El actor estadounidense Samuel L. Jackson calificó recientemente a la Argentina como uno de los países más racistas del mundo a través de sus redes sociales, generando un fuerte rechazo en diversos sectores institucionales y académicos del país.
La acusación del intérprete, que instó a la comunidad afrodescendiente a no apoyar al seleccionado nacional de fútbol, expone una tensión creciente entre la percepción internacional y la realidad histórica local. Según analistas del ámbito sociológico, estas declaraciones se enmarcan en una campaña de desprestigio que ignora las diferencias estructurales entre el racismo estadounidense y la discriminación social argentina. Mientras que en Estados Unidos el conflicto es históricamente racial y segregacionista —marcado por la Guerra de Secesión entre 1861 y 1865 que dejó 700.000 muertos, el 2% de su población—, en Argentina la discriminación suele manifestarse a través del prejuicio de clase. Fuentes del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) han señalado históricamente que, si bien existen comportamientos sancionables, el país carece de un sistema de segregación institucional como el que Jackson pudo haber vivido en su niñez en el sur norteamericano.
El fenómeno discriminatorio en el territorio nacional se define técnicamente como un “racismo estructural” vinculado a la condición socioeconómica. Los términos despectivos utilizados por sectores de clase media y alta no refieren estrictamente al color de piel, sino a la imposibilidad de ascenso social de los sectores más vulnerables. Este escenario se complejiza con el aumento de la hostilidad en plataformas digitales. Un informe reciente de la Escuela Judicial de la Nación reveló que los insultos antisemitas se triplicaron en la red social X (anteriormente Twitter). A pesar de que la Argentina alberga la colectividad judía más grande de América Latina y ha integrado oleadas migratorias de Europa Oriental, Paraguay, Bolivia y Venezuela, el discurso de odio persiste en nichos de nacionalismo violento y radicalismo religioso, evidenciado en los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA en la década del 90.
Contexto
La tradición integradora de Argentina se remonta a principios del siglo XIX, posicionándose como pionera en derechos civiles. El 2 de febrero de 1813, la Asamblea del Año XIII decretó la “libertad de vientres”, estableciendo que los hijos de esclavos nacidos después del 31 de enero de ese año serían libres. Este hito ocurrió 50 años antes de la abolición formal en Estados Unidos. Posteriormente, la Ley 1420 de educación pública, laica y gratuita se convirtió en la herramienta de equiparación social más efectiva del siglo XX, permitiendo que hijos de inmigrantes europeos y regionales se fusionaran en una clase media robusta. A diferencia de Europa, donde la crisis migratoria desde 2005 ha movilizado a más de 5 millones de personas de África y Medio Oriente generando reacciones xenófobas, Argentina mantuvo una política de fronteras abiertas basada en su Constitución Nacional.
Sin embargo, la alineación geopolítica actual ha generado contradicciones con esta trayectoria. En marzo pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas sometió a votación una resolución para calificar la trata transatlántica de esclavos como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia. La propuesta recibió el apoyo de 123 naciones, pero contó con los votos negativos de Estados Unidos, Israel y la Argentina. Operadores de la Cancillería argentina indican que este giro responde a una estrategia de alineamiento directo con la administración de Donald Trump y el gobierno de Benjamín Netanyahu, lo que para muchos historiadores representa una desnaturalización de los principios fundacionales del Estado argentino en materia de derechos humanos.
Impacto
El cambio en la retórica oficial y el uso de las redes sociales por parte de funcionarios y legisladores oficialistas está reconfigurando la convivencia social. La adopción de términos como “marrones”, “planeros” o el uso peyorativo de discapacidades para descalificar opositores, construye una segmentación basada en la posición ideológica. Este clima de hostilidad, validado desde esferas de poder, amenaza con erosionar décadas de trabajo en integración escolar y comunitaria. Expertos en comunicación política advierten que la “batalla cultural” planteada por el Ejecutivo, que asocia las diversidades sexuales con patologías o abusos, podría legitimar agresiones físicas y simbólicas en el espacio público, afectando la imagen exterior del país como un destino seguro y diverso.
La proyección internacional de la Argentina se encuentra en un punto de inflexión. Mientras el presidente Javier Milei profundiza su discurso contra el “wokismo” y la agenda progresista —como manifestó en el Foro Económico de Davos en enero de 2025—, la sociedad civil y los organismos internacionales observan con atención si esta retórica se traducirá en cambios legislativos que afecten las penas por discriminación. La tensión pendiente radica en si el país logrará preservar su identidad de crisol de razas e integración o si sucumbirá a una polarización que, bajo el pretexto de la libertad de expresión, termine validando el racismo que figuras como Jackson denuncian erróneamente, pero que el discurso político actual podría terminar alimentando.
