Estados Unidos encabeza los esfuerzos internacionales de asistencia en Venezuela tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, que provocó más de 3.500 muertes y dejó a decenas de miles de ciudadanos sin hogar en territorio venezolano.
La administración de Donald Trump, que mantiene el control operativo del país tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, anunció una partida inicial de US$150 millones que escaló rápidamente hasta superar los US$386 millones al 8 de julio. Según datos del Departamento de Estado, la asistencia incluye el despliegue de más de 250 especialistas, entre los que se encuentran bomberos expertos en rescate de estructuras colapsadas, médicos, paramédicos e ingenieros civiles. El Comando Sur de los Estados Unidos movilizó una flota compuesta por aviones de transporte C-17, helicópteros CH-47 Chinook, aeronaves MV-22 Osprey y buques de la Armada como el USS Fort Lauderdale, que se convirtió en la primera embarcación militar estadounidense en atracar en un puerto venezolano en décadas.
La gestión de la crisis ha generado situaciones políticas complejas en Caracas. El jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, y el encargado de negocios, John Barrett, mantienen reuniones operativas con funcionarios locales, incluido el ministro de Interior, Diosdado Cabello. Esta interacción resulta llamativa para los analistas internacionales, dado que Washington mantiene una acusación por narcoterrorismo contra Cabello y ofrece una recompensa de US$25 millones por su captura. Fuentes del Departamento de Estado indicaron que la prioridad actual es la coordinación logística para la entrega de 400 toneladas métricas de ayuda de primera necesidad, que incluyen kits de higiene, alimentos y refugios temporales para unas 70.000 personas afectadas directamente por el sismo.
Contexto
La intervención humanitaria ocurre en un escenario político inédito. El 3 de enero de 2026, una operación militar estadounidense culminó con la detención de Nicolás Maduro, tras lo cual el presidente Trump declaró que Estados Unidos dirigiría el país hasta lograr una “transición segura y sensata”. Desde entonces, Washington mantiene una relación estrecha con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, aunque existen tensiones internas por la supuesta negativa estadounidense al regreso de la líder opositora María Corina Machado. Los terremotos del 24 de junio agravaron la inestabilidad estructural de Venezuela, centrando el epicentro del desastre en el estado Vargas, donde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía sufrió daños de consideración.
Históricamente, la infraestructura venezolana ha padecido una falta de mantenimiento crónica, lo que maximizó el impacto de los movimientos telúricos. Ante el colapso de las capacidades locales, las fuerzas estadounidenses asumieron el control del tráfico aéreo en Maiquetía y la gestión logística de los puertos. Según registros de la ONG Transparencia Venezuela a través de su plataforma Ruta de Ayuda, el aporte de Washington de US$300 millones (cifra base inicial) supera ampliamente a otros actores globales como China, que aportó US$14,7 millones, e Italia, con US$10,8 millones. Esta disparidad en las donaciones consolida la influencia operativa de los Estados Unidos sobre el terreno en un momento de acefalía del chavismo tradicional.
Impacto
La presencia de casi 2.000 tropas estadounidenses en tareas de asistencia redefine la percepción pública en Venezuela. Una encuesta reciente revela que el 75% de los venezolanos confía en Washington para la reconstrucción del país, frente a un escaso 11% que manifiesta desconfianza. Sin embargo, el impacto económico es objeto de debate académico y político. Expertos como Javier Corrales, del Amherst College, cuestionan la proporcionalidad de la ayuda. Señalan que, desde la caída de Maduro, Estados Unidos controla los ingresos petroleros venezolanos, estimados en 100 millones de barriles vendidos entre enero y abril de 2026, con un valor de mercado cercano a los US$8.000 millones. La falta de transparencia sobre el destino de esos fondos genera suspicacias sobre si la ayuda humanitaria es realmente un aporte neto o una fracción mínima de los recursos propios del país.
En términos logísticos, la creación de un “puente humanitario aéreo” entre Miami y Caracas, con la participación de empresas como Amazon y la ONG Airlink, marca un precedente en la gestión de desastres en la región. Charles Scawthorn, ingeniero especialista en gestión de terremotos, destacó que la capacidad de transporte y maquinaria pesada de EE.UU. es inigualable, incluso comparada con potencias como China. Esta superioridad técnica permite que la ayuda llegue a zonas aisladas de la geografía venezolana donde el Estado ha dejado de tener presencia efectiva. No obstante, la consultora Carmen Beatriz Fernández advierte que, dada la magnitud de la destrucción, los montos actuales podrían resultar insuficientes para una reconstrucción integral de la infraestructura habitacional y vial.
El general Francis Donovan confirmó que, aunque los equipos de rescate ya completaron su fase de trabajo, las fuerzas militares permanecerán en Venezuela mientras sean necesarias para garantizar el funcionamiento de los nodos logísticos. La tensión pendiente radica ahora en la administración de los recursos petroleros y en la definición de un cronograma electoral que permita la salida de las tropas extranjeras. El próximo paso clave será la presentación de un informe auditado sobre las ventas de crudo por parte del Tesoro estadounidense, una demanda creciente tanto de la oposición venezolana como de observadores internacionales que buscan claridad sobre el financiamiento de la transición.
