La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó formalmente este jueves al arquitecto Matías Tabar, tras su declaración judicial sobre el cobro de u$s245.000 en efectivo por refacciones en la propiedad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La medida administrativa, impulsada por el organismo recaudador, otorga al contratista un plazo perentorio de diez días hábiles para presentar toda la documentación respaldatoria vinculada a su actividad económica durante los períodos fiscales 2024 y 2025. Según confirmaron fuentes del organismo, el requerimiento incluye el detalle de la facturación emitida, el listado de compras a proveedores y los comprobantes de las obras ejecutadas en la vivienda situada en el country Indio Cuá. La inconsistencia surge a partir de la propia confesión de Tabar ante la Justicia, donde admitió haber percibido la totalidad de sus honorarios y costos operativos en moneda extranjera y por fuera del sistema registral tributario, lo que activó las alarmas de la Dirección General Impositiva (DGI) bajo la nueva estructura de control aduanero y fiscal.
El testimonio de Tabar, brindado originalmente ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, detalló una operatoria de pagos dividida en dos etapas cronológicas: un primer desembolso de u$s55.000 realizado durante el transcurso de 2024 y un segundo pago de u$s190.000 concretado en 2025. El arquitecto precisó que las tareas de remodelación se extendieron por un lapso de diez meses, abarcando desde septiembre de 2024 hasta julio de 2025. Durante ese período, las obras incluyeron la renovación integral de pisos, reformas estructurales en baños y cocina, la fabricación de mobiliario a medida para el sector del quincho y reparaciones técnicas en la piscina. De acuerdo con operadores del sector inmobiliario y peritos contables consultados, el manejo de tales volúmenes de divisas en efectivo sin el correspondiente respaldo de facturas tipo A o B constituye una infracción grave a la Ley Penal Tributaria, además de alimentar las sospechas sobre el origen de los fondos utilizados por el funcionario público.
En el marco de su colaboración con la investigación que encabeza el juez federal Ariel Lijo, el contratista entregó voluntariamente su dispositivo móvil para peritajes técnicos y aportó la identidad de los subcontratistas y operarios que intervinieron en la propiedad. La declaración también reveló gastos adicionales por parte del jefe de Gabinete, quien habría destinado aproximadamente u$s13.000 al alquiler de una vivienda temporal dentro del mismo barrio privado mientras su residencia principal se encontraba en obra. Estos datos financieros han sido incorporados a la causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, centrando la atención en la capacidad de ahorro y el patrimonio declarado por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, quienes adquirieron el inmueble a finales de 2024. La fiscalía busca determinar si existe una correlación lógica entre los ingresos registrados del matrimonio y el flujo de fondos destinado a la adquisición y mejora de sus activos inmobiliarios.
Contexto
La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni se originó tras una serie de denuncias que cuestionaron el crecimiento de sus activos desde su llegada a la función pública en diciembre de 2023. El jefe de Gabinete, quien inicialmente se desempeñó como vocero presidencial, ha estado bajo el escrutinio de la Oficina Anticorrupción y del Poder Judicial debido a la adquisición de propiedades y el nivel de gastos exhibido en el último año. El antecedente inmediato a esta intimación de ARCA es la declaración testimonial de Matías Tabar en mayo pasado, la cual marcó un punto de inflexión en el expediente al aportar cifras concretas que no figurarían en las declaraciones juradas presentadas ante los organismos de control. Históricamente, las causas por enriquecimiento ilícito en Argentina han dependido de la trazabilidad de los pagos a proveedores y contratistas, siendo este caso paradigmático por la magnitud del monto abonado en billetes físicos.
La creación de ARCA, en reemplazo de la anterior AFIP, ha endurecido los protocolos de fiscalización sobre transacciones de alto valor no declaradas, especialmente aquellas que involucran a Personas Expuestas Políticamente (PEP). En este escenario, la situación de Adorni se suma a una lista de funcionarios de diversas administraciones que han debido justificar reformas edilicias ante la sospecha de que los costos reales superan ampliamente los ingresos declarados. La propiedad en Indio Cuá, un exclusivo complejo residencial, se convirtió en el epicentro de la pesquisa luego de que se conocieran los detalles de las lujosas terminaciones solicitadas por la familia del funcionario, las cuales, según el contratista, fueron costeadas sin dejar rastro en los registros bancarios nacionales, lo que motivó la intervención de la justicia federal y ahora del brazo ejecutor de la política tributaria nacional.
Impacto
La intimación de ARCA sobre el contratista Tabar genera un impacto directo en la estrategia de defensa de Manuel Adorni, ya que traslada la carga de la prueba hacia el sector privado que ejecutó las obras. Si el arquitecto no logra justificar el origen de los u$s245.000 o no presenta facturación válida, se enfrentará a multas millonarias y posibles penas de prisión, lo que podría forzar una mayor cooperación con la justicia para deslindar responsabilidades. Para el Gobierno, este caso representa una tensión política significativa, dado que Adorni es una de las figuras centrales de la administración actual y su imagen está ligada a la transparencia y la austeridad fiscal. El avance de la causa bajo la órbita de Ariel Lijo —quien además es el candidato del Ejecutivo para la Corte Suprema— añade una capa de complejidad institucional que es seguida de cerca por los bloques opositores en el Congreso.
Desde el punto de vista económico y social, el caso pone de manifiesto la persistencia de la economía informal en los estratos más altos de la sociedad y la función pública, contradiciendo los discursos oficiales sobre la bancarización y el cumplimiento tributario. Analistas del mercado señalan que este tipo de irregularidades suelen derivar en auditorías integrales que pueden extenderse a otros proveedores del funcionario. El impacto también se siente en el ámbito de la opinión pública, donde la discrepancia entre el discurso de ajuste estatal y el gasto privado en reformas de lujo genera un desgaste en la credibilidad de la jefatura de Gabinete. La resolución de este conflicto administrativo ante ARCA será determinante para definir si la causa penal avanza hacia un procesamiento por lavado de dinero o si se mantiene en la esfera de las infracciones impositivas menores.
El próximo paso procesal dependerá de la respuesta que Tabar brinde a la intimación de ARCA antes de que venza el plazo de diez días. En paralelo, el juzgado de Ariel Lijo espera los resultados del peritaje sobre el teléfono celular del arquitecto, donde se buscarán comunicaciones, presupuestos y registros de pagos que confirmen o desmientan las fechas y montos declarados. La tensión en la Casa Rosada aumenta a medida que los plazos judiciales se acortan y la documentación requerida por el fisco podría exponer nuevas inconsistencias en el patrimonio del jefe de Gabinete, dejando abierta la posibilidad de futuras citaciones indagatorias para los involucrados directos en la transacción.
