El Senado de la Nación sesiona este jueves desde las 11 para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa que busca modificar la Ley de Tierras y la normativa de Manejo del Fuego.
La convocatoria oficialista llega tras una semana de intensas negociaciones en los despachos de la Casa Rosada y el Congreso, marcadas por la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli. Esta medida, que generó cortocircuitos internos con el sector liderado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, obligó a reconfigurar el temario para asegurar el acompañamiento de bloques aliados. Según indicaron fuentes parlamentarias, el Gobierno nacional priorizó avanzar con la agenda económica y de seguridad jurídica, postergando las vacantes judiciales más conflictivas pero manteniendo en el orden del día la oficialización de una lista de 50 jueces para cubrir cargos vacantes en distintos fueros federales, sobre un total de 73 pliegos que ya cuentan con dictamen de comisión.
El eje central de la jornada legislativa es el proyecto denominado de “inviolabilidad de la propiedad privada”. Esta norma propone una flexibilización sustancial en las restricciones vigentes para que ciudadanos y empresas extranjeras adquieran tierras en territorio argentino, eliminando los topes porcentuales por nacionalidad y zona geográfica que establecía la Ley 26.737. Asimismo, el texto incluye reformas a la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, reduciendo los plazos de prohibición de venta o cambio de uso de suelos que hayan sufrido incendios, una medida que ha despertado críticas en sectores ambientalistas pero que el oficialismo defiende como una forma de dinamizar el mercado inmobiliario rural. Para destrabar la votación, los senadores de La Libertad Avanza aceptaron retirar los artículos que afectaban al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), garantizando que este organismo continuará bajo la órbita de la administración federal y preservando los procesos de urbanización en curso.
Otro punto crítico del orden del día es la autorización para el pago de u$s171 millones destinados a cancelar deudas con los fondos buitre Attestor Value Master Fund LP y Bainbridge Ltd. Esta operación debió ser postergada originalmente debido a un error técnico detectado por los propios acreedores. Según explicaron operadores del mercado financiero, el fondo Attestor informó a último momento que los bonos detallados en el anexo del proyecto original no coincidían con los títulos involucrados en el litigio judicial. Ante esta inconsistencia material, el Gobierno y los bonistas acordaron una segunda prórroga hasta el 30 de junio para que el Congreso ratifique el acuerdo. La aprobación en el Senado es el paso final para evitar nuevos embargos y cerrar un capítulo de litigiosidad externa que afecta la calificación crediticia del país en los mercados internacionales.
Contexto
La sesión se produce en un momento de reordenamiento de fuerzas dentro de la Cámara Alta, donde el oficialismo busca consolidar una mayoría circunstancial para retomar la iniciativa política. La Ley de Tierras, sancionada originalmente en 2011 durante el kirchnerismo, establecía un límite del 15% a la propiedad extranjera sobre el total del territorio nacional, provincial o municipal, además de prohibir la compra de tierras que contengan cuerpos de agua de envergadura. El intento actual de desregulación se suma a los antecedentes del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que ya había planteado la derogación de dicha norma, pero que encontró frenos en el ámbito judicial. Por otro lado, la modificación de la Ley de Manejo del Fuego busca revertir la reforma de 2020, que impedía la venta de campos incendiados por lapsos de entre 30 y 60 años, una medida que los productores agropecuarios calificaron históricamente como una presunción de culpabilidad sin debido proceso.
En el plano judicial, la tensión por los pliegos de magistrados refleja la puja de poder entre el Ejecutivo y sus aliados parlamentarios. La retirada del pliego de Michelli fue interpretada como un gesto hacia sectores del radicalismo y bloques provinciales, aunque generó malestar en el ala más dura del oficialismo. No obstante, el avance en la creación de nuevos cargos judiciales muestra una sintonía con las necesidades de los gobernadores. Se destaca la creación de un cargo para la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, impulsado por las senadoras Sandra Mendoza y Beatriz Ávila, alineadas con el gobernador Osvaldo Jaldo, y la senadora Lucía Corpacci de Catamarca. También se incluyó la creación de una sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, un proyecto del senador radical Maximiliano Abad, lo que evidencia el intercambio de apoyos para garantizar el quórum en los temas de interés nacional.
Impacto
La aprobación de estas reformas tendrá consecuencias directas en la estructura de propiedad rural y en la gestión de recursos naturales en Argentina. De acuerdo con analistas del sector agroindustrial, la flexibilización de la Ley de Tierras podría atraer inversiones extranjeras directas estimadas en más de u$s2.500 millones en los próximos dos años, especialmente en sectores vinculados a la producción de granos y la explotación forestal. Sin embargo, desde la oposición advierten que la falta de controles sobre la extranjerización pone en riesgo la soberanía sobre recursos estratégicos y el acceso al agua. En cuanto al Manejo del Fuego, el impacto será inmediato para los propietarios de tierras en zonas de riesgo, quienes recuperarán la disponibilidad comercial de sus activos tras un siniestro, aunque esto genera una alerta en las organizaciones civiles por el posible incentivo a incendios intencionales con fines inmobiliarios.
En el ámbito financiero, la resolución del pago a los fondos buitre por u$s171 millones es vista por el Ministerio de Economía como un paso necesario para normalizar las relaciones con los acreedores externos. El cumplimiento de este acuerdo, condicionado a la aprobación legislativa antes del 30 de junio, permitiría reducir el riesgo país y facilitar el acceso a financiamiento para empresas privadas argentinas. Por su parte, el fortalecimiento de las cámaras federales en Tucumán y Mar del Plata busca agilizar causas de narcotráfico y delitos complejos en regiones clave, respondiendo a una demanda histórica de los sistemas de justicia provinciales que se encuentran saturados por la falta de infraestructura y personal jerárquico.
El cierre de la sesión de este jueves marcará el termómetro de la gobernabilidad para el resto del semestre. Si el oficialismo logra sancionar el paquete de leyes sin nuevas fisuras, habrá demostrado capacidad de gestión parlamentaria a pesar de su debilidad numérica. La atención quedará centrada en la Cámara de Diputados, que deberá ratificar los cambios en el protocolo de expropiaciones y el acuerdo con los bonistas antes de la fecha límite de finales de junio. La tensión pendiente reside en la relación con el bloque de Patricia Bullrich, que vigila de cerca cada movimiento en la designación de jueces, y en la reacción de los movimientos sociales ante la preservación del ReNaBaP, un punto que evitó un conflicto mayor en las calles durante la jornada de debate.
