El presidente Javier Milei publicó una columna en el diario británico Financial Times donde defendió la desregulación total de la inteligencia artificial y el proyecto de reforma de la Ley de Sociedades enviado al Congreso Nacional.
La propuesta oficial, elaborada conjuntamente por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica, busca posicionar a la Argentina como un polo tecnológico global. El texto, que lleva la firma de Milei y del ministro Federico Sturzenegger, establece un paralelismo histórico entre la creación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en 1602 y el actual paradigma tecnológico. Según indicaron fuentes de la Casa Rosada, la intención del Ejecutivo es evitar lo que el mandatario denomina la “mano mortal de una regulación prematura”, permitiendo que los agentes de inteligencia artificial operen bajo un esquema de responsabilidad limitada similar al que impulsó la Revolución Industrial. El proyecto se asienta sobre tres pilares fundamentales: la ausencia de marcos regulatorios restrictivos, la creación de la figura jurídica de la “corporación no humana” y un entorno fiscal de baja presión impositiva con libertad para elegir la jurisdicción del gobierno corporativo.
El eje central de la reforma es la introducción de entidades operadas íntegramente por algoritmos o robots, las cuales poseerán personalidad jurídica plena. Bajo este nuevo esquema, los accionistas humanos podrán participar de estas sociedades, pero su presencia no será un requisito obligatorio para la constitución de la entidad. Asimismo, el proyecto reconoce formalmente a las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), estructuras que funcionan mediante código en cadenas de bloques (blockchain), otorgándoles personería jurídica y limitando la responsabilidad de sus integrantes. Desde el Ministerio de Desregulación señalaron que el objetivo es que Argentina albergue unos 50 millones de agentes autónomos en la próxima década, los cuales producirían servicios para el mercado global mientras tributan en territorio nacional. Esta visión se complementa con el denominado “Súper RIGI”, un régimen de incentivos específicos para inversiones en centros de datos e infraestructura tecnológica que ya fue remitido al Poder Legislativo para su tratamiento.
Contexto
La iniciativa surge en un momento de reconfiguración de la política económica argentina, marcada por un ascenso de 20 posiciones en el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage durante el periodo 2024-2025. Este avance, el mayor registrado por cualquier nación en dicho lapso, coincide con una etapa de estabilización macroeconómica donde el Gobierno destaca la obtención de superávit fiscal y el control de la inflación tras quince años de estancamiento. En este escenario, la administración de La Libertad Avanza busca diversificar la llegada de capitales, que actualmente se concentran en los sectores de minería y energía, hacia la industria del conocimiento. El antecedente inmediato de esta reforma societaria se remonta a las reuniones mantenidas en Buenos Aires durante los meses de abril y mayo entre el presidente Milei y Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir Technologies. Thiel, cuya empresa está valuada en más de 300.000 millones de dólares y colabora con agencias de defensa de Estados Unidos, ha sido históricamente un promotor de las estructuras DAO, lo que generó cuestionamientos en los bloques opositores del Congreso sobre la influencia de capitales extranjeros en la redacción de la norma.
Mientras Argentina apuesta por un modelo de “laissez-faire” tecnológico, la tendencia internacional muestra señales divergentes. Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva titulada “Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security”, la cual establece un mecanismo de supervisión federal. Esta medida solicita a las compañías del sector someter sus modelos más avanzados a una revisión gubernamental de 30 días antes de su lanzamiento al público, con el fin de evaluar riesgos de ciberseguridad. Aunque el documento de la Casa Blanca aclara que no se trata de un sistema de licencias obligatorias, marca una distancia conceptual profunda con la postura del gobierno argentino, que rechaza cualquier tipo de monitoreo previo sobre los algoritmos. Esta discrepancia sitúa a la Argentina en una posición de competencia directa por atraer a desarrolladores que buscan escapar de los marcos regulatorios que están emergiendo tanto en Norteamérica como en la Unión Europea.
Impacto
La implementación de este marco jurídico transformaría radicalmente el derecho comercial argentino y la estructura del Producto Bruto Interno (PBI). Al otorgar personería jurídica a entes no humanos, el país se convertiría en un laboratorio legal único en el mundo, lo que podría atraer a empresas de software y firmas de inversión de riesgo que operan con activos digitales. Según operadores del sector tecnológico, la posibilidad de elegir la ley de gobierno corporativo aplicable y contar con una tasa de impuesto corporativo reducida otorga una ventaja competitiva frente a otras jurisdicciones de la región. Sin embargo, el impacto también genera tensiones en el ámbito legislativo y judicial, donde se debate la capacidad del Estado para controlar posibles delitos financieros o de ciberseguridad cometidos por entidades autónomas sin responsables humanos directos. La oposición parlamentaria ha manifestado su preocupación por la falta de mecanismos de rendición de cuentas en un sistema donde la toma de decisiones queda delegada exclusivamente a la inteligencia artificial.
Desde el cuerpo diplomático, el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford, calificó la propuesta como una vanguardia institucional que permite al país “abrazar el futuro” mediante la competencia de ideas y no solo de incentivos fiscales. Para el Gobierno, el éxito de esta medida es crucial para consolidar la trayectoria de crecimiento económico y posicionar a Buenos Aires como un centro financiero y tecnológico de relevancia similar a lo que representó Ámsterdam en el siglo XVII. La apuesta oficial es que la seguridad jurídica otorgada a los agentes de IA compense la inestabilidad histórica de la economía local y atraiga una nueva ola de inversiones extranjeras directas que no dependan exclusivamente de los recursos naturales.
El próximo paso para esta reforma será el debate en las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. El oficialismo deberá negociar con los bloques dialoguistas para asegurar los votos necesarios, en un clima marcado por las críticas de sectores que exigen mayores controles de seguridad nacional. La resolución de esta disputa legislativa determinará si Argentina logra establecerse como el primer paraíso regulatorio para la inteligencia artificial o si la presión internacional y las advertencias sobre riesgos sistémicos obligan a introducir modificaciones en el texto original del proyecto.
