Un hombre de 79 años falleció en la localidad mendocina de Las Heras tras descompensarse en un geriátrico que operaba sin habilitación oficial, luego de que un corte de suministro eléctrico interrumpiera el funcionamiento de su equipo de asistencia respiratoria.
El trágico episodio se desencadenó cuando el hijo de la víctima acudió al establecimiento para visitar a su padre y lo encontró en un estado de salud crítico. Según informaron fuentes de la Policía de Mendoza, el jubilado padecía Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y dependía de dispositivos médicos que requieren energía eléctrica constante para su funcionamiento. Al momento del hallazgo, el lugar carecía de luz desde hacía varias horas, lo que habría provocado la falla en el tratamiento de oxígeno del paciente. Ante la urgencia, el familiar decidió trasladar al hombre por sus propios medios al hospital local, pero los médicos de guardia confirmaron que el paciente ingresó al centro asistencial ya sin signos vitales, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades judiciales y policiales de la jurisdicción.
La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, contra los Animales y No Especializados. El fiscal a cargo se desplazó personalmente hasta el inmueble ubicado en el departamento de Las Heras para encabezar una inspección ocular y determinar las condiciones de habitabilidad del recinto. Durante el procedimiento, los peritos judiciales y el personal policial constataron que el geriátrico no contaba con la documentación necesaria para funcionar como tal ni con los protocolos de emergencia requeridos para pacientes electrodependientes. En el interior del edificio se encontraban otros adultos mayores alojados, quienes también padecían las consecuencias de la falta de suministro eléctrico y la carencia de personal médico calificado para afrontar contingencias de esta naturaleza. Ante la gravedad del cuadro, la Justicia ordenó la aprehensión inmediata de la propietaria del lugar, quien permanece detenida bajo la imputación de abandono de persona seguido de muerte.
De acuerdo con los datos recabados por los peritos de la Policía Científica, la interrupción del servicio eléctrico en la zona no fue un evento aislado, pero el establecimiento clandestino no poseía grupos electrógenos ni sistemas de respaldo para garantizar la vida de los residentes con patologías crónicas. Fuentes del Ministerio de Salud de Mendoza indicaron que el local no figuraba en los registros oficiales de prestadores de servicios de salud ni poseía la habilitación municipal correspondiente para albergar a personas de la tercera edad. Los inspectores que participaron del operativo señalaron que las condiciones de higiene y seguridad eran deficientes, lo que agravaba el riesgo para la población vulnerable que residía en el lugar. La fiscalía evalúa ahora si existió una negligencia criminal por parte de los administradores al no dar aviso a los servicios de emergencia ni a los familiares cuando se produjo el corte de luz que afectó directamente la salud del fallecido.
Contexto
Este suceso se inscribe en una problemática creciente en la provincia de Mendoza y en otros centros urbanos del país, donde la proliferación de hogares de ancianos no declarados responde a una demanda insatisfecha de plazas en instituciones oficiales y privadas de bajo costo. Según registros de la Dirección de Adultos Mayores de la provincia, en los últimos dos años se han clausurado múltiples establecimientos que operaban bajo la fachada de viviendas particulares para evadir los controles sanitarios y las exigencias de infraestructura que impone la Ley 5.532 de Residencias de Larga Estadía. Los antecedentes en la región muestran que estos lugares suelen carecer de personal de enfermería las 24 horas y no cumplen con las normativas de seguridad contra incendios o protocolos de evacuación. La clandestinidad de estos centros dificulta la supervisión estatal, ya que muchas veces funcionan en domicilios privados sin cartelería externa, lo que impide que los inspectores del Ministerio de Salud puedan actuar de oficio sin una denuncia previa o una orden de allanamiento judicial.
La situación de los pacientes electrodependientes en Argentina está regulada por la Ley 27.350, que exige a las empresas distribuidoras de energía y a los centros de salud garantizar el suministro ininterrumpido o proveer equipos de respaldo. Sin embargo, al tratarse de un establecimiento fuera del sistema legal, el geriátrico de Las Heras no contaba con el registro de electrodependientes que hubiera obligado a la prestadora de energía a priorizar el restablecimiento del servicio en esa zona o a suministrar una fuente de energía alternativa de manera inmediata. Esta falta de registro oficial dejó a la víctima en una situación de vulnerabilidad absoluta ante una falla técnica en la red eléctrica, evidenciando el riesgo sistémico que representan las instituciones que operan al margen de la normativa vigente en el territorio provincial.
Impacto
El fallecimiento del jubilado de 79 años ha generado una reacción inmediata en la política sanitaria de Mendoza, forzando un relevamiento urgente de todos los residentes que se encontraban en el lugar al momento del operativo. Personal del Ministerio de Salud provincial coordinó el traslado de los adultos mayores hacia instituciones habilitadas y centros asistenciales públicos para evaluar su estado general de salud y garantizar que reciban la atención médica adecuada. Este hecho pone de manifiesto la fragilidad de los mecanismos de control sobre los prestadores de servicios gerontológicos y la necesidad de endurecer las sanciones para quienes gestionan residencias sin los permisos correspondientes. Para las familias de los residentes, el impacto es devastador, ya que se enfrentan a la incertidumbre sobre la calidad del cuidado recibido y a la necesidad de una reubicación forzosa en un contexto de crisis emocional y sanitaria.
Desde el punto de vista jurídico, la carátula de abandono de persona seguido de muerte conlleva penas que pueden alcanzar los 15 años de prisión, lo que marca un precedente severo para los propietarios de geriátricos clandestinos en la región. Fuentes judiciales confirmaron que se están analizando las comunicaciones telefónicas de la dueña detenida para determinar si hubo intentos de solicitar asistencia médica o si, por el contrario, se intentó ocultar la situación de descompensación del paciente para evitar la inspección de las autoridades. El caso también reactiva el debate sobre la responsabilidad de los familiares al momento de contratar estos servicios y la falta de información pública accesible sobre cuáles son los establecimientos que cuentan con la certificación oficial del Estado para operar de manera segura.
En las próximas horas, la Justicia mendocina tomará declaración indagatoria a la mujer detenida y se espera el resultado final de la autopsia para confirmar el vínculo causal directo entre el corte de suministro eléctrico y el deceso del hombre. La fiscalía no descarta nuevas imputaciones contra otros colaboradores del establecimiento si se comprueba que tenían conocimiento de las irregularidades y no actuaron para proteger la integridad física de los internos. Mientras tanto, el Ministerio de Salud ha iniciado una auditoría interna para revisar las denuncias previas que podrían haber alertado sobre el funcionamiento de este lugar en el departamento de Las Heras, buscando determinar si hubo omisiones en la cadena de control estatal.
