El exsenador nacional Edgardo Kueider declarará este jueves 23 ante el juez de Delitos Económicos de Asunción, Humberto Otazú, en una causa que lo investiga por presunto lavado de dinero tras su detención en la frontera paraguaya.
La audiencia judicial representa un nuevo capítulo en la situación procesal del exlegislador entrerriano, quien actualmente cumple prisión domiciliaria en Paraguay con el uso de una tobillera electrónica. Según informaron fuentes judiciales en Asunción, el magistrado Otazú deberá resolver si mantiene el régimen de detención actual o si endurece las medidas cautelares contra el imputado. La fiscalía paraguaya sostiene que Kueider, junto a su pareja y exsecretaria Iara Guinsel Costa, habría montado una compleja ingeniería jurídica y patrimonial para canalizar fondos de origen ilícito. Los investigadores pusieron el foco en las firmas Golsur S.A. y Exclusiva EAS, empresas que habrían funcionado como pantallas para la adquisición de seis departamentos de lujo y sus respectivas cocheras en el exclusivo barrio Las Mercedes, en la capital paraguaya. Los peritajes contables preliminares sugieren que el flujo de capitales utilizado para estas operaciones inmobiliarias no guarda correlación con los ingresos declarados por el exsenador ante los organismos fiscales argentinos.
El avance de esta causa por lavado de dinero se produce apenas días después de que el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos dictara una condena contra Kueider por tentativa de contrabando. El fallo, emitido por los jueces Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete, le impuso una pena de dos años de prisión en suspenso, mientras que Guinsel Costa recibió un año y diez meses, también de cumplimiento condicional. Durante aquel proceso, la Fiscalía había solicitado una condena de dos años y dos meses de prisión efectiva, argumentando que la maniobra de ocultamiento de divisas fue deliberada y sistemática. Sin embargo, al ser la pena inferior a los treinta meses, los acusados evitaron el ingreso a un establecimiento penitenciario. Tras conocerse el veredicto, Kueider manifestó su disconformidad y adelantó que apelará la resolución: “No se han aplicado los criterios de legislación comparada en el resto del mundo con respecto a que el dinero no constituye mercadería”, sostuvo el exlegislador, quien además ratificó su inocencia al afirmar que no corresponde pedir disculpas por un delito que, según su visión, no cometió.
Contexto
El caso que involucra al exsenador nacional se inició el 4 de diciembre de 2024, cuando fue interceptado por autoridades aduaneras en el Puente Internacional de la Amistad, el paso fronterizo que conecta Foz de Iguazú, en Brasil, con Ciudad del Este, en Paraguay. Durante un operativo de control de rutina sobre el vehículo en el que se desplazaba junto a Guinsel Costa, los agentes hallaron una suma total de u$s211.000, $3,9 millones de pesos argentinos y 646.000 guaraníes en efectivo. El dinero no había sido declarado ante las autoridades migratorias ni aduaneras de ninguno de los países involucrados, lo que derivó en la detención inmediata de ambos ocupantes. Este incidente provocó un fuerte cimbronazo político en la provincia de Entre Ríos y en el Congreso de la Nación, donde Kueider ocupaba una banca tras haber sido electo por el Frente de Todos, aunque luego formó parte del bloque Unidad Federal.
La investigación posterior reveló que el hallazgo de las divisas era solo la superficie de una estructura financiera más amplia. De acuerdo con los informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de Paraguay, las sociedades vinculadas a Kueider habrían operado con una dinámica sospechosa desde meses antes de su detención. Los antecedentes indican que la creación de las Sociedades de Acciones Simplificadas (EAS) en Paraguay facilitó la adquisición de bienes raíces sin los controles rigurosos que se aplican a ciudadanos extranjeros. Los investigadores paraguayos trabajan en conjunto con organismos internacionales para determinar si los fondos incautados en el puente internacional eran parte de un esquema de goteo de divisas destinado a financiar las cuotas de los departamentos de lujo en el barrio Las Mercedes, una de las zonas con mayor revalorización inmobiliaria de Asunción.
Impacto
La situación de Edgardo Kueider tiene consecuencias directas tanto en el plano judicial paraguayo como en el escenario político argentino. En Paraguay, la causa por lavado de dinero es considerada de mayor gravedad institucional que la de contrabando, ya que implica una estructura organizada para el blanqueo de capitales, lo que podría derivar en penas de prisión efectiva de hasta diez años. El impacto de este proceso pone a prueba la celeridad de la justicia especializada en delitos económicos de ese país, en un momento donde Paraguay busca mejorar sus calificaciones ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Para el exsenador, el riesgo procesal aumentó significativamente tras la condena previa, ya que cualquier nueva sentencia podría unificarse y resultar en una detención en un penal común, perdiendo el beneficio de la prisión domiciliaria que goza actualmente en un departamento de la capital paraguaya.
En la Argentina, el caso ha reavivado el debate sobre los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios públicos y la transparencia en el financiamiento de la política. La expulsión de Kueider del ámbito legislativo y su posterior condena en el país vecino han dejado un vacío de representación en ciertos sectores del peronismo disidente que el exsenador integraba. Además, la justicia argentina sigue de cerca los avances en Asunción para determinar si corresponde abrir una investigación paralela por enriquecimiento ilícito en territorio nacional. Operadores del mercado financiero y analistas políticos coinciden en que este caso marca un precedente sobre la vulnerabilidad de las fronteras terrestres para el movimiento de divisas y la facilidad con la que se pueden constituir sociedades pantalla en países limítrofes para ocultar activos no declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El futuro inmediato de Kueider dependerá de la solidez de las pruebas que presente la fiscalía este jueves respecto al origen de los fondos utilizados por Golsur S.A. y Exclusiva EAS. Si el juez Otazú considera que existe riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación, el exlegislador podría ser trasladado a una unidad penitenciaria. Mientras tanto, la defensa técnica del argentino se prepara para cuestionar la validez de los peritajes contables, insistiendo en que el dinero incautado pertenecía a ahorros personales y préstamos privados debidamente documentados. La resolución que se tome tras la audiencia de este jueves será determinante para definir si el proceso avanza hacia un juicio oral por lavado de dinero antes de fin de año o si se mantienen las medidas de restricción actuales.
