La senadora Patricia Bullrich y su par Juliana Di Tullio protagonizaron este jueves un intenso cruce en el Senado de la Nación durante una sesión destinada a tratar pliegos judiciales y el pago a fondos buitre.
El debate escaló rápidamente cuando la discusión se desvió hacia la movilización de “Ni Una Menos”, motivada por el reciente femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba. Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, defendió la gestión de seguridad del Gobierno nacional y sostuvo que la Argentina logró reducir un 25% la tasa de femicidios en los últimos dos años. Según indicaron desde el bloque oficialista, esta mejora no responde a la ejecución presupuestaria del extinto Ministerio de Género, al que calificaron como ineficiente para la protección real de las mujeres, sino al fortalecimiento de leyes y políticas de seguridad provinciales coordinadas con la Nación. Bullrich enfatizó que el país ostenta actualmente la tasa de homicidios más baja de América Latina, basándose en datos que, según fuentes del Ministerio de Seguridad, reflejan una política de tolerancia cero bajo la premisa de que “el que las hace, las paga”.
La respuesta de Juliana Di Tullio, referente del interbloque de Unión por la Patria, no tardó en llegar y se centró en una crítica semántica con trasfondo político. Di Tullio ironizó sobre el uso del término “femicidio” por parte de Bullrich, señalando una contradicción interna en el Poder Ejecutivo. La senadora opositora felicitó irónicamente a su colega por utilizar la palabra técnica correcta, alegando que la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, evita sistemáticamente el término en sus presentaciones oficiales, prefiriendo hablar de “homicidios” genéricos. Di Tullio citó la reciente conferencia de prensa de Monteoliva sobre las estadísticas criminales de 2025, donde la funcionaria se refirió al caso de Agostina Vega como un hecho de “historial complejo” que requería conocer la “verdad completa”, sin encuadrarlo explícitamente como un crimen de odio por razones de género. Para la senadora justicialista, esta omisión representa un retroceso en el reconocimiento de la problemática.
Contexto
Este enfrentamiento se produce en un marco de alta sensibilidad social, coincidiendo con el aniversario de la primera movilización de “Ni Una Menos” ocurrida hace 11 años, el 3 de junio de 2015. El caso de Agostina Vega en Córdoba actuó como catalizador de un malestar acumulado por la eliminación de estructuras jerárquicas dedicadas exclusivamente a las políticas de género, como el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, cuyas funciones fueron absorbidas o discontinuadas por la actual administración nacional. Desde el oficialismo, la postura es clara: consideran que la burocracia anterior no garantizaba resultados y que la seguridad debe abordarse desde una perspectiva criminalística general. Por el contrario, la oposición y diversos colectivos sociales sostienen que invisibilizar el término “femicidio” en el discurso oficial debilita las herramientas judiciales y preventivas específicas que se construyeron durante la última década en el país.
La disputa por las cifras también forma parte del escenario de fondo. Mientras el Gobierno nacional exhibe una baja del 25% en los delitos graves, organismos no gubernamentales y observatorios de violencia de género mantienen registros que a veces difieren de las estadísticas oficiales debido a los criterios de carga de datos en las provincias. Según operadores del mercado legislativo, la estrategia de La Libertad Avanza en el Senado busca consolidar un relato de eficiencia basado en el orden público, mientras que el peronismo intenta retener la agenda de derechos sociales y protección de minorías como su principal eje de confrontación. El pedido de un minuto de silencio por parte de Di Tullio, que finalmente fue concedido, buscó forzar una expresión de empatía institucional frente a lo que describió como una realidad de violencia física extrema que excede cualquier análisis numérico o estadístico frío.
Impacto
La importancia de este cruce radica en la definición de la política criminal del Estado argentino frente a la violencia de género. Si el Gobierno nacional consolida la tendencia de tratar los femicidios simplemente como homicidios agravados dentro de una estadística general, se podría producir un cambio en la asignación de recursos para programas de prevención específicos, como la línea 144 o los dispositivos de asistencia a víctimas. Para el ciudadano, esto implica una transformación en la forma en que las fuerzas de seguridad y la justicia abordan las denuncias previas. Además, la tensión en el Senado demuestra que la agenda de género sigue siendo una de las brechas más profundas entre el oficialismo y la oposición, capaz de paralizar o desviar debates sobre temas económicos urgentes, como la deuda externa o las designaciones en el Poder Judicial, que eran los puntos originales de la orden del día.
El impacto también se traslada a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. La firmeza de Bullrich al defender los números de la gestión nacional ratifica que el oficialismo no cederá espacio en su narrativa de seguridad, incluso ante reclamos de fuerte peso simbólico. Por otro lado, la insistencia de Di Tullio en no “bastardear” la marcha y exigir sensibilidad muestra que el bloque justicialista utilizará la calle y las efemérides sociales como herramientas de presión política en la Cámara Alta. Esta dinámica sugiere que cualquier proyecto de ley relacionado con la seguridad o la justicia encontrará una resistencia férrea si no incluye una perspectiva que satisfaga las demandas de los bloques opositores en materia de derechos humanos y género, lo que complica la búsqueda de consensos para las reformas que el Gobierno pretende implementar en el corto plazo.
Hacia adelante, la atención se centrará en la próxima presentación de la ministra Alejandra Monteoliva ante las comisiones del Congreso, donde se espera que sea interpelada por la terminología utilizada en los informes oficiales de criminalidad. La tensión pendiente radica en si el Gobierno mantendrá su postura de unificar las categorías delictivas o si, ante la presión legislativa y social, volverá a adoptar el lenguaje técnico de la Ley Micaela y los tratados internacionales. Mientras tanto, el interbloque del justicialismo ya planea nuevas iniciativas para blindar los presupuestos de asistencia a víctimas, lo que anticipa una nueva batalla parlamentaria en la discusión del Presupuesto Nacional. El Senado, una vez más, se convierte en el termómetro de una sociedad dividida entre la demanda de orden y la exigencia de protección específica para los sectores vulnerables.
