El Gobierno nacional adjudicó dos tramos estratégicos de la Red Federal de Concesiones viales a consorcios privados, abarcando más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales bajo un nuevo esquema de gestión sin financiamiento público ni subsidios directos.
La medida, formalizada mediante una resolución oficial el 15 de mayo, representa un giro estructural en la administración de la infraestructura vial argentina. El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, confirmó que las empresas ganadoras deberán hacerse cargo de la inversión total para el mantenimiento y la modernización de los corredores. Según indicaron fuentes de la cartera económica, el proceso forma parte de la Etapa II-A de un plan más ambicioso que busca desregular el sector y reducir el gasto público. El Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur fue asignado al consorcio integrado por las firmas CONCRET NOR SA, MARCALBA SA, POSE SA y COARCO SA, quienes presentaron una oferta de 997 pesos (sin IVA) para el período licitatorio. Por otro lado, el Tramo Pampa quedó bajo la responsabilidad de CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL OESTE SA, con una propuesta tarifaria de 2.355,37 pesos.
El despliegue territorial de estas adjudicaciones es significativo para la logística nacional. El Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur comprende arterias de flujo masivo como las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, además de las rutas nacionales 3, 205 y 226. Estas vías conectan el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con importantes nodos industriales y turísticos. En tanto, el Tramo Pampa abarca la Ruta Nacional 5 hasta su empalme con la Ruta Nacional 35, un corredor vital para el traslado de la producción cerealera y ganadera desde el corazón de la provincia de Buenos Aires hacia el interior del país. De acuerdo con operadores del mercado vial, la competencia fue intensa: para el primer tramo, el grupo de PANEDILE ARGENTINA SAICF e I, SUPERCEMENTO SAIC y ELEPRINT SA quedó en segundo lugar con una oferta de 1.057,85 pesos, mientras que el consorcio de BENITO ROGGIO E HIJOS SA y JOSE J. CHEDIACK SAICA ocupó el tercer puesto con 1.230,57 pesos.
En el caso del Tramo Pampa, la disputa también mostró cifras ajustadas. La segunda mejor oferta fue presentada por CN SAPAG SA y VÍCTOR M. CONTRERAS Y CÍA SA, con 2.477,77 pesos, seguida por el grupo de CPC SA y CLEAR PETROLEUM SA, que ofertó 2.659,92 pesos. Otras empresas como VIAL AGRO SA, FONTANA NICASTRO SAC y MERCO VIAL SA también participaron de la puja, lo que demuestra un marcado interés del empresariado local por activos de largo plazo, a pesar de la eliminación de las garantías estatales que caracterizaron a las concesiones de décadas anteriores. Las autoridades aclararon que los montos ofertados corresponden a la estructura tarifaria que regirá el contrato por los próximos 20 años, aunque los pliegos técnicos mantienen bajo reserva la unidad de medida exacta de dichos valores.
Contexto
Este proceso de licitación se produce en un momento de redefinición de la obra pública en Argentina. Históricamente, el mantenimiento de las rutas nacionales dependió de una combinación de peajes y fuertes transferencias del Tesoro Nacional para cubrir déficits operativos. Sin embargo, el actual programa de la Red Federal de Concesiones busca replicar modelos de gestión donde el usuario y el inversor privado sostienen el sistema. La apertura de sobres realizada en abril ya había anticipado una alta participación, con 17 ofertas recibidas para un total de 2.500 kilómetros de rutas en diversas etapas. La resolución de la Etapa II-A es el primer resultado concreto de esta política de transferencia de activos.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que la infraestructura vial presentaba un deterioro acumulado que requería una inversión que el Estado no estaba en condiciones de afrontar sin comprometer las metas de equilibrio fiscal. Al respecto, el ministro Luis Caputo sostuvo a través de sus canales oficiales: “Hoy firmamos la resolución de adjudicación de los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. Son más de 1.800 km de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada y mejores estándares de servicio para los argentinos”. Este antecedente marca el camino para futuras licitaciones que buscarán privatizar la totalidad de los corredores nacionales que hoy se encuentran bajo gestión estatal precaria o contratos vencidos.
Impacto
La principal consecuencia de esta adjudicación es el traslado del riesgo operativo y financiero al sector privado. Durante los próximos 20 años, las empresas ganadoras serán las únicas responsables de la señalización, el bacheo, la repavimentación y la seguridad vial en los tramos asignados. Esto implica que el Estado nacional deja de ser el garante del financiamiento de estas obras, lo que supone un alivio para las cuentas públicas pero también un desafío para el bolsillo de los usuarios, ya que las tarifas deberán cubrir la totalidad de los costos operativos y la rentabilidad empresaria. Para el sector agroindustrial, el impacto es directo: la Ruta 5 es el canal principal de salida de la cosecha gruesa, y su estado de conservación afecta directamente los costos logísticos de exportación.
Asimismo, la modernización de los peajes y la incorporación de tecnología en los accesos al sur del conurbano bonaerense prometen agilizar el tránsito en zonas de alta congestión como la autopista Riccheri. Según indicaron desde la Dirección Nacional de Vialidad, el control del cumplimiento de los estándares de servicio será estricto, con auditorías periódicas para asegurar que la inversión privada se traduzca efectivamente en rutas más seguras. La transparencia en la ejecución de estos contratos será clave para determinar si el modelo de “inversión 100% privada” es sostenible en un contexto de volatilidad macroeconómica, donde los costos de los insumos viales, como el asfalto y el combustible, suelen estar dolarizados.
El próximo paso para el Gobierno será avanzar con la adjudicación de los 2.500 kilómetros restantes que aún se encuentran en proceso de evaluación técnica. Se espera que en los próximos meses se definan los ganadores de los corredores que conectan las regiones del Norte y Cuyo, completando así el mapa de la nueva Red Federal de Concesiones. La tensión pendiente radica en la capacidad de las empresas para obtener financiamiento en los mercados internacionales para las obras de gran envergadura prometidas, en un escenario donde el crédito para infraestructura en Argentina todavía enfrenta tasas elevadas. El éxito de estos primeros dos tramos servirá como caso testigo para el resto de los inversores interesados en el sistema vial nacional.
