Ariel García Furfaro, el empresario que adquirió la histórica casa de Diego Maradona en Villa Devoto, permanece detenido en el penal federal de Marcos Paz bajo cargos de fabricación y comercialización de fentanilo contaminado que causó 111 muertes.
La investigación, liderada por el juez federal Ernesto Kreplak, señala a García Furfaro como el responsable real de un entramado farmacéutico compuesto por HLB Pharma, Laboratorios Ramallo y la droguería Alfarma. Según fuentes judiciales, el expediente reconstruye una de las mayores tragedias sanitarias de la Argentina, vinculando directamente las ampollas producidas por estas plantas con el fallecimiento de pacientes en diversos centros de salud. El magistrado analiza actualmente 111 casos fatales y otros 49 cuadros no fatales, todos presuntamente derivados de la administración del opioide adulterado. Entre las víctimas identificadas figuran Renato Nicolini, un joven de 18 años; Luis Rossetti, exjuez de línea de la AFA; y Miguel Maino, quien se encontraba internado para una cirugía programada en la ciudad de Rosario.
Las pericias técnicas realizadas por el Instituto Malbrán resultaron determinantes para el avance de la causa. Los análisis microbiológicos confirmaron que las bacterias halladas en los lotes de fentanilo cuestionados eran genéticamente idénticas a las detectadas en los organismos de los pacientes afectados. De acuerdo con operadores del sistema judicial, la contaminación se habría producido por fallas críticas en la cadena de producción, incluyendo la falta de higiene entre lotes, la ausencia de controles de esterilidad y la presunta adulteración de documentación oficial para eludir las inspecciones. Además, el expediente incorpora transcripciones de mensajes telefónicos donde directivos de la firma discutían maniobras para “dibujar” registros y eliminar información de los servidores una vez que el escándalo tomó estado público.
A la compleja situación sanitaria se suma una causa paralela por delitos económicos. García Furfaro fue procesado por presunto contrabando agravado tras detectarse una maniobra de sobrefacturación en la importación de maquinaria desde China. Según la acusación, el grupo declaró ante la Aduana un valor superior a los 5 millones de dólares por equipos que habrían costado 500.000 dólares, con el objetivo de acceder al mercado oficial de cambios en un contexto de fuertes restricciones cambiarias. En sus declaraciones indagatorias, que se extendieron por más de seis horas, el empresario intentó desvincularse de la gestión operativa, responsabilizando a excolaboradores y cuestionando el rol de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en la fiscalización de sus plantas.
Contexto
El ascenso público de García Furfaro ocurrió en noviembre de 2022, cuando adquirió por 900.000 dólares el chalet de la calle José Luis Cantilo al 4500, propiedad que perteneció a la familia Maradona durante la década de 1980. En aquel entonces, el empresario se presentó como un salvador del patrimonio histórico frente a la amenaza de demolición del inmueble. Durante la final del Mundial de Qatar, el 18 de diciembre de 2022, organizó un evento masivo donde recibió a cientos de hinchas con 200 kilos de carne y un despliegue logístico inusual, posicionándose como una figura mediática ligada a la filantropía y el sentimiento popular. Sin embargo, mientras la opinión pública lo veía celebrar el título de la Selección, la Justicia ya comenzaba a rastrear las irregularidades en sus laboratorios tras una alerta microbiológica surgida en el Hospital Italiano de La Plata.
La estructura societaria del grupo económico también está bajo la lupa. Además de Ariel, su hermano Diego García Furfaro se encuentra detenido, mientras que su madre, Nilda Furfaro, cumple prisión domiciliaria. Un tercer hermano, Damián, obtuvo la falta de mérito pero permanece vinculado al proceso con prohibición de salida del país. Según fuentes del Ministerio de Salud, las plantas de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo operaban con deficiencias estructurales que habían sido señaladas en inspecciones previas, pero que no impidieron que el fentanilo contaminado llegara a hospitales públicos y privados de todo el territorio nacional, desencadenando la crisis que hoy mantiene a la cúpula empresarial tras las rejas.
Impacto
El caso ha generado un sismo en la industria farmacéutica local y en los protocolos de control estatal. El procesamiento de 17 personas y el dictado de embargos por un billón de pesos marcan un precedente histórico en la justicia federal argentina. Para los familiares de las víctimas, el avance de la causa representa la posibilidad de una condena que podría alcanzar los 25 años de prisión por el delito de comercialización de sustancias peligrosas para la salud agravada por el resultado de muerte. El impacto trasciende lo penal: la revelación de que un medicamento esencial para cirugías y cuidados críticos pudo ser fabricado con “indiferencia deliberada” hacia los riesgos sanitarios ha obligado a una revisión exhaustiva de los procesos de trazabilidad de drogas inyectables en el país.
Desde el punto de vista económico, el desmantelamiento del grupo Alfarma y sus laboratorios asociados deja un vacío en la provisión de ciertos genéricos, pero también expone la vulnerabilidad del sistema ante maniobras de sobrefacturación de importaciones. La Justicia sostiene que el dinero obtenido mediante estas operaciones ilícitas podría haber financiado la expansión del grupo, incluyendo la compra de activos de alto perfil como la casa de Villa Devoto. La conexión entre el éxito empresarial aparente y las prácticas negligentes en la fabricación de medicamentos es el eje central sobre el cual el juez Kreplak construye la acusación de una estructura criminal organizada bajo el ropaje de una industria lícita.
El futuro de Ariel García Furfaro se encamina hacia un juicio oral que promete ser uno de los más extensos de la década. Mientras la Argentina se enfoca en nuevos desafíos deportivos y políticos, el hombre que alguna vez fue el anfitrión de la alegría mundialista en la casa de Maradona aguarda el inicio de las audiencias desde una celda de máxima seguridad. La próxima etapa procesal incluirá la ampliación de indagatorias para 14 de los imputados, una instancia clave donde la defensa intentará nuevamente desviar la responsabilidad hacia los mandos técnicos, mientras la fiscalía busca consolidar la prueba que vincula directamente a los dueños del laboratorio con las muertes en los hospitales. La tensión permanece en la resolución de los recursos de apelación presentados por los abogados defensores contra los procesamientos dictados en septiembre de 2025.
