El juez nacional Martín Yadarola citó a declaración indagatoria al reportero gráfico Pablo Cerolini para este viernes a las 11, tras ser imputado por el delito de amenazas coactivas contra el youtuber Dylan Lizarro en las inmediaciones del Congreso.
La resolución judicial responde a un pedido formal del fiscal Leonel Gómez Barbella, quien consideró que existen elementos suficientes para investigar si Cerolini amedrentó a Lizarro, conocido en redes sociales como “Rayo Vlogs”, con el objetivo de obligarlo a abandonar una cobertura periodística. El incidente, que quedó registrado en video, ocurrió el 14 de mayo de 2025 alrededor de las 15 horas, mientras se desarrollaba una de las habituales movilizaciones de jubilados sobre la avenida Callao. Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, la conducta del fotógrafo encuadra prima facie en una coacción, ya que habría utilizado la intimidación física y verbal para que el denunciante dejara de filmar y se retirara del lugar por temor a represalias.
De acuerdo con el dictamen fiscal, el intercambio se produjo frente a un local comercial en Callao 83. En los registros fílmicos aportados a la causa por el propio Lizarro, se observa cómo Cerolini increpa al joven libertario con frases directas: “Vos andate porque te cago a trompadas, vos sos libertario, no digas nada”. La fiscalía sostiene que el imputado fue identificado mediante un peritaje del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), que cotejó las características físicas del agresor con las imágenes incorporadas al expediente. En el video, que fue subido al canal de YouTube @rayovlogs-s9h, se percibe a un Lizarro visiblemente afectado por la situación, quien intenta explicar que solo estaba documentando los hechos antes de verse forzado a interrumpir su tarea y retirarse de la zona ante la insistencia del fotógrafo.
La transcripción oficial de la prueba documental revela un diálogo de alta tensión donde Cerolini advierte: “Cuidá lo que comentás, cuidá. Voy a ver el video; ¿qué vas a decir, que la policía son asesinos?”. Ante la respuesta del youtuber asegurando que solo estaba grabando, el reportero gráfico habría finalizado el cruce con una orden tajante: “¡No vas a decir nada. Andate, te juro, andate!”. Fuentes cercanas a la defensa del fotógrafo indicaron que en la filmación editada y subida a las redes no se incluyó un posterior pedido de disculpas que Cerolini habría realizado minutos después del altercado, un dato que la defensa intentará introducir durante la audiencia de este viernes para matizar la acusación de coacción.
Contexto
Este episodio se inscribe en un clima de creciente polarización en el espacio público argentino, particularmente en las inmediaciones del Congreso de la Nación, que se ha convertido en el epicentro de protestas sociales y políticas desde el inicio de la actual gestión de gobierno. Las marchas de los miércoles, protagonizadas por agrupaciones de jubilados que reclaman por la pérdida del poder adquisitivo de sus haberes frente a la inflación, suelen convivir con la presencia de militantes digitales, influencers y cronistas de diversas orientaciones ideológicas. La figura de los “youtubers libertarios” ha ganado relevancia en este escenario, actuando muchas veces como contraparte de los medios tradicionales o de los manifestantes, lo que genera fricciones constantes entre los distintos actores que cubren la actualidad política en la calle.
Históricamente, la labor de los reporteros gráficos en Argentina ha estado protegida por fueros de libertad de prensa, pero este caso marca un precedente particular al judicializarse un conflicto entre dos trabajadores de la comunicación —uno profesional de larga trayectoria y otro emergente de las plataformas digitales—. La imputación por amenazas coactivas, un delito que contempla penas de prisión de dos a cuatro años según el Código Penal Argentino, refleja la severidad con la que la fiscalía está evaluando los límites de la confrontación verbal en el ejercicio de la actividad informativa. Antecedentes similares en manifestaciones previas han terminado usualmente en contravenciones menores, pero la acumulación de pruebas fílmicas y la identificación positiva por parte del CIJ aceleraron los tiempos procesales en esta instancia.
Impacto
La decisión del juez Yadarola de avanzar con la indagatoria tiene una implicancia directa en el protocolo de actuación de los trabajadores de prensa en la vía pública. Establece un límite jurídico claro: la discrepancia ideológica o la crítica al contenido de un colega no justifica el uso de amenazas físicas para impedir la circulación o la filmación. Para los operadores del sistema judicial, este caso funciona como un testigo sobre cómo se deben tramitar las denuncias de hostigamiento en contextos de protesta social, donde la libertad de expresión suele entrar en colisión con el orden público y la integridad de las personas. El hecho de que la fiscalía haya encuadrado el hecho como “coacción” y no como una simple amenaza sugiere que se busca proteger el derecho del ciudadano a no ser obligado a actuar contra su voluntad mediante el miedo.
Por otro lado, el impacto en el gremio de los reporteros gráficos y en la comunidad de creadores de contenido es significativo. Mientras que algunos sectores ven en esta imputación un intento de disciplinar la protesta social o de criminalizar un exabrupto en un momento de tensión, desde el entorno de los creadores de contenido libertarios se percibe como un triunfo legal contra lo que denominan “censura de calle”. La resolución de este caso podría determinar nuevos estándares de convivencia en las coberturas de manifestaciones, obligando a los profesionales a mantener una distancia ética y legal incluso frente a provocaciones o diferencias editoriales profundas, bajo riesgo de enfrentar procesos penales que afecten su carrera profesional.
Tras la declaración indagatoria de este viernes, el juez Yadarola contará con un plazo de diez días hábiles para resolver la situación procesal de Pablo Cerolini. El magistrado deberá decidir si dicta el procesamiento del fotógrafo, si lo sobresee o si dicta la falta de mérito. En caso de procesamiento, la causa podría elevarse a juicio oral, lo que sentaría un precedente jurídico de alto impacto para la labor periodística en espacios de conflicto social. La tensión se mantiene alta entre las asociaciones de prensa y los colectivos de militancia digital, quienes aguardan el resultado de la audiencia para definir sus próximas acciones gremiales y comunicacionales.
