El funcionario mendocino Diego Silvestre renunció a sus cargos públicos tras dar positivo en un control de alcoholemia con 2,26 gramos de alcohol en sangre el pasado domingo en San Rafael, Mendoza.
El operativo policial se desarrolló alrededor de las 10:40 de la mañana en la localidad del sur provincial, cuando agentes viales detuvieron la marcha de una camioneta Fiat Strada conducida por el abogado de 40 años. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad de Mendoza, el test de alcoholemia arrojó un resultado que cuadruplica el límite legal permitido de 0,5 gramos para conductores particulares. La situación de Silvestre se agravó de inmediato cuando los efectivos constataron que el conductor circulaba sin la licencia de conducir, carecía de seguro obligatorio vigente y no portaba la cédula verde del vehículo, lo que derivó en el secuestro de la unidad y el inicio de un proceso contravencional ante la justicia local.
Silvestre desempeñaba funciones de alta responsabilidad técnica y política en la estructura del gobierno provincial y municipal. Hasta el momento de su dimisión, ocupaba el rol de coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de San Rafael, un organismo sensible encargado de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Paralelamente, el letrado se desempeñaba como consejero titular en el Consejo de Minería de Mendoza, cargo al que había accedido hacía menos de un mes en representación del Colegio de Abogados. Su perfil profesional se completaba con su labor como asesor técnico del bloque de Cambia Mendoza en el Concejo Deliberante de San Rafael y una activa militancia en la Unión Cívica Radical (UCR), espacio que hoy lidera la coalición de gobierno en la provincia cuyana.
Ante la gravedad de las infracciones y la repercusión pública del caso, Silvestre presentó su renuncia indeclinable el miércoles por la mañana. Desde el Poder Ejecutivo provincial, fuentes oficiales indicaron que la dimisión fue aceptada de forma inmediata para desvincular la gestión de la conducta privada del exfuncionario. Por su parte, voceros del Ministerio de Ambiente y Energía aclararon que la designación de Silvestre en el área minera no respondía a una elección directa de la cartera, sino a una postulación institucional del Colegio de Abogados, intentando así limitar el costo político para el gabinete del gobernador Alfredo Cornejo. La celeridad en la salida de Silvestre buscó diferenciar este episodio de otros casos previos donde la permanencia de los infractores generó fuertes tensiones legislativas.
Contexto
Este incidente se inscribe en una serie de casos similares que han afectado la credibilidad de la función pública en Mendoza durante el último año. Los antecedentes inmediatos muestran una disparidad de criterios en las salidas de los funcionarios involucrados en faltas viales graves. El 17 de enero de 2025, Jorge Teves debió abandonar la presidencia del Ente de Movilidad Provincial (EMOP) tras ser detectado con 1,2 gramos de alcohol en sangre mientras conducía un vehículo oficial en Godoy Cruz. Aquel caso sentó un precedente de tolerancia cero para cargos ejecutivos, aunque la situación en los cuerpos legislativos ha sido marcadamente distinta, donde la protección de los bloques políticos ha impedido sanciones mayores frente a hechos de naturaleza idéntica.
En el ámbito legislativo, los casos de Miqueas Burgoa y Martín Antolín ilustran la dificultad de aplicar sanciones éticas en los concejos deliberantes. Burgoa, concejal radical de General Alvear, registró 1,25 gramos de alcohol en sangre en mayo de 2025 en la localidad de Bowen, pero logró conservar su banca debido a que la oposición no reunió los votos necesarios para su remoción. Un escenario similar enfrentó el concejal libertario Martín Antolín en San Rafael, quien fue detenido en noviembre con 1,16 gramos de alcohol mientras conducía un vehículo de alta gama. A pesar de los pedidos de destitución por inhabilidad moral, las mayorías parlamentarias blindaron su permanencia, marcando un contraste con la salida inmediata que hoy protagoniza Silvestre ante la presión del Ejecutivo.
Impacto
La salida de Silvestre genera un vacío operativo en el Equipo Técnico Interdisciplinario de San Rafael, una oficina que gestiona casos críticos de vulnerabilidad social en el sur mendocino. Fuentes judiciales señalaron que la acefalía temporal en la coordinación del ETI podría demorar firmas administrativas urgentes, mientras el Ministerio de Salud y Desarrollo Social busca un reemplazo técnico que cumpla con los requisitos de idoneidad para el área. Asimismo, el Consejo de Minería pierde a su representante técnico por el sector de los abogados en un momento donde la provincia discute reformas clave para la actividad extractiva, lo que obligará al Colegio de Abogados a iniciar un nuevo proceso de selección interna para cubrir la vacante de consejero titular.
Desde el punto de vista legal, Silvestre enfrenta ahora las sanciones previstas en la Ley de Seguridad Vial de Mendoza, que tras las últimas reformas endureció las multas y los tiempos de inhabilitación para quienes superen el gramo de alcohol por litro de sangre. Al haber registrado 2,26 gramos, el exfuncionario se expone a una multa económica que podría superar el millón de pesos, además de una inhabilitación para conducir que oscila entre los 90 y 365 días. La falta de seguro y licencia de conducir actúan como agravantes en el expediente administrativo, lo que imposibilita cualquier tipo de beneficio de pago voluntario o reducción de pena, según explicaron operadores del sistema de juzgados viales de la provincia.
El caso reaviva el debate en la Legislatura provincial sobre la necesidad de una ley de “Ética Pública Vial” que establezca la renuncia automática para cualquier funcionario de los tres poderes que dé positivo en un control de alcoholemia. Mientras el oficialismo intenta cerrar la crisis con la aceptación de la renuncia, sectores de la oposición en San Rafael adelantaron que pedirán informes detallados sobre la situación del vehículo Fiat Strada para determinar si existía algún tipo de uso irregular de bienes vinculados a la función pública. El próximo paso será la designación de los nuevos titulares en las áreas vacantes, en un clima de extrema sensibilidad social por la seguridad vial en la provincia.
