El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a una sesión especial para el próximo 20 de mayo a las 10:00, con el objetivo de neutralizar el pedido de interpelación al vocero presidencial, Manuel Adorni.
La estrategia del oficialismo consiste en una maniobra reglamentaria para obturar el avance de la oposición dialoguista y el kirchnerismo, quienes habían solicitado formalmente un debate para las 11:00 del mismo día. Según indicaron fuentes de la Presidencia de la Cámara, la intención de La Libertad Avanza es alcanzar el quórum propio con el apoyo de bloques aliados para agotar el tiempo parlamentario y evitar que se trate la situación patrimonial del funcionario. La controversia gira en torno a denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, tras detectarse bienes y viajes que no coincidirían con las declaraciones juradas previas del ministro coordinador, quien ya se defendió ante el cuerpo legislativo el pasado 29 de abril asegurando que no cometió delitos y descartando cualquier posibilidad de renuncia.
Para garantizar la asistencia de los legisladores y desplazar el eje de la discusión, el oficialismo incluyó en el temario proyectos de alto impacto político y económico. Entre ellos se destaca la denominada “Ley de Hojarasca”, una iniciativa que busca derogar aproximadamente 70 normas que el Ejecutivo considera obsoletas, y la reforma del sistema de Zonas Frías. Este último punto es particularmente sensible, ya que propone reducir drásticamente el universo de beneficiarios de los descuentos en las tarifas de gas, un esquema que actualmente alcanza a más de 4 millones de hogares en todo el país. La medida afectaría de manera directa a la provincia de Buenos Aires, administrada por Axel Kicillof, lo que anticipa un fuerte cruce con los diputados que responden al mandatario bonaerense durante el debate en el recinto.
En el plano de las relaciones internacionales, el temario oficialista incorporó diversos tratados de extradición y convenios de cooperación, aunque excluyó sorpresivamente el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Fuentes de la Cancillería señalaron que esta omisión responde a que las negociaciones con la administración de Donald Trump en Estados Unidos aún se encuentran en una etapa de revisión técnica. El PCT es una de las exigencias fundamentales de Washington para avanzar en acuerdos comerciales bilaterales, pero el Gobierno decidió postergar su tratamiento legislativo hasta alcanzar un consenso definitivo sobre los términos de propiedad intelectual que afectarán a la industria local.
Contexto
La ofensiva contra Manuel Adorni se intensificó luego de que sectores de la oposición no peronista, encabezados por los diputados Esteban Paulón del Partido Socialista, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica y Pablo Juliano de la Unión Cívica Radical (UCR), lograran unificar criterios con Unión por la Patria. Esta alianza táctica busca no solo la interpelación del vocero, sino también ampliar el control sobre la gestión de otras áreas sensibles del Gabinete. El antecedente inmediato es la presentación de Adorni a finales de abril, donde sus respuestas sobre el incremento de su patrimonio personal fueron calificadas como insuficientes por los bloques opositores, quienes ahora exigen precisiones sobre el financiamiento de sus traslados internacionales y la titularidad de nuevas propiedades.
A este escenario se suma la presión social derivada de la reciente marcha federal universitaria, que reconfiguró las prioridades de la agenda parlamentaria. En respuesta a este fenómeno, la oposición incluyó en su pedido de sesión pedidos de informes detallados dirigidos a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y al ministro de Economía, Luis Caputo. El eje de estos reclamos es el presunto incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de transferencia de partidas presupuestarias esenciales para el funcionamiento de las casas de altos estudios, un tema que ha generado fisuras incluso dentro de los bloques que habitualmente colaboran con el Gobierno en la Cámara baja.
Impacto
El blindaje de Adorni depende fundamentalmente de la cohesión del bloque PRO y de la postura de los gobernadores. De acuerdo con operadores del mercado parlamentario, el partido liderado por Mauricio Macri mantendrá su decisión de no acompañar la interpelación, bajo el argumento de que las denuncias deben tramitarse exclusivamente en el ámbito judicial y no en el político. Una línea similar adoptaría el bloque radical alineado con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, representado por Pamela Verasay. Sin embargo, la fragmentación es evidente: mientras gobernadores como Martín Llaryora de Córdoba, Maximiliano Pullaro de Santa Fe e Ignacio Torres de Chubut controlan el bloque Provincias Unidas y no apoyarían la citación, otros mandatarios como Raúl Jalil de Catamarca y Osvaldo Jaldo de Tucumán enfrentan la presión de sus legisladores para endurecer la postura frente a la Casa Rosada.
La resolución de esta disputa parlamentaria definirá la capacidad del oficialismo para manejar la agenda legislativa en un momento de alta fragilidad política. Si Menem logra imponer su sesión, no solo protegerá a uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei, sino que también avanzará con el recorte de subsidios energéticos, lo que tendrá un impacto inflacionario inmediato en los hogares de las zonas templadas y frías del país. Por el contrario, si la oposición logra forzar su temario, el Gobierno enfrentará una semana de alta exposición negativa con dos de sus ministros más importantes bajo la lupa por el manejo de los fondos universitarios y la asistencia social.
El próximo miércoles será determinante para observar si el oficialismo logra sostener el control de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento. En ambas instancias, La Libertad Avanza cuenta con una mayoría ajustada que le permite, por ahora, rechazar cualquier dictamen que obligue a los funcionarios a comparecer de manera forzosa. La tensión se traslada ahora a los despachos de los diputados “independientes”, cuyo voto definirá si el recinto se convierte en un espacio de gestión de leyes o en un tribunal de examen para los integrantes del Poder Ejecutivo.
