Dirigentes radicales presentaron un pedido de juicio político contra la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, tras sus declaraciones discriminatorias hacia la selección de Francia durante el Mundial 2026, alegando mal desempeño y conducta impropia.
La presentación formal fue encabezada por el abogado y exsenador nacional Miguel Mathus Escorihuela, junto al exdiputado nacional Fernando Armagnague y otros referentes de la Unión Cívica Radical (UCR). El documento, fundamentado en el artículo 109 de la Constitución de Mendoza, sostiene que la funcionaria incurrió en una falta grave al referirse al conjunto galo como un “equipo africano de flojos modales” y manifestar públicamente su rechazo hacia el delantero Kylian Mbappé tras un encuentro contra Paraguay. Según los denunciantes, estas expresiones no solo afectan la investidura de la Vicegobernación, sino que comprometen el prestigio de la provincia y de la ciudadanía mendocina frente a la comunidad internacional. El escrito fue dirigido a André Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados, iniciando un proceso institucional que requiere mayorías especiales para prosperar en la Legislatura provincial.
El conflicto escaló rápidamente al plano diplomático y judicial, obligando al gobernador Alfredo Cornejo a intervenir de manera directa para contener los daños. Cornejo envió una carta formal al embajador de Francia en Argentina para desvincular al Poder Ejecutivo de los dichos de Casado, a los que calificó explícitamente como de carácter discriminatorio. A pesar del distanciamiento del mandatario, la Embajada de Francia en Argentina emitió un fuerte repudio y declaró a la vicegobernadora persona non grata. En paralelo, el abogado Alfredo Guevara inició una causa penal bajo la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios, la cual fue derivada al fuero federal debido a la naturaleza de la infracción y la investidura de la acusada. Por su parte, el bloque del Partido Justicialista en la Legislatura mendocina impulsó diversos proyectos de resolución para manifestar un repudio institucional unánime ante lo que consideran una ofensa gratuita a una nación extranjera.
A pesar de la presión política y social, Hebe Casado ratificó sus palabras y se negó a ofrecer una disculpa pública o una rectificación de sus conceptos. La funcionaria argumentó que sus comentarios se enmarcan en el folclore futbolero y atribuyó la reacción negativa a una corriente de “correctismo político” y “wokismo”. Según fuentes de la Vicegobernación, Casado sostiene que no existe racismo en señalar el origen étnico de los jugadores y desafió a sus críticos al afirmar que solo debería rectificarse quien considere que ser africano es una condición de inferioridad. Esta postura desafiante profundizó la grieta interna dentro de la coalición de gobierno, donde sectores del radicalismo buscan diferenciarse de la retórica de la vicegobernadora, quien pertenece al PRO, para evitar que el costo político afecte la gestión de Cornejo en un momento de sensibilidad social.
Contexto
El incidente ocurre en un escenario de tensiones acumuladas entre Argentina y Francia en el ámbito deportivo e institucional, que se remontan a la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y se profundizaron con cánticos polémicos de jugadores argentinos en celebraciones posteriores. La provincia de Mendoza mantiene vínculos comerciales y culturales estrechos con Francia, especialmente en la industria vitivinícola, donde numerosas bodegas de capitales franceses operan en el Valle de Uco y Luján de Cuyo. Los antecedentes de Casado en redes sociales ya habían generado roces previos con sectores de la oposición, pero nunca habían alcanzado el nivel de una crisis diplomática formal. La Constitución de Mendoza establece un mecanismo rígido para la remoción de funcionarios mediante juicio político, exigiendo que la Cámara de Diputados actúe como acusadora y el Senado como juzgador, con el voto de dos tercios de los miembros presentes en ambos cuerpos.
La historia reciente de la provincia muestra pocos antecedentes de procesos de esta magnitud contra un vicegobernador en ejercicio. Los firmantes del pedido, Mathus Escorihuela y Armagnague, representan a un sector histórico de la UCR que cuestiona la alianza con sectores más radicalizados del espectro político. Este pedido de destitución se suma a una serie de cuestionamientos sobre la ética pública y los límites de la libertad de expresión de los funcionarios de alto rango. En el ámbito nacional, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) ha intervenido históricamente en casos similares, aunque la actual coyuntura política nacional ha modificado los canales de denuncia habituales, trasladando el peso de la sanción al ámbito legislativo y judicial federal.
Impacto
El impacto de este pedido de juicio político es, ante todo, institucional y diplomático, ya que pone a prueba la solidez de la coalición gobernante en Mendoza y la capacidad de la Legislatura para sancionar conductas discriminatorias. En términos prácticos, la declaración de persona non grata por parte de Francia limita la actividad oficial de la vicegobernadora en eventos internacionales y misiones comerciales vinculadas al sector productivo mendocino. Operadores del mercado vitivinícola expresaron su preocupación por posibles represalias simbólicas o comerciales que afecten la imagen de la marca Mendoza en Europa. Además, el proceso legislativo obligará a los diputados y senadores oficialistas a definir una postura pública: proteger a la compañera de fórmula del gobernador o avalar un proceso que podría terminar en su remoción, lo que generaría una crisis de gobernabilidad sin precedentes en la gestión actual.
Desde el punto de vista social, el caso reavivó el debate sobre el racismo estructural en el fútbol y la responsabilidad de los representantes del Estado al emitir opiniones en plataformas digitales. La judicialización del caso bajo la Ley Antidiscriminatoria implica que Casado podría enfrentar no solo la destitución política, sino también sanciones legales que inhabiliten su carrera futura. La repercusión en la opinión pública ha sido divisiva, reflejando una tensión entre quienes consideran sus dichos como una opinión privada protegida por la libertad de expresión y quienes exigen estándares éticos más elevados para quienes ocupan cargos de máxima jerarquía. El impacto se extiende también a la relación entre el PRO y la UCR a nivel provincial, donde las diferencias ideológicas sobre el manejo de las relaciones exteriores y los derechos humanos se han vuelto más evidentes tras este episodio.
El proceso ahora queda en manos de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Mendoza, que deberá analizar la admisibilidad de la denuncia presentada por los dirigentes radicales. Se espera que en las próximas semanas se defina si existen pruebas suficientes para avanzar con la acusación formal ante el Senado provincial. Mientras tanto, la tensión política en la Legislatura se mantiene elevada, con el justicialismo presionando para que el tratamiento no se dilate en el tiempo, mientras el oficialismo busca una salida que minimice el daño institucional sin fracturar la alianza de gobierno. El desenlace de este caso marcará un precedente fundamental sobre los límites del discurso público para los funcionarios en la era de las redes sociales.
