El Tribunal Oral N° 2 de Mar del Plata condenó este miércoles a 11 años de prisión a un hombre hallado culpable de abusar sexualmente de su hija durante más de una década en el ámbito familiar.
La sentencia, dictada por los magistrados Roberto Falcone, Alexis Simaz y Federico Cecchi, ratificó la responsabilidad penal del acusado en el delito de abuso sexual con acceso carnal. El fallo se alineó estrictamente con la solicitud de la fiscal María Florencia Salas, titular de la fiscalía interviniente, quien durante el debate oral logró acreditar que los ataques se produjeron de manera sistemática. Según consta en el expediente judicial, las agresiones comenzaron cuando la víctima tenía apenas 5 años y se extendieron ininterrumpidamente hasta que cumplió los 16, momento en el que cesó la convivencia bajo las condiciones impuestas por el victimario. La resolución judicial destacó la solidez de las pruebas recolectadas durante la instrucción, las cuales incluyeron pericias psicológicas y testimonios que confirmaron el relato de la joven, quien decidió radicar la denuncia formal una vez alcanzada la mayoría de edad.
Durante las audiencias, se detalló que el condenado no solo ejerció violencia sexual, sino que también sometió a su hija a un régimen de servidumbre doméstica. Fuentes judiciales indicaron que el hombre obligaba a la menor a realizar tareas de limpieza y atención personal extremas, dándole un trato que los testigos describieron como el de una “sirvienta” dentro del propio hogar. Los hechos ocurrieron en diversos domicilios particulares donde residió el grupo familiar a lo largo de los años, pero también se identificó un bar de propiedad del imputado como escenario de los abusos. El tribunal consideró que el acusado utilizó la privacidad que le brindaba su establecimiento comercial para perpetrar los ataques con impunidad, reforzando el control absoluto que mantenía sobre la vida cotidiana de la niña. La fiscal Salas argumentó que la asimetría de poder era total, dado que el hombre era el único referente de cuidado para la menor tras el alejamiento de la madre biológica años atrás.
Contexto
Para comprender la gravedad del caso, es necesario remontarse a la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima desde su temprana infancia. Cuando la niña tenía entre 2 y 3 años, su madre abandonó el hogar debido a severos problemas de adicciones, lo que derivó en una intervención de la Justicia de Familia. En aquel momento, los organismos competentes decidieron otorgar la tenencia legal definitiva al padre, considerándolo la opción más apta para garantizar el bienestar de la menor. Esta decisión institucional, paradójicamente, dejó a la víctima bajo el control exclusivo de quien terminaría convirtiéndose en su agresor durante los siguientes once años. Sin otros familiares directos que supervisaran la crianza, el hombre consolidó un entorno de aislamiento que facilitó la prolongación de los delitos en el tiempo sin que fueran detectados por el entorno social o escolar.
El proceso judicial actual se inició años después de que finalizaran los abusos, cuando la joven pudo procesar lo ocurrido y presentarse ante las autoridades. Durante el debate oral, la defensa del imputado intentó desacreditar el testimonio de la víctima mediante la presentación de testigos de concepto y cuestionamientos a la veracidad de sus recuerdos. Sin embargo, los jueces Falcone, Simaz y Cecchi desestimaron estos planteos al considerar que la multiplicidad de pruebas y la coherencia del relato de la denunciante eran concluyentes. Los peritos psicólogos que declararon en el juicio señalaron que el daño psíquico observado en la joven era compatible con situaciones de abuso crónico y prolongado, lo que resultó fundamental para que el tribunal dictara una condena de cumplimiento efectivo, rechazando cualquier beneficio de morigeración de la pena solicitado inicialmente por los abogados defensores.
Impacto
Este fallo tiene una relevancia institucional significativa para la jurisdicción de Mar del Plata, ya que refuerza los criterios de valoración de la prueba en casos de abuso sexual intrafamiliar donde la denuncia es tardía. La sentencia reconoce que el paso del tiempo no invalida el testimonio de la víctima, especialmente cuando existen factores de subordinación y dependencia económica o emocional que impiden la denuncia inmediata. Según explicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, la condena de 11 años sienta un precedente sobre cómo deben abordarse los casos donde confluyen el abuso sexual y la explotación doméstica, entendiendo esta última como una forma adicional de violencia y control sobre la infancia. El reconocimiento de la “servidumbre doméstica” como parte del contexto de abuso permite una comprensión más integral de la vulneración de derechos humanos sufrida por la menor.
Asimismo, el caso pone bajo la lupa los mecanismos de control de las tenencias otorgadas por el Estado. Especialistas en derecho de familia señalaron que la falta de seguimiento post-sentencia en la guarda otorgada al padre permitió que los abusos se invisibilizaran durante más de una década. El impacto de la condena también se extiende a la comunidad local, al quedar demostrado que establecimientos comerciales de acceso público, como el bar mencionado en la causa, pueden ser utilizados para fines delictivos bajo la apariencia de normalidad laboral. La resolución judicial no solo busca la retribución penal para el culpable, sino también la reparación simbólica para la joven, quien debió sostener su acusación frente a su propio progenitor en un proceso de revictimización que el tribunal intentó minimizar mediante protocolos de acompañamiento especializado.
Tras la lectura de la sentencia en audiencia pública, el condenado fue trasladado bajo custodia para comenzar a cumplir su pena en una unidad penitenciaria bonaerense. Aunque la defensa tiene la posibilidad de apelar el fallo ante la Cámara de Casación Penal, la contundencia de los fundamentos expuestos por el Tribunal Oral N° 2 sugiere que la condena será ratificada en instancias superiores. Por su parte, la fiscalía manifestó su conformidad con el resultado, destacando que se logró romper el círculo de impunidad que rodeó al acusado durante años. El próximo paso procesal será el cómputo definitivo de la pena, mientras la víctima continuará con asistencia psicológica integral brindada por los organismos de asistencia a las víctimas de la provincia.
