La Corte de Casación de Italia confirmó la condena definitiva a 14 años de prisión para Mario Roggero, un joyero de 72 años que mató a dos delincuentes mientras huían de su local en Grinzane Cavour en 2021.
El fallo judicial, que ratifica el cargo de homicidio voluntario, establece además que el comerciante deberá abonar una indemnización de 480.000 euros a los familiares de las víctimas abatidas. Según determinaron los peritajes técnicos y las filmaciones de seguridad incorporadas al expediente, Roggero persiguió a los asaltantes fuera de su establecimiento y efectuó varios disparos por la espalda mientras estos intentaban abordar un vehículo para escapar. La justicia italiana descartó de plano la figura de legítima defensa, argumentando que, al momento de accionar su arma —la cual poseía de forma legal—, el joyero ya no se encontraba bajo una amenaza inminente ni corría peligro su integridad física o la de su familia, quienes habían sido maniatados durante el atraco inicial.
La resolución judicial disparó una crisis institucional inmediata cuando el ministro de Justicia, Carlo Nordio, anunció el inicio de trámites para un indulto, lo que provocó una reacción tajante del presidente Sergio Mattarella. Fuentes del Palacio del Quirinal indicaron que el mandatario convocó de urgencia a Nordio para recordarle que, bajo la Constitución italiana, la facultad de conceder la gracia presidencial es exclusiva de la Jefatura de Estado y no del Poder Ejecutivo. Esta desautorización pública no frenó la ofensiva de la coalición gobernante; bajo el impulso de la Liga de Matteo Salvini, los bloques oficialistas comenzaron una recolección de firmas para presionar por el perdón de Roggero. Salvini, actual vicepremier, calificó de injusto que un hombre de 72 años deba ingresar a la cárcel tras haber sido víctima de un asalto violento, llegando incluso a proponer una candidatura legislativa para el joyero con el fin de otorgarle fueros.
Contexto
El incidente que originó esta disputa ocurrió en abril de 2021 en la provincia de Cuneo, cuando tres delincuentes irrumpieron en la joyería de Roggero armados con un cuchillo y una réplica de arma de fuego. Tras amenazar a la esposa y a la hija del comerciante, los asaltantes se hicieron con la recaudación y emprendieron la huida. Fue en ese lapso de escasos minutos cuando Roggero decidió salir a la calle armado. En una primera instancia, el tribunal de Cuneo lo había condenado a 17 años de prisión, pena que luego fue reducida a 14 años en la etapa de apelación antes de llegar a la instancia definitiva de Casación esta semana. El caso se inserta en un clima social de creciente sensibilidad respecto a la seguridad ciudadana en el norte de Italia, donde sectores de derecha han promovido históricamente una flexibilización de las leyes de defensa propia.
Durante el proceso, la defensa de Roggero intentó sostener que el hombre actuó bajo un estado de shock traumático derivado de la violencia del robo, pero las pruebas visuales fueron determinantes para los magistrados. Las cámaras de vigilancia mostraron una secuencia donde el peligro ya había cesado dentro del local. Este antecedente jurídico es el que genera la mayor resistencia entre los juristas italianos, quienes advierten que conceder un indulto en estas condiciones sentaría un precedente peligroso: la validación de la justicia por mano propia incluso cuando el agresor se encuentra en retirada. Sin embargo, para una parte considerable de la opinión pública, representada en las más de 265.000 firmas recolectadas en la plataforma Change.org, Roggero es una víctima del sistema judicial.
Impacto
La relevancia de este caso trasciende lo judicial para convertirse en un termómetro de la cohesión interna de la alianza de derecha liderada por Giorgia Meloni. La primera ministra intervino en la polémica a través de sus redes sociales, evitando un choque directo con el presidente Mattarella pero respaldando la lógica del joyero al afirmar que quien viola la ley no puede pretender ser resarcido por quien se defiende. Esta postura busca contener el crecimiento electoral de figuras más radicales, como el exgeneral Roberto Vannacci y su partido Futuro Nacional, que ha capitalizado el descontento social con un discurso de mano dura que ya alcanza el 10% de intención de voto en recientes sondeos. El oficialismo teme que el caso Roggero se convierta en la bandera de una oposición por derecha que erosione su base electoral.
En el plano social, el caso ha generado una polarización extrema. Mientras el joyero vio crecer su número de seguidores en Instagram de 60.000 a 148.000 en menos de un día —recibiendo el apoyo de figuras como el príncipe Emanuele Filiberto de Saboya—, los familiares de los fallecidos reclaman que se respete el Estado de derecho. Caterina Spinelli, hermana de uno de los asaltantes abatidos, manifestó que su hermano merecía ser juzgado por sus delitos pero no ejecutado en la vía pública. Por su parte, analistas como Massimo Gramellini han señalado que el conflicto radica en la distinción técnica entre defenderse de un ataque y disparar contra alguien que huye, una frontera que la legislación europea protege con rigor para evitar la anarquía civil.
El próximo paso institucional depende exclusivamente de la voluntad del presidente Sergio Mattarella, quien hasta el momento no ha dado señales de ceder ante la presión del Ejecutivo para firmar el indulto. Roggero permanece actualmente en un hotel a la espera de la orden formal de detención para ser trasladado a un centro penitenciario. La tensión entre el Ministerio de Justicia y el Quirinal marca un punto de inflexión en la relación entre el gobierno de Meloni y las instituciones tradicionales de Italia, mientras el país debate si la legítima defensa debe tener límites geográficos y temporales estrictos o si la percepción de justicia del ciudadano común debe primar sobre el código penal vigente.
