El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó que se cite a indagatoria al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, por las amenazas que profirió en un canal de televisión venezolano contra Elisa Trotta Gamus, la representante en Argentina de la líder opositora María Corina Machado. Las declaraciones fueron emitidas en el programa «Con el mazo dando», que conduce el propio Cabello, y fueron consideradas por la justicia argentina como una intimidación directa contra una residente en el país.
Trotta Gamus, una politóloga venezolana radicada en Buenos Aires desde hace más de una década, fue señalada al aire por Cabello con nombre y apellido. El funcionario chavista hizo referencias a su actividad como vocera de la oposición venezolana en el Cono Sur y emitió frases que fueron interpretadas como una amenaza velada contra ella y su entorno familiar.
Las amenazas y su contexto
Las declaraciones de Cabello se produjeron en un momento de escalada del conflicto político en Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro intensificó la persecución contra los dirigentes opositores tras las elecciones presidenciales de 2024. Corina Machado, quien lideró las denuncias de fraude electoral, se encuentra en la clandestinidad dentro de Venezuela, y su red de representantes internacionales se convirtió en un blanco del oficialismo chavista.
En Argentina, Trotta Gamus cumple un rol de articulación diplomática y comunicacional para la causa opositora venezolana. Su trabajo incluye el contacto con organismos de derechos humanos, medios de comunicación y sectores del gobierno argentino que simpatizan con la oposición a Maduro. Esto la colocó en el radar de Cabello, quien la mencionó en su programa televisivo como parte de lo que denominó «operaciones de desestabilización» contra Venezuela.
El rol de la justicia argentina
La fiscalía a cargo de Stornelli consideró que las declaraciones de Cabello constituyen amenazas en los términos del Código Penal argentino, ya que están dirigidas a una persona que reside en territorio nacional. La solicitud de indagatoria es un paso procesal que busca formalizar la investigación, aunque las posibilidades de que Cabello se presente a declarar ante un tribunal argentino son prácticamente nulas.
La causa tiene un valor simbólico y jurídico relevante. Establece un precedente sobre la capacidad de la justicia argentina para actuar cuando funcionarios extranjeros amenazan a residentes en el país a través de medios de comunicación. La figura de amenazas, tipificada en los artículos 149 bis y 149 ter del Código Penal, contempla penas de uno a tres años de prisión.
Qué cambia
La solicitud de indagatoria abre un expediente judicial formal contra uno de los hombres más poderosos del régimen venezolano. Si bien Cabello difícilmente se someta a la jurisdicción argentina, la causa podría derivar en un pedido de captura internacional a través de Interpol, lo que limitaría sus posibilidades de viajar a países con acuerdos de extradición con Argentina. Además, fortalece la posición de la comunidad venezolana en el país y envía una señal de que las amenazas transnacionales no quedarán sin respuesta judicial.
Las relaciones Argentina-Venezuela
La acción judicial se suma a un deterioro sostenido de las relaciones entre Buenos Aires y Caracas. El gobierno de Milei rompió relaciones diplomáticas con Venezuela tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales y reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo del país caribeño. La embajada argentina en Caracas permanece cerrada y los asuntos consulares se gestionan a través de la representación brasileña.
El pedido de indagatoria contra Cabello profundiza la confrontación diplomática y coloca a la justicia argentina como un actor relevante en el conflicto político venezolano. Los próximos pasos dependerán de la decisión del juez de instrucción, que deberá evaluar la solicitud fiscal y determinar si cita formalmente al ministro venezolano, un acto que tendría repercusiones diplomáticas inmediatas más allá de su viabilidad práctica.
