El Gobierno nacional declaró este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán como organización terrorista, mediante una resolución que ordena su inscripción inmediata en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo.
La medida, comunicada oficialmente por la Oficina del Presidente, representa un giro drástico en la política exterior argentina y busca establecer responsabilidades directas sobre la estructura militar iraní por los ataques perpetrados en Buenos Aires durante la década de 1990. Según detallaron fuentes del Ministerio de Seguridad y la Cancillería, la decisión implica el congelamiento de activos y la prohibición de cualquier tipo de operación financiera o comercial dentro del territorio nacional para los miembros y entidades asociadas a este cuerpo de élite. El Poder Ejecutivo fundamentó esta acción en las investigaciones judiciales que señalan a la Guardia Revolucionaria como el cerebro logístico y financiero detrás de Hezbolá, organización que funcionó como brazo ejecutor en los atentados contra la Embajada de Israel el 17 de marzo de 1992 y contra la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994. Los informes de inteligencia procesados por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) ratificaron que la planificación de estas acciones contó con la participación directa de altos funcionarios del régimen de Teherán, quienes habrían facilitado los recursos necesarios para la ejecución de los ataques con coches bomba que dejaron un saldo total de 107 víctimas fatales y cientos de heridos.
El despliegue administrativo para concretar esta designación requirió un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona, y la cartera de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. Desde el Palacio San Martín indicaron que la medida no solo responde a una necesidad de justicia interna, sino que también alinea a la Argentina con las listas de vigilancia de potencias occidentales como Estados Unidos y la Unión Europea. La resolución establece que cualquier persona física o jurídica que preste apoyo, financiamiento o servicios a la Guardia Revolucionaria quedará sujeta a sanciones penales severas bajo la Ley de Seguridad Interior y las normativas de prevención de lavado de activos. Fuentes oficiales de la Casa Rosada subrayaron que el objetivo es blindar el sistema financiero argentino para evitar que sea utilizado como plataforma de triangulación de fondos destinados a actividades ilícitas transnacionales. En este sentido, el Gobierno remarcó que la Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia regional, y que la inacción estatal durante las últimas tres décadas ha permitido que los responsables eludan las consecuencias de sus actos. La administración de Javier Milei busca, con este gesto, saldar lo que calificó como una deuda histórica con los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de ambos ataques, reafirmando un compromiso inquebrantable en la lucha contra el crimen organizado y el fundamentalismo extremo.
Contexto
La relación entre Argentina e Irán ha estado marcada por la tensión y la parálisis judicial desde 1994, año en que el atentado a la AMIA destruyó la mutual judía y dejó 85 muertos. Durante años, la justicia argentina emitió alertas rojas de Interpol contra varios ciudadanos iraníes, incluyendo a exministros y altos mandos militares, pero los pedidos de extradición nunca fueron atendidos por Teherán. El antecedente más polémico en esta cronología fue la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán en 2013, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, un acuerdo que fue denunciado por la oposición y la comunidad judía como un intento de otorgar impunidad a los acusados a cambio de beneficios comerciales. Aquel pacto fue posteriormente declarado inconstitucional por los tribunales federales argentinos. En años recientes, la actividad de la Guardia Revolucionaria en la región volvió al centro de la escena con el incidente del avión de Emtrasur, retenido en Ezeiza en 2022, donde se investigaron los vínculos de su tripulación con la Fuerza Quds, la unidad de élite del CGRI encargada de operaciones en el extranjero. Este historial de incidentes y la falta de avances en las causas judiciales locales generaron un clima de presión internacional para que Argentina adoptara una postura más firme, similar a la que tomó en 2019 cuando declaró a Hezbolá como grupo terrorista bajo la presidencia de Mauricio Macri. La decisión actual de incluir a la Guardia Revolucionaria completa ese esquema de sanciones, apuntando directamente a la estructura estatal iraní que sostiene a los grupos operativos en América Latina.
Impacto
La inclusión de la Guardia Revolucionaria en el RePET tiene consecuencias inmediatas en el plano diplomático y financiero. En términos operativos, la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá emitir directivas específicas a bancos y entidades financieras para que reporten cualquier movimiento sospechoso vinculado a nombres asociados con el CGRI. Esto dificulta enormemente cualquier intento de la organización de utilizar empresas pantalla para el comercio de bienes o la transferencia de divisas en el Cono Sur. Políticamente, esta medida consolida el alineamiento de la gestión de Javier Milei con el eje Washington-Jerusalén, alejándose de la neutralidad o el acercamiento que caracterizó a gestiones anteriores respecto a las potencias de Medio Oriente. Expertos en seguridad internacional advierten que este movimiento podría generar represalias diplomáticas por parte de Irán, que históricamente ha negado cualquier participación en los atentados y ha calificado las acusaciones argentinas como infundadas y motivadas por presiones externas. Sin embargo, para el Gobierno nacional, el costo diplomático es secundario frente a la necesidad de fortalecer la seguridad nacional y enviar un mensaje claro a la comunidad internacional sobre la posición argentina en el conflicto global contra el terrorismo. El impacto también se siente en el ámbito judicial, ya que proporciona nuevas herramientas a los fiscales que investigan las redes de financiamiento local, permitiendo el decomiso de bienes y la restricción de movimientos migratorios para cualquier individuo que tenga vínculos probados con la organización iraní.
El próximo paso del Poder Ejecutivo será presentar estos antecedentes ante organismos internacionales para solicitar un mayor nivel de cooperación en la captura de los sospechosos que aún cuentan con pedidos de detención vigentes. La Casa Rosada anticipó que continuará revisando las listas de entidades vinculadas al extremismo para asegurar que ninguna organización con antecedentes de violencia transnacional opere con libertad en el país. La tensión con Teherán se encamina a un punto de máxima fricción, mientras el Ministerio de Seguridad refuerza la vigilancia en puntos estratégicos y fronteras para prevenir posibles reacciones ante esta declaración oficial. La decisión queda firme y marca el inicio de una nueva etapa en la que Argentina busca posicionarse como un actor activo en la defensa de los valores de la civilización occidental, condenando de manera frontal a quienes, según el comunicado oficial, intentan destruirla mediante el uso de la violencia y el terror.
