Chile inició este sábado las tareas de reparación en la zona centro-sur tras un violento temporal que dejó cuatro muertos, 5.500 viviendas dañadas y 350.000 hogares sin suministro eléctrico, mientras el fenómeno meteorológico se desplaza hacia el norte del país.
Las tareas de reconstrucción y asistencia se concentran en las regiones más golpeadas por ráfagas de viento que alcanzaron los 160 km/h y precipitaciones que superaron los 200 milímetros en menos de 24 horas. Según datos oficiales del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el balance actual arroja miles de evacuados preventivos, más de 800 personas alojadas en albergues estatales y cerca de un millar de ciudadanos aislados por la crecida de ríos y esteros. En la población Manuel Bustos, un asentamiento en la periferia de Viña del Mar, los vecinos trabajan intensamente para retirar el barro de sus hogares y despejar caminos que quedaron bloqueados por desmoronamientos de tierra. María Tapia Díaz, presidenta del Comité Villa La Padrera, describió la magnitud del evento al señalar que, aunque esperaban lluvias, no previeron la violencia de un fenómeno que arrancó techos de raíz y provocó deslizamientos en zonas críticas de la región.
La situación habitacional es crítica en sectores vulnerables como el Comité de Vivienda Acogida 2001, donde residen unas 1.500 familias que ya habían sido damnificadas por los incendios forestales a principios de 2024. Carolina Rojas, presidenta de dicha organización, confirmó que la totalidad de las familias del sector sufrieron daños directos o indirectos, lo que obliga a un relevamiento urgente de materiales de construcción para enfrentar lo que resta del invierno. Por su parte, el delegado presidencial en la Región Metropolitana, Germán Codina, destacó que la capital resistió el embate gracias a un trabajo preventivo en campamentos y asentamientos informales, aunque reconoció que la infraestructura eléctrica sigue siendo el punto más débil de la respuesta estatal. En Valparaíso, el gobernador regional Rodrigo Mundaca fue tajante al señalar que el Estado chileno carece del “músculo” necesario para garantizar servicios básicos ante eventos meteorológicos de esta magnitud, calificando la caída de 200 milímetros de agua en un solo día como un fenómeno extraordinario que expone fallas estructurales históricas.
Contexto
Este temporal se posiciona como uno de los episodios meteorológicos más significativos de los últimos años en Chile, según los registros de la Dirección Meteorológica nacional. El fenómeno ocurre inmediatamente después de un otoño inusualmente cálido y seco, una anomalía climática vinculada directamente al fenómeno de El Niño que ha alterado los patrones de precipitación en el Cono Sur. Históricamente, la zona centro-sur de Chile ha enfrentado desafíos por su geografía de pendientes y quebradas, pero la intensidad de los vientos de 160 km/h registrados en esta oportunidad superó los parámetros de resistencia de gran parte del tendido eléctrico aéreo del país. Los antecedentes más cercanos de catástrofes similares se remontan a los aluviones de 2015 en la región de Atacama, lo que ha generado una alerta máxima en las autoridades ante el desplazamiento del frente hacia el norte.
La vulnerabilidad de las zonas afectadas se ve agravada por la superposición de catástrofes. Muchas de las áreas que hoy enfrentan inundaciones y voladuras de techos son las mismas que fueron devastadas por los incendios de febrero pasado. Esta recurrencia de eventos extremos en cortos períodos de tiempo ha dificultado las tareas de reconstrucción definitiva, dejando a miles de personas en viviendas de emergencia que no están diseñadas para soportar temporales de alta intensidad. El Senapred mantiene la alarma roja en diversas comunas, no solo por la lluvia acumulada, sino por el riesgo inminente de remoción de masa en terrenos que ya se encuentran saturados de agua, lo que podría derivar en nuevos aluviones en zonas densamente pobladas de la periferia urbana.
Impacto
El impacto económico y social del temporal es profundo, afectando a 10 de las 16 regiones de Chile. La interrupción del suministro eléctrico para 350.000 usuarios no solo afecta la vida cotidiana, sino que paraliza la actividad comercial y pone en riesgo la cadena de frío en centros de salud y hogares. Las pérdidas materiales en las 5.500 viviendas dañadas requerirán una inversión millonaria por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para subsidios de reparación y reconstrucción. Además, el encallamiento de embarcaciones y el anegamiento de rutas principales han complicado la logística de abastecimiento en las regiones de Valparaíso y Biobío, donde la infraestructura vial sufrió socavones y cortes por desbordes de cauces naturales. La prioridad inmediata de las autoridades es el restablecimiento de la energía y la entrega de kits de habitabilidad para evitar enfermedades respiratorias ante la persistencia del frío.
En términos institucionales, el temporal ha reabierto el debate sobre la calidad de los servicios públicos concesionados y la capacidad de respuesta de las empresas eléctricas ante emergencias. La crítica del gobernador Mundaca sobre la falta de capacidad estatal para asegurar servicios básicos refleja una tensión política creciente entre las regiones y el gobierno central respecto a la inversión en infraestructura resiliente al cambio climático. La afectación de la población Manuel Bustos y otros campamentos subraya la urgencia de políticas de urbanización que contemplen los riesgos hídricos y geológicos, ya que los sectores más pobres de la sociedad chilena son, una vez más, los que asumen el costo humano y material más alto frente a la crisis climática.
El frente de mal tiempo continuará su avance hacia el norte durante las próximas horas, con especial preocupación en la región de Coquimbo y Atacama, donde ya se ha declarado la alerta roja. Se espera que las precipitaciones persistan hasta la noche del domingo, lo que mantiene en vilo a los equipos de emergencia ante la posibilidad de nuevos desbordes. El próximo paso del gobierno será la finalización de los catastros de daños para iniciar la distribución de materiales de construcción y bonos de recuperación, mientras las empresas distribuidoras de energía enfrentan una presión social y política creciente para normalizar el servicio en las zonas que llevan más de 48 horas a oscuras.
