La Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Morón confirmó este viernes la prisión preventiva para el oficial de la Policía de la Ciudad Lucas Adrián Gómez, acusado de asesinar a Juan Cruz Leal en Ituzaingó.
El tribunal, integrado por los magistrados Fabián Cardoso, Fernando Bellido y Diego Grau, ratificó la medida cautelar impuesta previamente por el Juzgado de Garantías N° 2, rechazando de forma unánime los pedidos de excarcelación y de arresto domiciliario presentados por la defensa del uniformado. Gómez, de 36 años, enfrenta cargos por homicidio agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego, en concurso real con tentativa de homicidio. Los jueces consideraron que no existen elementos que justifiquen la libertad del imputado mientras avanza el proceso hacia el juicio oral, dada la gravedad de la pena en expectativa y el riesgo de entorpecimiento de la causa. Según fuentes judiciales del Departamento de Morón, la resolución se fundamentó en la desproporción del accionar policial frente a dos jóvenes que simplemente se dirigían a un complejo deportivo.
La reconstrucción del hecho, ocurrida el pasado 12 de marzo a las 22:05 horas, determinó que Gómez circulaba junto a su esposa en una motocicleta Honda XR 150 sin chapa patente por la intersección de las calles Martín Rodríguez y Suboficial Perdomo. Al notar que detrás de él se aproximaba otra moto Honda CB en la que viajaban Juan Cruz Leal, de 21 años, y Daniel Enrique Khune, el oficial realizó una maniobra brusca de frenado y derrape para interceptarlos. Sin que mediara ninguna palabra o advertencia previa, el efectivo extrajo su arma reglamentaria y efectuó múltiples disparos contra los jóvenes. Leal recibió dos impactos: uno en el hemitórax derecho y otro en el muslo izquierdo que perforó la arteria femoral, provocándole la muerte horas más tarde en el Hospital del Bicentenario. Por su parte, Khune sobrevivió a un disparo en el tórax que, por escasos centímetros, no afectó órganos vitales, según detallaron los peritos médicos de la Policía Científica.
Contexto
El argumento central de la defensa, encabezada por los abogados Guillermo Endi y Agustina Vivas Ferlín, se basó en la figura de la “legítima defensa putativa”. Según esta versión, el oficial Gómez actuó bajo la creencia errónea de que estaba por ser víctima de un robo, motivado por un asalto previo que habría sufrido la pareja y por la supuesta actitud sospechosa de la motocicleta que los seguía. Sin embargo, los magistrados de la Cámara de Apelaciones calificaron este relato como una “entelequia”, término que refiere a una construcción ficticia sin sustento en la realidad objetiva. Las pericias y testimonios recolectados por la fiscal María Alejandra Bonini, de la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, demostraron que las víctimas no portaban armas ni realizaron maniobras de intimidación, sino que circulaban con premura porque tenían una reserva para jugar al fútbol en el predio “Goles y Gambeta” de la localidad de Merlo.
Para los jueces Cardoso, Bellido y Grau, la experiencia profesional de Gómez resultó un factor agravante en el análisis de su conducta. Con más de doce años de servicio en la Policía de la Ciudad, el tribunal sostuvo que el imputado poseía el entrenamiento necesario para evaluar el riesgo de manera racional y optar por métodos menos lesivos antes de abrir fuego. El fallo subraya que el oficial disparó cuando el supuesto peligro era apenas una conjetura incierta, omitiendo protocolos básicos de identificación. Además, se incorporaron al expediente informes vecinales que describen antecedentes de Gómez exhibiendo su arma de fuego en situaciones de alarma barrial menores, lo que reforzó la imagen de un perfil con baja tolerancia al estrés y propensión al uso desmedido de la fuerza pública en el ámbito civil.
Impacto
Esta resolución judicial marca un precedente importante en la jurisdicción de Morón respecto a los casos de violencia institucional y el uso de armas reglamentarias fuera de servicio. La confirmación de la preventiva asegura que el oficial permanecerá alojado en un pabellón especial de la Unidad Penal 39 de Ituzaingó hasta el inicio del debate oral, evitando posibles presiones sobre los testigos clave del barrio. Para la familia de Juan Cruz Leal, el fallo representa un avance significativo en la búsqueda de justicia, en un contexto donde las organizaciones de derechos humanos han denunciado un incremento en los casos de “gatillo fácil” bajo la justificación de la legítima defensa. La decisión de la Cámara también envía un mensaje interno a las fuerzas de seguridad sobre la responsabilidad civil y penal que conlleva el porte de armas en la vía pública, incluso en situaciones de presunta inseguridad.
Desde el Ministerio de Seguridad porteño han seguido de cerca el caso, aunque el oficial ya fue separado preventivamente de sus funciones y se le inició un sumario administrativo que podría derivar en su exoneración definitiva una vez que la sentencia quede firme. La fiscalía, en tanto, se encuentra en la etapa final de la instrucción, habiendo completado las pericias balísticas que confirmaron que todas las vainas servidas encontradas en la escena del crimen pertenecen al arma reglamentaria de Gómez. La querella, por su parte, adelantó que solicitará la pena máxima prevista para el homicidio agravado, entendiendo que no hubo ningún factor de mitigación en el ataque directo contra los dos jóvenes que solo buscaban llegar a tiempo a un partido de fútbol dominical.
El próximo paso procesal será la elevación de la causa a juicio, trámite que la fiscal Bonini espera concretar antes de que finalice el presente año judicial. Mientras tanto, Daniel Khune, el único sobreviviente del ataque, continúa bajo tratamiento médico y psicológico, siendo su testimonio la pieza fundamental para desarticular la versión del oficial sobre el supuesto intento de robo. La tensión en el barrio de Ituzaingó persiste, con movilizaciones periódicas de amigos y familiares de Leal frente a la fiscalía, exigiendo que el proceso no sufra dilaciones y que la condena sea ejemplificadora para evitar que se repitan episodios de violencia policial injustificada en la zona oeste del conurbano bonaerense.
