El contratista Matías Tabar ratificó este miércoles ante la Justicia que percibió u$s245.000 en efectivo por las obras de remodelación realizadas en la propiedad del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
La declaración testimonial de Tabar, que se extendió durante varias horas, aportó detalles técnicos y financieros sobre la evolución de los trabajos en la vivienda del funcionario nacional. Según el empresario, los pagos se efectuaron de manera informal, una práctica que describió como habitual en el rubro de la construcción privada en Argentina. El contratista precisó que el presupuesto original fue incrementándose a medida que se sumaban requerimientos específicos de la familia Adorni, alcanzando la cifra final de un cuarto de millón de dólares. Fuentes judiciales indicaron que el testimonio busca determinar si existe una correlación entre los ingresos declarados por el funcionario y los gastos destinados a su patrimonio inmobiliario, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.
Durante su exposición pública posterior a la declaración judicial, Tabar rechazó las acusaciones del presidente Javier Milei, quien lo había vinculado con sectores del kirchnerismo para restarle credibilidad a su testimonio. El empresario aclaró que, si bien integró una agrupación vecinal con vínculos peronistas en el pasado, su voto en las últimas elecciones presidenciales fue para el actual mandatario. Respecto a la modalidad de cobro, el testigo explicó que no existieron maniobras cinematográficas ni traslados de bolsos, sino entregas parciales de divisas a medida que avanzaba la obra. Según operadores del sector inmobiliario consultados, el valor de u$s245.000 para una remodelación de alta gama en la zona norte de la provincia de Buenos Aires coincide con los parámetros de mercado para propiedades de esa envergadura, aunque la falta de facturación complica la trazabilidad del origen de los fondos utilizados por el Jefe de Gabinete.
Contexto
La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni se originó a partir de una denuncia que puso bajo la lupa la adquisición y posterior mejora de su vivienda en el exclusivo barrio cerrado Indio Cuá. Este proceso judicial se desarrolla en un momento de alta sensibilidad política para la Casa Rosada, que ha hecho de la transparencia y la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas de gestión. Los antecedentes del caso incluyen la revisión de las declaraciones juradas presentadas por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción, las cuales mostraron inconsistencias que motivaron la intervención del fiscal Guillermo Marijuán. La situación se agravó tras conocerse que el hermano del funcionario, Francisco Adorni, también está siendo investigado por un presunto incremento patrimonial injustificado desde el año 2020.
En paralelo, el juez federal Sebastián Casanello, quien subroga el Juzgado Federal 6, tomó medidas drásticas esta semana al ordenar el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni. Esta decisión responde a una solicitud del fiscal Marijuán basada en una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya recibió la notificación para requerir a todas las entidades financieras del país el detalle pormenorizado de cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos y movimientos de tarjetas de crédito del hermano del Jefe de Gabinete. Asimismo, se solicitó información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para reconstruir el perfil fiscal de los involucrados y determinar si el flujo de fondos en efectivo mencionado por Tabar tiene un respaldo legal en los ingresos registrados de la familia.
Impacto
El impacto de estas revelaciones afecta directamente la línea de flotación comunicacional del Gobierno Nacional, ya que Manuel Adorni es la cara visible de la administración en sus conferencias de prensa diarias. La ratificación de pagos por u$s245.000 “en negro” genera una tensión institucional considerable, dado que el propio Poder Ejecutivo impulsa medidas de regularización fiscal y combate a la informalidad. Desde el entorno del Jefe de Gabinete aseguran que las declaraciones de Tabar son inexactas y que presentarán pericias técnicas para demostrar que el valor de la obra fue significativamente menor al declarado por el contratista. Sin embargo, la confirmación de que no existieron facturas por los trabajos realizados coloca al funcionario en una situación de vulnerabilidad ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y la propia Justicia Federal.
Para los analistas políticos, este caso representa el primer desafío judicial de envergadura que toca el círculo íntimo de la Casa Rosada. La estrategia de defensa, que inicialmente consistió en desacreditar al testigo calificándolo de opositor, parece haber perdido efectividad tras la ratificación del empresario ante el fiscal. El impacto también se extiende al ámbito legislativo, donde bloques de la oposición ya evalúan pedidos de informes para que el funcionario explique el origen de los dólares utilizados en la transacción. La gravedad de la acusación radica no solo en la informalidad del pago, sino en la capacidad de ahorro de un funcionario público para afrontar un gasto de tal magnitud en un periodo de tiempo relativamente corto, lo que alimenta la hipótesis de enriquecimiento ilícito que sostiene la fiscalía.
La causa entrará en una fase decisiva en las próximas semanas cuando se crucen los datos bancarios obtenidos tras el levantamiento del secreto fiscal con los testimonios recogidos en el expediente. El juez Casanello espera los informes del BCRA y de ARCA para determinar si existen transferencias o retiros de efectivo que coincidan con las fechas de los pagos detallados por Matías Tabar. Mientras tanto, en la Casa Rosada el hermetismo es total, aunque se reconoce por lo bajo que el tema ha logrado perforar la agenda de gestión, obligando al propio Presidente a intervenir públicamente en defensa de su vocero. El próximo paso procesal será la citación a nuevos testigos del entorno del country y la posible convocatoria a indagatoria de los hermanos Adorni si las pruebas documentales confirman las irregularidades señaladas.
