La Corte Suprema de Justicia dio por finalizada la supervisión del fallo Mendoza, que hace 18 años ordenó el saneamiento del Riachuelo, mientras miles de familias en la Villa 21-24 aún enfrentan procesos de relocalización forzada y conflictos territoriales.
El proceso de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, iniciado formalmente tras la histórica sentencia del 8 de julio de 2008, reveló una compleja trama de tensiones entre la protección del medio ambiente y los derechos humanos de las poblaciones vulnerables. Según datos oficiales de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) proyectaba originalmente la entrega de 17.771 soluciones habitacionales en toda la cuenca. Sin embargo, hasta la fecha, solo se han finalizado 7.638 viviendas, lo que representa menos del 45% del objetivo inicial. Esta demora estructural se combina con una resistencia vecinal que cuestiona la lógica de los traslados compulsivos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente en el sector del camino de sirga de la Villa 21-24, los registros reportaron 1.422 familias y un total de 4.346 personas directamente afectadas por la orden de liberación de los márgenes del río.
La implementación del fallo estuvo marcada por una visión judicial que, en sus inicios, priorizó la liberación del espacio público por sobre la integración social. La politóloga Julieta Sragowicz, autora de la investigación “Correr los márgenes”, sostiene que la centralidad del argumento ambiental legitimó en diversas etapas acciones poco respetuosas de la integridad de los vecinos. De acuerdo con fuentes del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), los primeros operativos se caracterizaron por desalojos forzados con apenas 72 horas de preaviso, trasladando a los habitantes a zonas alejadas de sus redes de empleo y contención. Esta metodología generó una reacción organizada en los barrios, donde los vecinos, apoyados por la Defensoría del Pueblo y la Asesoría Tutelar de Menores, interpusieron amparos para frenar las mudanzas unilaterales en sectores como el barrio Magaldi. La conflictividad alcanzó su punto crítico en marzo de 2011 con la ocupación de viviendas destinadas a los asentamientos Luján y El Pueblito, conocidos como los “sueltitos”.
Contexto
El origen de este conflicto se remonta a 2004, cuando un grupo de vecinos y trabajadores de la salud demandó al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y a 44 empresas por el daño ambiental acumulado durante décadas. La respuesta de la Corte Suprema en 2008 estableció ocho líneas de acción, incluyendo la limpieza industrial y la liberación del camino de sirga, una franja de 35 metros desde la orilla que por ley debe ser espacio público. En 2010, ACUMAR presentó el PISA, intentando sistematizar la urbanización de villas. Para operativizar estas medidas, la Legislatura porteña sancionó en octubre de 2011 la Ley 3.947, que declaró la emergencia social y ambiental de la cuenca. Esta normativa, prorrogada sistemáticamente, permitió abrir canales de consulta que antes no existían, transformando la resistencia inicial en una instancia de negociación colectiva entre el Estado y el Cuerpo de Delegados de los barrios afectados.
La evolución de la causa también estuvo ligada a la gestión del juez Luis Armella, quien inicialmente instruyó la erradicación definitiva de los asentamientos precarios con un enfoque de cumplimiento estricto de la manda judicial. Testimonios de trabajadores territoriales del IVC recabados por Sragowicz indican que la presión por “limpiar” el Riachuelo chocaba frontalmente con la realidad de familias que habían diseñado sus hogares contemplando el paisaje del río y que no percibían la contaminación como un motivo suficiente para el desarraigo. Esta desconexión entre la orden judicial y la identidad barrial forzó al Estado a desarrollar herramientas de gestión más sofisticadas. En 2015, tras años de disputas y bloqueos a los censos oficiales, se aprobó el Protocolo Base para el Diseño e Implementación Socialmente Responsable de Procesos de Relocalización Involuntaria, un instrumento que fijó límites al accionar estatal y garantizó que las nuevas viviendas se construyeran en la proximidad del barrio de origen.
Impacto
La importancia de este proceso radica en la transformación de la política pública ante la presión social. Lo que comenzó como un operativo de desalojo higienista se convirtió en un laboratorio de urbanismo social donde la organización vecinal logró institucionalizar sus demandas. Según analistas del mercado habitacional y fuentes judiciales, el caso Riachuelo demostró que la cuestión ambiental es inseparable de la habitacional. El impacto no es solo estadístico —por el déficit de casi 10.000 viviendas aún no entregadas— sino también jurídico, ya que sentó precedentes sobre cómo el Estado debe abordar problemas complejos en democracias modernas. La creación de mesas de trabajo y la transparencia en los criterios de prioridad para las mudanzas mitigaron, en parte, la violencia institucional que caracterizó los primeros años de ejecución del fallo Mendoza.
A pesar de los avances en la institucionalización del diálogo, la brecha entre las promesas del PISA 2010 y la realidad efectiva sigue siendo amplia. La finalización de la supervisión directa por parte de la Corte Suprema traslada ahora la responsabilidad total a los ejecutivos locales y a ACUMAR, en un escenario económico donde el financiamiento para infraestructura social enfrenta fuertes restricciones. La tensión pendiente reside en cómo se completarán las soluciones habitacionales para las más de 10.000 familias que aún esperan una respuesta en toda la cuenca. El próximo paso clave será la evaluación de las nuevas autoridades sobre la continuidad de los protocolos de relocalización consensuada, en un contexto donde la emergencia ambiental del Riachuelo sigue siendo una deuda pendiente para la salud pública de la región metropolitana.
