Un niño de 12 años fue asesinado de un disparo en el pecho durante la madrugada del viernes en las canteras del Parque Rodó, Montevideo, mientras participaba de carreras clandestinas de motos junto a miembros de su familia.
El ataque ocurrió pasada la una de la mañana en la rambla costanera, una de las zonas con mayor afluencia de público de la capital uruguaya. Según informaron fuentes del Ministerio del Interior, dos motociclistas irrumpieron en el lugar y efectuaron una ráfaga de disparos dirigida específicamente hacia un grupo de personas. El menor fallecido fue identificado como integrante de la familia Puglia, una organización criminal con base en el barrio Villa Española. Además del deceso del niño, el tiroteo dejó un saldo de cinco heridos, entre ellos un adolescente de 14 años que permanece internado en estado grave con impactos de bala en el tórax y una pierna. Los otros cuatro adultos afectados, también vinculados al mismo clan familiar, fueron trasladados a centros asistenciales públicos donde se constató que sus vidas no corren peligro tras recibir el alta médica en algunos casos.
La principal línea de investigación que maneja la Jefatura de Policía de Montevideo apunta a una represalia directa por el quíntuple homicidio ocurrido el pasado 10 de julio. En aquel episodio, cinco integrantes de la banda conocida como Los Suárez fueron acribillados en un enfrentamiento que marcó un punto de inflexión en la violencia territorial. Los Suárez, que anteriormente dominaban sectores de Villa Española, se habían visto obligados a desplazarse debido a la presión ejercida por Los Puglia. El ministro del Interior, Carlos Negro, confirmó en conferencia de prensa que el asesinato del niño es un eslabón más en una secuencia de ataques cruzados. De acuerdo con el análisis de los peritos de balística en la escena del crimen, las víctimas habrían intentado repeler la agresión, ya que se hallaron impactos de proyectiles en un banco de plaza situado detrás de la posición que ocupaban los atacantes, lo que refuerza la teoría de un enfrentamiento entre facciones armadas en un espacio público concurrido.
El episodio generó una inmediata repercusión política y social, poniendo el foco en la seguridad de la rambla montevideana. Testigos presenciales indicaron que al momento de la balacera cientos de personas se encontraban en las inmediaciones realizando actividades recreativas o regresando de sus empleos. La oposición cuestionó severamente la gestión del Ministerio del Interior, señalando que las picadas clandestinas en el Parque Rodó son un evento recurrente cada jueves desde hace cinco meses y que la presencia policial era insuficiente para prevenir incidentes de esta magnitud. Ante las críticas, el ministro Negro aseguró que los efectivos estaban arribando al lugar para realizar controles de rutina justo en el momento en que se desató el ataque. Por su parte, el presidente de la República, Yamandú Orsi, manifestó su consternación por el fallecimiento del menor y ratificó su respaldo al titular de la cartera de seguridad, rechazando los pedidos de renuncia que surgieron desde diversos sectores parlamentarios.
Contexto
La escalada de violencia en Montevideo no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una fragmentación de los grupos criminales dedicados al tráfico de estupefacientes que comenzó a profundizarse en 2023. El barrio Villa Española se ha convertido en el epicentro de una disputa territorial entre clanes familiares que han mutado de delitos menores al control de bocas de expendio de drogas con un alto nivel de letalidad. La banda de Los Puglia y Los Suárez mantienen una rivalidad histórica que ha diezmado a ambas organizaciones; según datos de la Dirección de Investigaciones, una de estas familias ha perdido a casi la totalidad de sus miembros originales en enfrentamientos armados durante el último año. Esta dinámica ha forzado la creación de alianzas con grupos periféricos y clanes afines, lo que expande el conflicto a otros barrios de la periferia y, como se vio este viernes, a zonas turísticas y residenciales de la ciudad.
Históricamente, Uruguay presentaba índices de criminalidad significativamente menores a los del promedio de América Latina, manteniendo una cultura de convivencia en espacios públicos que hoy se ve amenazada por el uso de armas de fuego de alto calibre en ajustes de cuentas. El antecedente más cercano y similar ocurrió hace pocos meses, cuando una adolescente de 14 años también resultó víctima fatal en un tiroteo vinculado a bandas narco. Este cambio en el patrón de violencia, donde los menores de edad vinculados por lazos de sangre a los delincuentes se convierten en objetivos directos, marca una degradación en los códigos de las organizaciones criminales locales. El gobierno ha intentado implementar operativos de saturación en los barrios periféricos, pero el desplazamiento de los ataques hacia la zona costera demuestra una capacidad de movilidad de los sicarios que desafía la vigilancia convencional.
Impacto
El asesinato del niño de 12 años impacta directamente en la agenda de seguridad nacional y obliga al Poder Ejecutivo a revisar sus estrategias de prevención en áreas de esparcimiento. La percepción de inseguridad en la rambla de Montevideo, un activo fundamental para el turismo y la vida social de los uruguayos, podría derivar en una retracción del uso del espacio público durante la noche. Desde el punto de vista institucional, el respaldo del presidente Yamandú Orsi al ministro Carlos Negro busca evitar una crisis de gabinete en un momento de alta sensibilidad social, aunque la presión legislativa por resultados concretos en la reducción de homicidios continúa en aumento. El mandatario subrayó que, ante el endurecimiento de las bandas criminales, la respuesta del Estado debe ser un apoyo irrestricto a la Policía Nacional para evitar que el país adopte dinámicas de violencia estructural comunes en otras regiones del continente.
En términos operativos, el Ministerio del Interior anunció el despliegue de un operativo especial de alta visibilidad para abordar la letalidad de los conflictos entre clanes. Esta medida implica no solo un refuerzo de patrullaje, sino también un trabajo de inteligencia criminal para desarticular los grupos que aún operan en Villa Española y zonas aledañas. La preocupación de las autoridades radica en que la muerte del menor de los Puglia genere una respuesta inmediata por parte de sus aliados, alimentando el círculo de represalias que el ministro Negro describió como una cadena de venganzas difícil de cortar. La intervención estatal ahora se enfoca en prevenir el próximo ataque, mientras la justicia intenta identificar a los dos ocupantes de las motocicletas que abrieron fuego en el Parque Rodó, quienes se dieron a la fuga tras el atentado.
El próximo paso en la investigación judicial será el análisis de las cámaras de videovigilancia del sistema de monitoreo público y de comercios privados de la zona de la rambla para reconstruir la ruta de escape de los homicidas. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía tome declaración a los heridos que ya recibieron el alta, aunque fuentes policiales advierten sobre la reticencia de los integrantes de estos clanes a colaborar con la justicia, prefiriendo habitualmente resolver los conflictos por fuera del sistema legal. La tensión en Villa Española se mantiene en niveles críticos, y el despliegue de la Guardia Republicana en el barrio busca contener posibles disturbios durante el sepelio del menor, un evento que las autoridades consideran de alto riesgo para la seguridad pública.
