El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley de 350 artículos que busca eliminar barreras de entrada en sectores clave como el inmobiliario, el farmacéutico y el transporte marítimo.
La iniciativa oficialista representa un giro estructural en la administración pública nacional al proponer la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula para ejercer el corretaje inmobiliario y la apertura del cabotaje nacional a buques de bandera extranjera. Según fuentes del Ministerio de Economía, estas medidas apuntan a reducir los costos de transacción que, de acuerdo con estimaciones técnicas, encarecen los servicios logísticos y de vivienda por encima de los promedios regionales. En el ámbito de la salud, el proyecto prevé una reforma integral en el sistema de venta de medicamentos y el régimen de vacunas, buscando equiparar los precios locales con los de países vecinos como Brasil, Paraguay y Uruguay, donde el costo de insumos como la vacuna contra la aftosa es significativamente menor al valor de un kilo de carne que históricamente se paga en Argentina.
El paquete legislativo también contempla la modificación de regímenes específicos que afectan a la industria cultural y profesional, incluyendo cambios en el mercado del libro, el doblaje y la actividad de los traductores públicos. De acuerdo con operadores del mercado financiero, la desregulación alcanzará al sistema de capitales y al régimen de distribución de gas licuado en garrafas, eliminando privilegios impositivos que actualmente benefician a las entidades cooperativas frente a otras estructuras societarias. En el sector agropecuario, se propone que cada productor tenga la libertad de elegir al veterinario para su hacienda, desplazando la potestad que hoy mantienen las fundaciones de organizaciones rurales, una medida que busca dinamizar la sanidad animal mediante la competencia profesional.
En materia de transporte y logística, la reforma introduce el Sistema Federal de Registro de Garantías y modifica la Ley de Marina Mercante Nacional para fomentar la competitividad en el traslado de contenedores entre terminales portuarias. Las fuentes oficiales indican que se flexibilizarán los requisitos de tripulación argentina y se reducirán las restricciones para la importación de embarcaciones, bajo la premisa de que la actual protección del sector ha derivado en una pérdida de posiciones relativas frente al comercio global. Asimismo, el proyecto incluye cambios en la Ley de Alcoholes y Vinos, afectando la producción, circulación y comercialización de la industria vitivinícola, eliminando controles burocráticos que el Ejecutivo considera obsoletos para el comercio moderno.
Contexto
Esta ofensiva legislativa se produce tras la implementación del DNU 70/23, que sentó las bases para la modernización del Estado, y la reciente creación de la cartera específica liderada por Federico Sturzenegger. El antecedente inmediato es la pérdida sistemática de competitividad de la Argentina frente a sus socios del Mercosur, atribuida por el oficialismo a una estructura estatal sobredimensionada y a la persistencia de privilegios sectoriales. El Gobierno sostiene que la ineficiencia y la corrupción de administraciones anteriores, mencionando figuras como Cristina Kirchner, Sergio Massa y Martín Insaurralde, consolidaron un modelo de “adipocidades estatales” que impiden el crecimiento económico genuino y la llegada de inversiones extranjeras directas.
El escenario político actual está marcado por una fuerte tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, especialmente tras la decisión de la Casa Rosada de no extender el mandato del juez Martín Irurzun al cumplir los 75 años, una medida que contrasta con la situación del juez Carlos Mahiques, quien sí obtuvo la prórroga de cinco años prevista por la ley. Esta disparidad de criterios en el Ministerio de Justicia ha generado críticas sobre la coherencia en la aplicación de criterios de idoneidad y mérito, principios que el propio Sturzenegger intenta institucionalizar mediante exámenes de ingreso obligatorios para la administración pública nacional, buscando desterrar el uso de cargos públicos como moneda de cambio política.
Impacto
El impacto directo de la sanción de estos 350 artículos se sentirá inicialmente en el costo de vida y en la operatividad de las pequeñas y medianas empresas. Al eliminar la exclusividad de las matrículas en el sector inmobiliario y permitir la libre elección de profesionales en el agro, se espera una reducción de los costos fijos que hoy asfixian la rentabilidad privada. Según analistas del sector farmacéutico, la liberalización del mercado de medicamentos y la protección de la propiedad intelectual para laboratorios extranjeros podrían atraer inversiones en investigación y desarrollo, aunque el éxito de la medida dependerá de la capacidad del Estado para actuar como un regulador eficiente que garantice la seguridad jurídica y el cumplimiento de las normas sanitarias.
Por otro lado, la apertura del cabotaje y la reforma en la marina mercante plantean un desafío para los sindicatos del sector, que verán modificadas las condiciones de contratación y la competencia con banderas internacionales. La simplificación de trámites y el cierre de organismos con funciones superpuestas buscan aliviar la carga burocrática sobre el ciudadano común, aunque la efectividad de esta transformación del Estado está supeditada a que los jueces no paralicen las reformas mediante medidas cautelares, como ocurrió con capítulos previos de la Ley Bases. La mejora en la calificación de riesgo crediticio de Argentina por parte de agencias internacionales sugiere que el mercado observa con atención este proceso de desregulación como una señal de previsibilidad a largo plazo.
El próximo paso para el Ejecutivo será la defensa del proyecto en las comisiones del Senado, donde el oficialismo deberá negociar con bloques opositores que ya han manifestado reparos sobre la eliminación de protecciones a industrias locales. La batalla legislativa se centrará en los artículos que afectan a las cooperativas y al régimen de cabotaje, puntos que generan resistencia en las provincias con fuerte actividad portuaria y asociativa. El éxito de esta reforma determinará si el Gobierno logra consolidar un cambio de paradigma económico o si las estructuras corporativas logran mantener el statu quo mediante la presión política y judicial.
