Más de 500 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desplegaron este jueves un operativo de saturación en el barrio Ejército de los Andes, en Ciudadela, para desarticular bandas narco enfrentadas por el control territorial.
La intervención policial, coordinada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 7, se concentró en la ejecución de más de una decena de allanamientos simultáneos en diversos sectores de los monoblocks que integran el complejo habitacional conocido popularmente como Fuerte Apache. El despliegue incluyó la participación de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), grupos de infantería y caballería, quienes establecieron un anillo de seguridad estricto en todos los accesos y egresos del predio. Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, el objetivo central de la misión es la captura de Agustín Jerez, alias “Gordo Tilín” o “Gordo Agustín”, señalado como el presunto líder de una organización criminal que busca hegemonizar la venta de estupefacientes en la zona. Junto a él, las órdenes de detención alcanzan a un menor de 16 años apodado “Tato”, quien oficiaría como uno de los principales ejecutores o “soldaditos” de la estructura liderada por Jerez.
Durante el transcurso de la mañana, los uniformados realizaron chequeos exhaustivos en cada vehículo y transeúnte que intentaba trasponer los retenes instalados en las calles periféricas al barrio. Los reportes preliminares de las fuerzas actuantes indicaron que, hasta el mediodía, se logró la incautación de diversas dosis de estupefacientes listas para su comercialización, además del hallazgo de armas de fuego de distinto calibre en viviendas utilizadas como búnkeres. Los efectivos recorrieron pasillo por pasillo los sectores más conflictivos del complejo, basándose en tareas de inteligencia previa que identificaron los puntos de acopio y distribución de la banda de Jerez. Operadores judiciales vinculados a la causa confirmaron que la presencia de la UTOI, fuerza creada en 2017 para intervenciones de alta complejidad, resultó fundamental para garantizar el ingreso de los peritos a zonas que habitualmente presentan una fuerte resistencia armada por parte de los grupos delictivos locales.
Contexto
La escalada de violencia en el barrio Ejército de los Andes alcanzó un punto crítico entre el 19 y el 20 de abril pasado, fechas en las que se registraron enfrentamientos armados directos entre facciones rivales. De acuerdo con los antecedentes que maneja la justicia de San Martín, en esos episodios habrían sido asesinados dos integrantes de una banda competidora, crímenes que se le atribuyen directamente a la organización del “Gordo Tilín”. Sin embargo, el detonante final para este megaoperativo fue una feroz balacera ocurrida días atrás, donde se contabilizaron al menos 30 disparos de armas automáticas y semiautomáticas en plena vía pública. Aquel incidente no solo dejó un saldo de tres heridos vinculados al hampa, sino que también afectó a un vecino de 68 años, ajeno a cualquier actividad ilícita, quien resultó alcanzado por los proyectiles mientras se encontraba en las cercanías de su domicilio. Este hecho generó una fuerte presión social y vecinal que aceleró los tiempos procesales para la intervención de saturación actual.
Históricamente, el complejo habitacional de Ciudadela ha sido escenario de disputas por el dominio de los pasillos, dada su arquitectura de monoblocks que facilita el ocultamiento y la vigilancia por parte de los grupos criminales. Fuentes de la investigación señalaron que la banda de Agustín Jerez había iniciado un proceso de expansión agresiva, intentando desplazar a antiguos referentes del narcomenudeo en el barrio. Esta dinámica de recambio generacional en las cúpulas delictivas suele estar acompañada de un incremento en la tasa de homicidios y heridos de arma de fuego, tal como se observó en las últimas cuatro semanas. La utilización de menores de edad, como el caso de “Tato”, es una constante en estas estructuras, ya que son utilizados para tareas de vigilancia y ejecución aprovechando su situación de relativa inimputabilidad frente a la ley penal juvenil vigente en la provincia.
Impacto
El impacto inmediato de este operativo se traduce en una interrupción temporal de la cadena de suministro de drogas en uno de los puntos de distribución más grandes del conurbano oeste. Para los residentes del barrio, la presencia masiva de las fuerzas de seguridad representa un alivio momentáneo ante la inseguridad cotidiana, aunque los especialistas en seguridad ciudadana advierten que la eficacia real de estas medidas depende de la permanencia del Estado en el territorio. Desde el punto de vista judicial, la detención de Jerez y sus colaboradores directos permitiría avanzar en el esclarecimiento de al menos tres homicidios recientes y varios casos de abuso de armas. Además, el secuestro de armamento de grueso calibre reduce la capacidad de fuego de las bandas, lo que disminuye el riesgo de víctimas colaterales en futuros enfrentamientos, un factor que preocupa especialmente a las autoridades tras el ataque al vecino de 68 años mencionado anteriormente.
Por otro lado, la saturación policial en Fuerte Apache genera un efecto de desplazamiento del delito hacia zonas linderas si no se acompaña de controles en barrios vecinos como Carlos Gardel o los asentamientos de la zona de Tres de Febrero. Operadores del mercado de seguridad interna sostienen que estos operativos de gran escala sirven para desarticular la logística inmediata, pero requieren de un seguimiento posterior por parte de las unidades de investigación criminal para evitar que las segundas líneas de las bandas retomen el control de los búnkeres una vez que la policía se retire del lugar. La incautación de drogas y armas también impacta en las finanzas de estas organizaciones, que ven mermada su capacidad operativa y de reclutamiento de nuevos miembros en el corto plazo.
Hacia adelante, la tensión permanece latente mientras las fuerzas de seguridad continúan con la búsqueda de los sospechosos que lograron evadir los primeros cercos policiales. Se espera que en las próximas horas el Ministerio de Seguridad brinde un balance final con el número total de detenidos y el detalle del material bélico secuestrado. La justicia, por su parte, deberá determinar la situación procesal del menor involucrado, mientras se refuerzan las guardias en los hospitales de la zona ante posibles represalias o nuevos ingresos de heridos vinculados a la disputa territorial. El próximo paso clave será la indagatoria de los detenidos, lo que podría aportar datos sobre las conexiones de estas bandas con proveedores de mayor escala fuera del complejo habitacional.
