Profesionales de la salud y el trabajo social en Salta reclaman la reforma urgente de la Ley 8444, que creó la Caja Interprofesional de Seguridad Social, debido a la obligatoriedad de aportes fijos que consideran imposibles de costear.
La normativa, aprobada por la Legislatura de Salta en septiembre de 2024 y en vigor pleno desde febrero de 2025, estableció un régimen de afiliación automática para los matriculados en el Colegio de Graduados en Nutrición y el Colegio de Profesionales del Servicio Social y Trabajo Social. Según indicaron desde el sector de autoconvocados, la imposición de montos fijos que oscilan entre los $50.000 y $127.000 mensuales generó un rechazo masivo. Bettina Gómez, licenciada en Trabajo Social y referente del grupo de profesionales afectados, precisó que de un universo de 1.200 alcanzados por la ley, al menos 580 ya manifestaron formalmente su desacuerdo. La situación escaló a niveles críticos debido a que quienes no han podido cumplir con los pagos ya acumulan deudas que se sitúan entre $1,5 millones y $2 millones, cifras que se incrementan mensualmente por los intereses y la falta de actualización de los haberes profesionales frente a la inflación.
El conflicto derivó en una instancia de diálogo en la Legislatura provincial, donde los senadores Enrique Cornejo y Manuel Pailler presentaron un proyecto de reforma integral. La propuesta busca transformar la caja actual en un sistema de adhesión voluntaria basado en la capitalización individual, similar a un seguro de retiro, eliminando la vinculación forzosa entre la matrícula profesional y el aporte previsional. Según datos aportados por el senador Cornejo en el recinto, el 70% de los profesionales alcanzados por el régimen actual no cuenta con los medios económicos suficientes para afrontar las cuotas exigidas por el directorio. Esta brecha se vuelve más evidente al comparar las exigencias de la caja provincial con el régimen nacional: mientras un monotributista en las categorías bajas aporta menos de $20.000 mensuales para acceder a una jubilación mínima de la Anses —que en mayo se ubicó en $393.174 más un bono de $70.000—, los profesionales salteños deben pagar hasta seis veces más sin tener certezas sobre el haber que percibirán en el futuro.
Contexto
La creación de cajas profesionales provinciales no es un fenómeno nuevo en Argentina; actualmente existen cerca de 80 sistemas de este tipo bajo la órbita de la Subsecretaría de Seguridad Social de la Nación. Estos entes se rigen por el principio de solidaridad y son puramente contributivos, lo que significa que se financian exclusivamente con el aporte de sus afiliados y no reciben asistencia del Tesoro Nacional ni de la recaudación de impuestos como el IVA, a diferencia del sistema de la Anses. Sin embargo, el caso de Salta presenta particularidades que encendieron las alarmas técnicas. Los opositores a la norma argumentan que la Ley 8444 se sancionó sin los estudios actuariales necesarios que respalden la sostenibilidad financiera a largo plazo. A este déficit técnico se suma un cambio en la demografía profesional, caracterizado por una baja en la tasa de natalidad y una creciente inestabilidad laboral, factores que ponen en duda la capacidad de la caja para otorgar beneficios en las próximas décadas.
Históricamente, las cajas profesionales se plantearon como sustitutivas del régimen general, obligando al matriculado a aportar en su jurisdicción para poder ejercer de forma independiente. No obstante, la abogada Ana Inés Rosa, integrante del grupo de autoconvocados, señaló que la realidad laboral actual dista de ese modelo ideal. La mayoría de los nutricionistas y trabajadores sociales en Salta desempeñan su actividad principal en relación de dependencia, por lo cual ya realizan aportes obligatorios al sistema nacional. La nueva ley provincial les impone una segunda carga previsional obligatoria por el solo hecho de mantener activa su matrícula, lo que es visto por los afectados como una doble imposición que no se traduce en un beneficio proporcional. Gustavo Beveraggi, ex titular de la Coordinadora de Cajas de Previsión para Profesionales, advirtió que hoy es sumamente difícil encontrar un contexto social adecuado para implementar nuevos regímenes obligatorios debido a la vigencia del monotributo, que funciona como un esquema fuertemente subsidiado y más atractivo para el trabajador independiente.
Impacto
El impacto inmediato de la vigencia de la Ley 8444 se traduce en una crisis de morosidad y un riesgo inminente de pérdida de matrículas profesionales. Desde la Cámara de Diputados provincial alertaron que muchos profesionales, ante la imposibilidad de cancelar las deudas millonarias que se están generando, podrían optar por dar de baja su habilitación para ejercer, lo que reduciría la oferta de servicios de salud y asistencia social en la provincia. Por otro lado, la normativa establece una “contribución de la comunidad vinculada”, que consiste en un gravamen del 2% sobre los honorarios que los profesionales cobran a obras sociales, prepagas y mutuales. Este costo adicional impacta directamente en la cadena de financiamiento del sistema de salud privado y de seguridad social, encareciendo indirectamente las prestaciones para los usuarios finales. Rafael Rofman, investigador del Cippec, advirtió que este tipo de cajas pueden generar inequidades y, eventualmente, pasivos para el Estado provincial si la sostenibilidad financiera colapsa, actuando la provincia como garante de última instancia.
Desde la conducción de la Caja Interprofesional, su presidenta Graciela Leal defendió la estructura actual informando que existen 450 afiliados que están cumpliendo con sus aportes y que se han habilitado mecanismos de suspensión transitoria para quienes atraviesen situaciones de inestabilidad económica. Según la funcionaria, la ley permite solicitar bajas temporarias y acceder a planes de facilidades de pago para reincorporarse al sistema. Sin embargo, para los sectores críticos, estas medidas son insuficientes frente a un diseño que consideran viciado desde su origen. El debate en el Senado salteño se centra ahora en si se debe mantener el modelo de reparto obligatorio o si se debe migrar hacia el esquema de capitalización individual propuesto por Cornejo y Pailler, lo que marcaría un precedente disruptivo en la organización de la seguridad social para profesionales en el interior del país.
El futuro de la previsión social para los profesionales salteños depende ahora de la voluntad política para modificar una ley que apenas lleva meses de aplicación efectiva. Mientras la Legislatura evalúa los costos técnicos de una posible reforma, la deuda de los matriculados sigue creciendo a un ritmo que amenaza con judicializar el sistema antes de que se otorgue el primer beneficio jubilatorio. Se espera que en las próximas semanas se realicen nuevas mesas técnicas entre el directorio de la Caja, los legisladores y los representantes de los autoconvocados para definir si se avanza hacia un modelo de adhesión voluntaria o si se mantienen las condiciones de obligatoriedad con esquemas de pago más flexibles vinculados a la facturación real de cada profesional.
