Una preceptora de una escuela técnica de Bragado fue denunciada penalmente por la presunta estafa de 50.000 dólares pertenecientes a 38 familias, dinero que estaba destinado a costear el viaje de egresados de alumnos de sexto año.
La investigación, que se encuentra bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº4 del Departamento Judicial de Mercedes, busca determinar el paradero de la mujer y el destino final de los fondos. Según confirmaron fuentes judiciales y el abogado de las familias damnificadas, Federico Etcheún, la acusada no fue localizada en su domicilio tras haber admitido informalmente ante las autoridades escolares que había gastado el dinero. La denuncia colectiva presentada por los padres se encuadra en el delito de estafa agravada, una figura que contempla penas de prisión efectiva, especialmente considerando que la imputada desempeñaba funciones en una institución de gestión pública, lo cual agrava su responsabilidad institucional y legal frente a la comunidad educativa.
El mecanismo de la presunta estafa se extendió durante casi un año, periodo en el cual los padres realizaron depósitos sistemáticos en la cuenta personal de la preceptora. Los fondos debían cubrir los pasajes aéreos, la estadía y las excursiones en la localidad rionegrina de El Bolsón. Sin embargo, la semana pasada se confirmó que no existían reservas vigentes ni pagos efectuados a prestadores turísticos. El abogado Etcheún detalló que se presentaron 38 carpetas individuales ante la fiscalía, conteniendo comprobantes de transferencias bancarias, capturas de chats de WhatsApp y registros de eventos de recaudación organizados por los alumnos. Ante la inminencia de la denuncia, la mujer habría solicitado una licencia por enfermedad y cortó todo vínculo de comunicación con los damnificados, mientras que su esposo, quien también trabaja en el mismo establecimiento educativo, continúa asistiendo a su puesto laboral sin haber brindado declaraciones sobre el caso.
La maniobra incluyó, según la acusación, la falsificación de documentos de una aerolínea de bajo costo para justificar hasta seis postergaciones del vuelo original, previsto inicialmente para octubre del año pasado. Los padres relataron que la mujer enviaba archivos de texto con el logotipo de la empresa aérea alegando inconvenientes operativos internos para reprogramar las fechas. Esta manipulación permitió que la sospechosa ganara tiempo mientras continuaba recibiendo aportes de las familias, muchas de las cuales entregaban dinero en efectivo basándose en la confianza previa, ya que la preceptora había coordinado con éxito viajes de promociones anteriores. Actualmente, la Justicia ha solicitado medidas precautorias que incluyen la inhibición general de bienes, el embargo de cuentas bancarias, inmuebles y vehículos registrados a nombre de la denunciada para intentar recuperar parte del capital dilapidado.
Contexto
El caso de Bragado se inscribe en una problemática recurrente en el sistema educativo bonaerense respecto a la informalidad en la gestión de fondos para viajes de egresados. Históricamente, la organización de estas travesías suele recaer en comisiones de padres o personal docente de confianza, operando muchas veces por fuera de los circuitos administrativos oficiales de la Dirección General de Cultura y Educación. En este caso particular, la confianza depositada en la preceptora se sustentaba en su trayectoria dentro de la escuela técnica y en la ejecución exitosa de proyectos similares en años previos. Esta familiaridad facilitó que los padres no sospecharan de la irregularidad que implica depositar fondos públicos o colectivos en una cuenta bancaria particular, una práctica desaconsejada por los protocolos de transparencia escolar pero extendida en el interior de la provincia.
La situación económica del país también juega un rol determinante en el contexto de esta estafa. La recaudación de 50.000 dólares representó un esfuerzo financiero monumental para 38 familias trabajadoras durante un ciclo de alta inflación y volatilidad cambiaria. El hecho de que el dinero fuera entregado de forma fraccionada —semanal o mensualmente— permitió que la malversación pasara inadvertida durante once meses. La falta de controles cruzados por parte de la dirección del colegio sobre los contratos de transporte y hotelería es un punto que la Justicia también evalúa, ya que la preceptora operaba como el único nexo entre los proveedores de servicios turísticos y los padres, centralizando toda la información y los flujos de caja sin supervisión externa.
Impacto
El impacto de este hecho trasciende lo económico y afecta profundamente el tejido social de la comunidad de Bragado. Para los 38 alumnos de sexto año, la pérdida del dinero significó inicialmente la cancelación de su sueño de cierre de ciclo lectivo, generando un clima de angustia y desconfianza hacia las instituciones educativas. No obstante, tras la viralización del caso, una aerolínea nacional se contactó con los damnificados para donar la totalidad de los pasajes aéreos hacia El Bolsón, lo que reactivó la posibilidad de concretar el viaje. Las familias han abierto una cuenta solidaria bajo el alias “Viajamos al Bolsón” para recaudar los fondos necesarios para cubrir el alojamiento y la comida, gastos que la preceptora habría consumido íntegramente según sus propias palabras.
Desde el punto de vista legal, el proceso marca un precedente sobre la responsabilidad de los agentes públicos en la custodia de fondos privados destinados a fines escolares. La fiscalía de Mercedes espera la notificación fehaciente de la imputada para proceder con la declaración indagatoria. Si se comprueba la falsificación de documentos privados y la estafa agravada, la mujer podría enfrentar una condena que no solo implicaría la inhabilitación para ejercer cargos públicos, sino también el cumplimiento de una pena en un establecimiento penitenciario. La comunidad educativa local se mantiene en alerta, mientras las autoridades escolares evalúan implementar nuevos mecanismos de control para que el manejo de dinero de viajes de estudios sea auditado por consejos escolares o cooperadoras legalmente constituidas.
En las próximas semanas, la Justicia deberá determinar si existieron cómplices o si la preceptora actuó de manera solitaria en la dilapidación de los 50.000 dólares. El foco de los investigadores está puesto ahora en el rastro del dinero: se analizan movimientos bancarios y consumos recientes en tarjetas de crédito para identificar si los fondos fueron desviados hacia inversiones, gastos de lujo o deudas personales. Mientras tanto, los alumnos y sus padres mantienen la esperanza de realizar el viaje hacia finales de este año, transformando una situación de estafa en una campaña de solidaridad regional que ya ha comenzado a dar sus primeros frutos con la donación de los vuelos.
