El Gobierno nacional impulsa una reforma política para eliminar las PASO y modificar el sistema de votación, en un escenario global donde el 70% de los oficialismos en América Latina perdió las elecciones frente a opositores desde el año 2022.
La administración de Javier Milei busca blindarse ante lo que analistas internacionales denominan la “hoguera de los oficialismos”, un fenómeno traccionado por la aceleración digital y la caída en los umbrales de atención ciudadana. Según datos procesados por consultores políticos, la tendencia no es solo regional: en Estados Unidos, por primera vez en la historia, tres elecciones presidenciales consecutivas (Trump, Biden, Trump) consagraron a candidatos de la oposición. Este comportamiento electoral está directamente vinculado a la penetración de internet y al uso de algoritmos que priorizan emociones negativas, como el enojo y la bronca, elementos que el actual mandatario argentino capitalizó durante su ascenso como outsider pero que ahora, desde la Casa Rosada, representan una amenaza para su propia estabilidad en el poder.
En los despachos oficiales, la estrategia para las elecciones legislativas de 2025 y la eventual reelección presidencial se centra en la modificación de las reglas de juego. El proyecto de reforma política tiene como eje central la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), bajo la premisa de que evitar la ordenación de la oferta opositora mejora las chances de La Libertad Avanza. Sin embargo, la negociación con los gobernadores y los bloques legislativos en el Congreso se presenta compleja. Fuentes del Ministerio del Interior indicaron que el debate podría extenderse hasta septiembre, mientras se evalúan alternativas como la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) con variantes que permitan “colectoras” o incluso una adaptación de la ley de lemas, aunque esta última opción es resistida por su alto costo político y dudosa viabilidad jurídica.
Contexto
El fenómeno de la alternancia permanente tiene raíces en el cambio de hábitos de consumo informativo. De acuerdo con la investigación de Julián Kanarek en su libro “Omitir intro: Pantallas, dopamina y aceleración democrática”, existe una correlación directa: a mayor índice de calidad democrática y penetración de internet, mayor es la propensión de los ciudadanos a castigar a quien gobierna. Este escenario se ve agravado por la desaparición de la tradicional “luna de miel” de 100 días para los nuevos mandatarios. La sociedad, acostumbrada al ritmo del consumo digital donde un contenido no se tolera por más de tres segundos, exige respuestas inmediatas a problemas estructurales, lo que genera una decepción acelerada con la dirigencia política tradicional y consolidada.
A nivel internacional, el panorama es aún más sombrío para las democracias liberales. El informe del Instituto V-Dem proyectado hacia 2026, titulado “¿El fin de la era democrática?”, advierte sobre un proceso de autocratización global. Actualmente, el 74% de la población mundial vive bajo regímenes autocráticos, ya sean cerrados o con fachadas electorales manipuladas. Un dato alarmante para el sistema internacional es la degradación de Estados Unidos, que bajó su calificación de “democracia liberal” a “democracia electoral”. En este marco, figuras como Elon Musk predicen cambios todavía más radicales: el empresario sostiene que en cinco años la inteligencia artificial superará a la humana y en diez años comenzará una “era de la abundancia” donde el dinero perderá su relevancia actual, transformando por completo los sistemas de poder conocidos.
Impacto
La implementación de la reforma política que busca el oficialismo impactaría directamente en la estructura de financiamiento y participación de los partidos en Argentina. El proyecto incluye la reducción del aporte estatal a las agrupaciones políticas, mayores exigencias para conservar la personería jurídica, la eliminación de la publicidad electoral gratuita en medios de comunicación y la aplicación de la denominada “Ficha Limpia”. Estas medidas, según operadores del mercado político, buscan asfixiar a las estructuras partidarias menores y concentrar la disputa en los polos dominantes. No obstante, la interna dentro de La Libertad Avanza, protagonizada por la tensión entre el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria general Karina Milei, añade una capa de incertidumbre sobre la cohesión del espacio para enfrentar estos desafíos.
En el plano legislativo, la parálisis de la agenda parlamentaria afecta proyectos de corte económico que el Ejecutivo considera vitales. Entre ellos se encuentran la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”, el denominado “super RIGI”, la segunda etapa de la “inocencia fiscal”, la redefinición de los subsidios para “zonas frías” de gas y la reforma a la carta orgánica del Banco Central. La falta de acuerdos con las provincias para avanzar en la reforma electoral mantiene estos expedientes en un estado de quietud, mientras el Gobierno intenta proyectar una imagen de unidad interna a través de gestos simbólicos, como la reciente celebración del “Día de la Unidad” de La Libertad Avanza, que paradójicamente evidenció las exclusiones en el armado de listas de la provincia de Buenos Aires.
El próximo paso decisivo para la administración de Milei será la conformación de las alianzas electorales para 2025, donde la relación con el PRO será determinante. La Casa Rosada deberá decidir si cede ante las pretensiones de los gobernadores para destrabar la reforma política o si mantiene su esquema actual, asumiendo el riesgo de enfrentar un proceso electoral bajo las reglas que, según las tendencias globales, suelen eyectar a los oficialismos del poder en contextos de alta conectividad y crisis de representación.
