La Justicia de Mar del Plata investiga graves irregularidades en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) del colectivo de la línea 532 que, hace un mes, atropelló y mató a Guadalupe Merlos, de 18 años, en el Skate Park Bristol.
El abogado de la familia de la víctima, Maximiliano Orsini, presentó un pedido formal ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 para citar a nuevos testigos y responsables técnicos. La solicitud surge tras analizar la documentación remitida por la empresa APPLUS ITEUVE ARGENTINA S.A., encargada de la revisión del interno perteneciente a la firma Transportes 25 de Mayo S.R.L. Según los registros oficiales, la unidad presentó un historial errático de inspecciones entre 2022 y 2026, con resultados que alternaron entre aprobados, condicionales y rechazados. El dato más alarmante detectado por la querella indica que el 16 de abril de 2026, el mismo vehículo recibió un informe de “Rechazado” y, simultáneamente, un certificado de “Apto” con la misma fecha, lo que sugiere una manipulación o una falla crítica en los protocolos de seguridad de la planta verificadora.
La estrategia de la querella apunta ahora a determinar la responsabilidad de los ingenieros y mecánicos que permitieron que el colectivo circulara por las calles marplatenses. Orsini requirió que el ingeniero responsable de firmar el apto técnico del 16 de abril preste declaración testimonial para aclarar quién realizó la inspección física y qué reparaciones se ejecutaron supuestamente en cuestión de horas para revertir el rechazo inicial. Además, se solicitó que la empresa verificadora identifique con nombre, cargo y legajo a todos los inspectores que intervinieron en el proceso. Según fuentes judiciales, el peritaje mecánico posterior al siniestro reveló que la unidad sufrió una rotura en una de las rótulas del sistema de dirección, una falla que los investigadores vinculan directamente con una falta de mantenimiento preventivo por parte de la empresa de transporte.
Contexto
El siniestro ocurrió en una de las zonas más transitadas de la ciudad balnearia, cuando el colectivo ingresó a la dársena de la parada frente al Skate Park Bristol y embistió a un grupo de personas que esperaba el transporte público. Guadalupe Merlos falleció en el acto, mientras que otros peatones resultaron con heridas de diversa consideración. En aquel momento, el chofer de la unidad manifestó a los testigos presentes que no había podido frenar el vehículo para evitar el impacto. Aunque los peritos mecánicos iniciales descartaron fallas en el sistema de frenado al momento del examen post-accidente, los nuevos documentos de la VTV revelan que el vehículo arrastraba un “desequilibrio excesivo de frenos en el primer eje”, además de pérdidas de fluidos y deficiencias en elementos de seguridad obligatorios que habían sido señalados apenas dos meses antes de la tragedia.
Este caso se inscribe en un escenario de creciente cuestionamiento hacia el estado de las unidades de transporte público en el Partido de General Pueyrredón. La empresa Transportes 25 de Mayo S.R.L., que opera la mayoría de las líneas locales, ha sido objeto de críticas previas por la antigüedad de su flota y la frecuencia de los desperfectos técnicos. La investigación actual busca establecer si existió una connivencia entre la empresa de transporte y la planta de verificación técnica N° 111 de Mar del Plata para habilitar unidades que no estaban en condiciones de circular. La querella también ha solicitado que el responsable de mantenimiento de la transportista entregue el historial completo de reparaciones y las órdenes de trabajo posteriores al rechazo técnico de abril, buscando reconstruir la trazabilidad del mantenimiento del interno involucrado.
Impacto
La revelación de estas irregularidades administrativas y técnicas cambia el eje de la causa penal, que podría derivar en imputaciones por falsedad ideológica de instrumento público y estrago, más allá del homicidio culposo inicial. Para los usuarios del transporte en Mar del Plata, el hecho pone bajo la lupa la fiabilidad de las obleas de VTV que exhiben los colectivos. Si se comprueba que una unidad con fallas en la dirección y frenos fue habilitada mediante un certificado irregular, la responsabilidad civil y penal podría extenderse no solo al conductor y a la empresa dueña del colectivo, sino también a los funcionarios y técnicos encargados de fiscalizar el estado de los vehículos que transportan a miles de ciudadanos diariamente.
Desde el punto de vista probatorio, la querella ha solicitado medidas adicionales para determinar la velocidad exacta de la unidad al momento de ingresar a la dársena. Para ello, se requirió a la Municipalidad de General Pueyrredón los datos del sistema de monitoreo satelital (GPS) y de la aplicación “Cuándo Llega”, que permitirán reconstruir el recorrido previo al impacto. Asimismo, se ordenó la preservación de los registros telefónicos del conductor para verificar si existieron distracciones externas, como el uso de aplicaciones de mensajería, en los instantes previos al choque. La combinación de una posible falla mecánica por falta de mantenimiento y un exceso de velocidad en una zona de detención de pasajeros agravaría significativamente la situación procesal de los involucrados.
El próximo paso procesal será la resolución de la UFI N° 11 sobre el pedido de indagatoria al jefe de la Planta de Verificación Técnica y al responsable de mantenimiento de la empresa de transporte. Se espera que en las próximas semanas se realice una nueva pericia integral sobre los restos de la dirección del colectivo para confirmar si la rotura de la rótula fue la causa primaria del despiste o una consecuencia del impacto. Mientras tanto, la familia de Guadalupe Merlos aguarda que la justicia determine si la muerte de la joven fue un accidente inevitable o el resultado de una cadena de negligencias técnicas y administrativas que permitieron que un vehículo peligroso siguiera prestando servicio en la vía pública.
