El bloque de La Libertad Avanza en el Senado postergó este jueves la votación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada tras constatar la falta de votos necesarios para su aprobación definitiva en el recinto.
La decisión de retirar el proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se produjo en medio de una sesión marcada por la tensión interna. Minutos antes, el oficialismo había sufrido un revés político con la aprobación del pliego de la jueza Verónica Michelli, una designación que contaba con el rechazo explícito de la Casa Rosada. Según fuentes parlamentarias, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, no logró alinear a los 44 senadores que integran la mayoría circunstancial compuesta por el PRO, la UCR y bloques provinciales. Esta derrota expone la fragilidad de los acuerdos legislativos del Gobierno, que ahora enfrenta un embudo de proyectos críticos como la Reforma Política, la Ley Hojarasca y el régimen de Zona Fría, todos condicionados a concesiones que el Poder Ejecutivo se resiste a otorgar.
El conflicto central que frenó la ley de propiedad privada radica en las modificaciones propuestas a la Ley de Tierras. El oficialismo busca eliminar el límite del 15% para la tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros, una restricción vigente desde el mandato de Cristina Kirchner. A pesar de que los libertarios aceptaron que las provincias deban autorizar la venta de tierras a Estados extranjeros, los senadores aliados consideraron que la redacción actual vulnera las autonomías jurisdiccionales. Operadores del mercado legislativo indicaron que la resistencia es particularmente fuerte en los representantes de provincias con grandes extensiones de recursos naturales, quienes se niegan a votar el texto a libro cerrado sin garantías adicionales sobre el control del territorio.
En paralelo, la denominada Ley Hojarasca, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, se encuentra empantanada en las comisiones del Senado. El bloque de la Unión Cívica Radical, liderado por Eduardo Vischi, manifestó alertas rojas sobre la derogación de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales. Los 10 senadores radicales advirtieron que esta medida habilitaría la privatización de Arsat, un punto que ya había sido rechazado durante el debate de la Ley Bases. Si el oficialismo cede ante el pedido de la UCR para modificar este artículo, el proyecto deberá regresar a la Cámara baja, lo que prolongará los tiempos parlamentarios y postergará la agenda de desregulación económica que pretende acelerar el presidente Javier Milei.
Contexto
La actual parálisis legislativa se remonta a la conformación de una mayoría de 44 senadores que el oficialismo logró articular en diciembre pasado para desplazar al kirchnerismo de la conducción de las comisiones. Sin embargo, ese esquema de gobernabilidad ha demostrado ser volátil y dependiente de las negociaciones directas con los gobernadores. El antecedente inmediato de la crisis actual fue el desplante de Patricia Bullrich a las órdenes directas de los hermanos Milei respecto al pliego de Verónica Michelli. La Casa Rosada había ordenado vetar la postulación al identificar a la magistrada como cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, pero la senadora libertaria decidió acompañar el nombramiento, priorizando la estabilidad de sus vínculos con los bloques dialoguistas por sobre la verticalidad partidaria.
Este escenario de fragmentación se agrava con el debate por la Zona Fría, un régimen de subsidios al gas que el Gobierno intenta recortar para cumplir con las metas fiscales. Mientras los diputados mendocinos que responden al gobernador Alfredo Cornejo, como Pamela Verasay y Lisandro Nieri, apoyaron el ajuste en su cámara, los senadores de la misma provincia, Mariana Juri y Rodolfo Suárez, ya anticiparon su voto negativo. Esta contradicción interna dentro de las fuerzas aliadas refleja la presión que ejercen los usuarios residenciales en distritos con climas extremos, donde el costo de la energía tiene un impacto directo en el humor social y la imagen de los mandatarios locales.
Impacto
La falta de pericia para consolidar mayorías pone en riesgo la reforma política, el proyecto más ambicioso de Karina Milei para el ciclo electoral 2025. El Ejecutivo busca eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) con el objetivo de fragmentar a la oposición. No obstante, desde el entorno de la presidencia del bloque oficialista reconocen que hoy la única mayoría consolidada es la que prefiere dejar las cosas como están. La propuesta alternativa de la UCR, que sugiere transformar las PASO en PAS (Primarias Abiertas y Simultáneas pero no obligatorias), surge como la única vía de escape para evitar un rechazo total que dejaría al Gobierno sin herramientas para intervenir en el diseño del sistema electoral antes de los comicios de medio término.
Asimismo, la llegada de nuevos proyectos polémicos como la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal y una nueva Ley de Ludopatía —más favorable a las empresas de apuestas online que la versión de Diputados— amenaza con saturar la agenda del Senado. El impacto de estas iniciativas trasciende lo técnico y se instala en la discusión sobre la salud pública y los derechos del consumidor, áreas donde el oficialismo no cuenta con el respaldo de los bloques federales. La incapacidad de avanzar con leyes de gestión básica, como la reforma de la Ley de Salud Mental, demuestra que el costo de no negociar con los gobernadores está siendo la inactividad de la Cámara alta en temas sensibles para la administración nacional.
El próximo paso para el oficialismo será redefinir su estrategia de interlocución con los mandatarios provinciales antes de la próxima sesión ordinaria. La Casa Rosada deberá decidir si mantiene su postura de intransigencia o si autoriza a sus representantes en el Senado a modificar los textos originales para destrabar las leyes de tierras y la reforma política. Con el cierre del año legislativo en el horizonte, la tensión entre la necesidad de mostrar resultados de gestión y la resistencia a ceder cuotas de poder determinará si el Gobierno logra romper el aislamiento parlamentario o si se encamina a una serie de derrotas consecutivas en el recinto.
