El juez Alberto Litvack prohibió por 60 días cualquier modificación en el patio de la vivienda ubicada en Avenida Congreso 3742, Coghlan, donde fueron hallados los restos de Diego Fernández Lima, desaparecido desde julio de 1984.
La resolución judicial, dictada a instancias del fiscal Martín López Perrando, establece una medida de no innovar que alcanza tanto a la superficie como al subsuelo del inmueble perteneciente a Cristian Graf. Esta determinación técnica busca garantizar la integridad de la escena mientras la Dirección de Investigaciones Criminalísticas y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional procesa la información recolectada durante los peritajes realizados el pasado 4 de mayo. Según indicaron fuentes judiciales, el objetivo primordial es evitar que cualquier alteración del terreno pueda comprometer futuras medidas de prueba en caso de que el informe de laboratorio detecte anomalías o elementos de interés criminalístico que no fueron percibidos a simple vista durante la inspección ocular inicial.
Durante el procedimiento llevado a cabo a principios de mes, los peritos utilizaron un georradar marca GSSI, modelo SIR-3000, equipado con una antena de 400 Ghz, tecnología de alta precisión que permite detectar variaciones en la densidad del suelo sin necesidad de excavar. En dicha diligencia participaron especialistas de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y personal de la fiscalía. Los trabajos se concentraron específicamente en el sector del patio trasero, un área que cuenta con una piscina y un quincho con parrilla. Aunque en el momento del operativo no se procedió al secuestro de nuevos elementos físicos, los técnicos advirtieron que los datos digitales obtenidos requieren un análisis pormenorizado en gabinete para arrojar conclusiones categóricas sobre la posible existencia de otros restos o evidencia enterrada.
En paralelo a las pericias técnicas sobre el terreno, la fiscalía de López Perrando avanzó esta semana con la toma de testimonios clave para reconstruir el perfil del imputado y su entorno al momento del crimen. Fueron citados a declarar dos antiguos compañeros de Graf de la época en que ambos integraban grupos de scouts, con el fin de aportar detalles sobre la conducta del acusado y la dinámica de los vínculos sociales que mantenía a mediados de la década del 80. De acuerdo con fuentes del Ministerio Público Fiscal, estos testimonios resultan fundamentales para establecer si existieron comportamientos sospechosos o comentarios realizados por Graf en los días posteriores a la desaparición de Fernández Lima, quien era su compañero de escuela y con quien mantenía un vínculo cotidiano antes de que se perdiera su rastro de manera definitiva.
Contexto
La desaparición de Diego Fernández Lima se produjo el 26 de julio de 1984, cuando el adolescente de entonces 17 años salió de su casa tras almorzar con su madre, solicitándole dinero para el boleto de colectivo. Al no regresar a las 20:30, sus padres radicaron la denuncia en la Comisaría 39° de la Policía Federal, donde el caso fue caratulado inicialmente como una “fuga de hogar”, una clasificación común en la época que dificultó las tareas de búsqueda temprana. Durante décadas, la familia Fernández Lima mantuvo activa la causa mediante panfletos y apariciones en medios de comunicación, pero el padre del joven falleció sin obtener respuestas sobre el paradero de su hijo. El expediente permaneció sin avances significativos hasta el 20 de mayo de 2025, cuando un hallazgo fortuito cambió el curso de la historia criminal argentina.
El descubrimiento ocurrió en la propiedad lindera, en Avenida Congreso 3748, una vivienda que históricamente perteneció a la artista Marina Olmi y que fue habitada en el pasado por el músico Gustavo Cerati. Mientras un grupo de obreros realizaba tareas de mantenimiento en una pared medianera, un desmoronamiento de tierra proveniente del jardín de la casa de Graf dejó al descubierto restos óseos. La intervención del EAAF fue determinante: tras analizar 151 fragmentos recuperados, los forenses confirmaron que se trataba de Fernández Lima. Las pericias determinaron que el joven fue asesinado de una puñalada en el tórax que impactó en la cuarta costilla derecha y que sus restos fueron enterrados a 60 centímetros de profundidad tras un intento fallido de desmembramiento. Junto al cuerpo se encontraron objetos que permitieron una identificación inequívoca: un reloj Casio con calculadora fabricado en 1982, una moneda japonesa, un llavero naranja, la suela de un mocasín talle 41 y una corbata de uniforme escolar.
Impacto
La medida cautelar de no innovar sobre la propiedad de Graf representa un paso crítico para el esclarecimiento de un homicidio que permaneció impune y oculto durante más de 40 años. Para los investigadores, la preservación del sitio es vital porque el informe del georradar podría revelar la existencia de una fosa secundaria o de elementos adicionales que el asesino hubiera descartado junto al cuerpo. Desde el punto de vista jurídico, la resolución del juez Litvack asegura que la prueba material no sea degradada por acciones de limpieza, construcción o remoción de tierra, protegiendo la cadena de custodia de una escena del crimen que, aunque antigua, sigue aportando datos científicos precisos gracias a las nuevas tecnologías forenses disponibles en la actualidad.
Asimismo, el caso ha generado una fuerte repercusión en la comunidad de Coghlan y en el ámbito de los derechos humanos, al evidenciar las fallas sistémicas de las fuerzas de seguridad y la justicia durante los primeros años de la democracia para investigar desapariciones de menores. El impacto se extiende también a la situación procesal de Cristian Graf, cuya defensa deberá enfrentar no solo la evidencia física hallada en su propio jardín, sino también el entrecruzamiento de datos que surjan del análisis de Gendarmería. La prohibición de modificar el terreno actúa como un resguardo institucional ante la posibilidad de que el imputado o su entorno intenten eliminar rastros que aún puedan permanecer bajo la superficie de la propiedad familiar que habitaron desde la década del 70.
El próximo paso procesal de relevancia será la entrega del informe final por parte de los laboratorios de Gendarmería Nacional, prevista para las próximas semanas. Una vez que el fiscal López Perrando cuente con los resultados del escaneo del subsuelo, se determinará si es necesario realizar una excavación integral en áreas específicas del patio de Avenida Congreso 3742. Mientras tanto, la Justicia mantiene la vigilancia sobre el inmueble y continúa con la ronda de declaraciones testimoniales para cerrar el círculo sobre la responsabilidad de Graf en el asesinato y posterior ocultamiento del cuerpo de quien fuera su compañero de estudios.
