La Policía Federal Argentina (PFA) secuestró 157,90 kilos de cocaína ocultos en un camión que simulaba transportar materiales de construcción desde San Ramón de la Nueva Orán, Salta, hacia la provincia de Córdoba, tras ocho meses de investigación judicial.
El operativo, denominado “Casco Blanco”, desarticuló una organización criminal que utilizaba el traslado de piedras y cascotes como pantalla para movilizar grandes cargamentos de estupefacientes a través de las rutas del norte argentino. Según informaron fuentes de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, el procedimiento principal se concretó en un retén montado sobre la ruta nacional N°34, a la altura de la avenida Güemes, en la localidad salteña de Pichanal. Allí, los efectivos interceptaron primero a una camioneta que funcionaba como vehículo “puntero” —encargada de alertar sobre controles policiales— y posteriormente al camión de carga donde se hallaba la droga. Durante la requisa, los detectives de la División Operaciones Federales notaron que los tornillos de la batea habían sido manipulados recientemente, lo que permitió descubrir un doble fondo donde se escondían los panes de cocaína envueltos en nylon amarillo con el relieve de un delfín.
La investigación, que se encuentra bajo la órbita del Juzgado Federal de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se inició formalmente el 18 de septiembre del año pasado. El expediente cobró impulso decisivo a partir de la declaración de un arrepentido, quien proporcionó detalles precisos sobre la logística de la banda y el número telefónico del chofer encargado de los traslados. De acuerdo con operadores judiciales, esta información permitió intervenir líneas telefónicas y realizar tareas de campo que identificaron al conductor, un hombre con domicilio en la localidad jujeña de Yuto. Las escuchas revelaron que la organización contaba con una estructura jerárquica y una planificación minuciosa para evitar las inspecciones de Gendarmería y la Policía en los corredores viales que conectan el NOA con el centro del país.
Tras las detenciones iniciales en la ruta, la magistrada ordenó cinco allanamientos simultáneos en diferentes domicilios vinculados a los sospechosos. En estos procedimientos, coordinados por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), se detuvo a la esposa de uno de los involucrados y se incautó un arsenal compuesto por una escopeta calibre 12/70, dos pistolas 9 milímetros, una pistola calibre .22 y dos revólveres de calibres .38 y .22. Además del armamento, los agentes secuestraron 37 kilos de marihuana, varios kilos de cogollos de cannabis sativa, 3.280.000 pesos argentinos y 11.500 dólares en efectivo. Según indicaron desde el Ministerio de Seguridad, el valor de la mercadería y el equipamiento logístico incautado representa un golpe financiero significativo para la estructura delictiva que operaba en la región.
Contexto
El uso de la ruta nacional N°34 como corredor para el tráfico de estupefacientes no es un fenómeno nuevo, pero la sofisticación de los métodos de ocultamiento ha crecido en los últimos años. San Ramón de la Nueva Orán, punto de origen del cargamento, es considerada una zona crítica debido a su proximidad con la frontera boliviana, lo que facilita el ingreso de pasta base y cocaína de alta pureza. Antecedentes de la justicia federal señalan que las organizaciones criminales suelen reclutar choferes de empresas de logística legal o cuentapropistas del sector de la construcción para mimetizar los cargamentos ilícitos con el flujo comercial habitual de la zona. En este caso, la utilización de piedras y escombros buscaba desalentar las inspecciones manuales debido al peso y la dificultad que implica remover dicho material en un control de rutina.
La marca del “delfín” hallada en los ladrillos de cocaína es un sello de identidad que los investigadores asocian frecuentemente con cargamentos provenientes de determinados laboratorios en el exterior, lo que sugiere una conexión directa con proveedores transnacionales. Históricamente, este tipo de marcas sirve para garantizar la calidad del producto y para identificar la propiedad del cargamento en las distintas etapas de la cadena de distribución. La intervención de la División Antidrogas San Pedro Jujuy en apoyo a las fuerzas federales subraya la necesidad de una coordinación interjurisdiccional para desbaratar bandas que atraviesan múltiples provincias antes de llegar a los centros de consumo o de exportación, como son Córdoba y Buenos Aires.
Impacto
Este operativo impacta directamente en la logística de distribución de estupefacientes en la zona central de la Argentina, específicamente en Córdoba, que funcionaba como el destino final del cargamento. La incautación de casi 158 kilos de cocaína retira del mercado ilegal miles de dosis que, según estimaciones de especialistas en seguridad, habrían alcanzado un valor de mercado superior a los varios millones de dólares una vez fraccionadas. Para las autoridades, el éxito de la “Operación Casco Blanco” valida la figura del arrepentido como una herramienta fundamental en causas de narcotráfico de gran escala, permitiendo perforar el hermetismo de las bandas criminales que operan con estructuras familiares o de extrema confianza.
Asimismo, el secuestro del armamento y las divisas durante los allanamientos posteriores evidencia que la organización no solo se dedicaba al transporte, sino que poseía capacidad de fuego y una solvencia económica para financiar operaciones continuas. Fuentes del Banco Central y de organismos de control financiero indicaron que se iniciará una investigación paralela por lavado de activos para determinar el origen de los fondos y la trazabilidad de los vehículos utilizados. La detención de figuras clave dentro de la estructura, incluyendo familiares directos de los transportistas, busca desarticular no solo el brazo logístico sino también el soporte administrativo y financiero de la red.
La causa continuará ahora con el análisis de los teléfonos celulares secuestrados y la documentación hallada en los domicilios, lo que podría derivar en nuevas órdenes de detención. La jueza Arroyo Salgado deberá resolver en los próximos días la situación procesal de los detenidos, mientras se aguardan los peritajes químicos definitivos sobre la pureza de la droga incautada. La tensión se traslada ahora a las posibles derivaciones internacionales de la marca del delfín, mientras las fuerzas federales refuerzan la vigilancia en los puntos estratégicos de la ruta 34 para detectar posibles réplicas de este modus operandi.
