobernadores provinciales sobre la agenda oficialista.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, enfrenta serias dificultades para retomar el ritmo parlamentario tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete hace poco más de una semana. A pesar de los intentos de la Casa Rosada por reactivar el recinto, la combinación de factores logísticos y políticos ha postergado cualquier posibilidad de debate hasta, al menos, el próximo jueves 16. La falta de pasajes para los legisladores del interior debido al fin de semana largo y el compromiso de no sesionar durante los partidos de la selección argentina —que este martes se enfrenta a Egipto— terminaron por vaciar la agenda de la Cámara alta. Según fuentes parlamentarias, la intención de Bullrich es celebrar una reunión de Labor Parlamentaria este miércoles a las 12:00 para definir una hoja de ruta, aunque el inicio del receso invernal amenaza con diluir cualquier avance significativo en el corto plazo.
En el centro de la disputa se encuentra un paquete de leyes estratégicas impulsadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que incluyen la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la denominada Ley Hojarasca. A estas iniciativas se suman pliegos judiciales de alto impacto, como la prórroga del mandato de Víctor Pesino en la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El pliego de Pesino, quien cumplirá 75 años, cobró relevancia institucional tras haber revocado la medida cautelar presentada por la CGT contra la reforma laboral del Ejecutivo. De acuerdo con operadores del mercado legislativo, la aprobación de estos nombramientos es una prioridad para el Gobierno, pero la resistencia de los bloques aliados, que ahora exigen discutir “una ley por sesión”, ha complicado los cálculos de la Casa Rosada. La Libertad Avanza busca capitalizar el triunfo de las pasadas elecciones de medio término, pero la acumulación de proyectos como la reforma a la ley de Salud Mental y los cambios al Régimen de Zona Fría evidencia un cuello de botella difícil de resolver.
Contexto
La parálisis actual del Senado no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una crisis interna que se profundizó con el escándalo que rodeó al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. Durante las semanas previas a su renuncia, el funcionario fue objeto de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, lo que llevó a los bloques aliados a negarse a sesionar para no quedar asociados a la figura del entonces ministro coordinador. Fuentes del Congreso indicaron que la interpelación con posible moción de censura contra Adorni estuvo a punto de concretarse, lo que obligó a una reestructuración del equipo político de Javier Milei. La salida de Adorni dio paso a la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, quien ahora debe heredar una relación tensa con los mandatarios provinciales tras el cierre de listas de 2025, donde el oficialismo compitió directamente contra los intereses territoriales de los gobernadores en casi todos los distritos del país.
Este escenario de desconfianza se ve agravado por la situación económica de las provincias. La caída en la recaudación coparticipable y la virtual paralización de la obra pública nacional han dejado a los gobernadores con escaso margen de maniobra financiera. En este marco, la reforma electoral que impulsan los hermanos Milei —Javier y Karina— se ha convertido en la principal moneda de cambio. El objetivo de la Casa Rosada es eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el próximo año, una estrategia diseñada para atomizar a la oposición, especialmente al Partido Justicialista, y facilitar el camino hacia la reelección presidencial. Sin embargo, para lograr los votos necesarios en el Senado, el Ejecutivo deberá ceder ante las demandas de los mandatarios provinciales, quienes ahora aplican la lógica inversa a la del “látigo y la chequera” que caracterizó los primeros meses de la gestión libertaria.
Impacto
La inactividad del Senado tiene consecuencias directas sobre la seguridad jurídica y la implementación de reformas económicas estructurales. La demora en el tratamiento del “Súper RIGI” y la ley de Ludopatía, ambos con media sanción de Diputados, frena inversiones potenciales que dependen de marcos regulatorios estables. Asimismo, la falta de quórum para tratar la derogación de la ley de Etiquetado Frontal y las modificaciones a la ley de Salud Mental mantiene en vilo a sectores industriales y sanitarios que reclaman definiciones urgentes. Según analistas políticos, el costo de esta parálisis es doble: por un lado, el Gobierno pierde el impulso legislativo que le otorgó el resultado electoral; por el otro, los gobernadores incrementan su poder de veto a medida que se acerca el calendario electoral de 2026, encareciendo cada voto necesario para el oficialismo.
Para el ciudadano, el impacto se traduce en una agenda legislativa que parece desconectada de las urgencias sociales, priorizando el calendario deportivo o las disputas de poder internas. La postergación de los pliegos judiciales también afecta el funcionamiento del Poder Judicial, dejando vacantes o prórrogas sin resolver en cámaras clave que deben fallar sobre la constitucionalidad de decretos y leyes laborales. Desde el Ministerio de Economía siguen con atención estas demoras, ya que la implementación de las reformas de Sturzenegger es considerada vital para sostener el proceso de desregulación económica. La capacidad de Diego Santilli para recomponer el diálogo con los bloques federales determinará si el Senado recupera su operatividad o si se encamina a un bloqueo permanente durante el segundo semestre del año.
El próximo paso decisivo ocurrirá el jueves 16 de julio, fecha tentativa para la reapertura del recinto. En esa jornada se medirá el verdadero poder de convocatoria de Patricia Bullrich y la efectividad de las negociaciones iniciadas por Santilli. La tensión se mantiene alta, ya que los aliados han advertido que no aceptarán temarios impuestos unilateralmente por la Casa Rosada. Con el receso invernal a la vuelta de la esquina, el margen de acción para aprobar el paquete de leyes de desregulación es extremadamente acotado, dejando al Gobierno ante el desafío de ceder recursos a las provincias o aceptar una derrota legislativa en temas que considera fundamentales para su programa de gestión.
