La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, cuestionó duramente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras las críticas de la funcionaria nacional hacia la movilización del colectivo Ni Una Menos realizada este martes en la Ciudad de Buenos Aires.
El conflicto escaló rápidamente en el terreno digital luego de que Bullrich, referente de La Libertad Avanza, pusiera en duda la legitimidad de la convocatoria y defendiera las estadísticas oficiales de su gestión. Según datos suministrados por el Ministerio de Seguridad, la administración de Javier Milei logró una reducción del 25% en la tasa de femicidios desde su asunción en diciembre pasado. Bullrich sostuvo que su visión del feminismo se centra en la protección efectiva de las víctimas y no en el “marketing político”, destacando la creación del Registro de ADN para Violadores y el fortalecimiento del sistema penitenciario como pilares de su estrategia contra la violencia de género. Para la ministra, la institucionalización previa a través de ministerios con presupuestos millonarios no arrojó resultados concretos, mientras que la política actual de “el que las hace, las paga” busca garantizar condenas efectivas y cárcel de por vida para los agresores.
La respuesta de Mayra Mendoza no tardó en llegar, utilizando sus canales oficiales para descalificar la trayectoria política de la ministra y denunciar lo que considera una gestión represiva. Mendoza recordó el paso de Bullrich por diversas coaliciones políticas, mencionando su rol como ministra de Trabajo durante la Alianza en 2001, cuando se aplicó un recorte del 13% a los haberes jubilatorios, y su desempeño bajo la presidencia de Mauricio Macri. La jefa comunal quilmeña rechazó las cifras de descenso de la pobreza y de femicidios presentadas por el Ejecutivo, argumentando que la violencia recrudece debido al abandono estatal y a la retórica promovida desde la Casa Rosada. En su descargo, Mendoza reivindicó la necesidad de un “Partido Feminista” que funcione como una alternativa real frente a las políticas de ajuste, alejándose de lo que denominó un feminismo “careta” que no enfrenta a los poderes establecidos.
Uno de los puntos más álgidos del cruce fue la mención a la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mendoza aseguró que la exmandataria, quien actualmente se encuentra bajo un régimen de prisión domiciliaria, es víctima de una persecución judicial que calificó como un “secuestro y proscripción”. La intendenta desafió a Bullrich al afirmar que el apoyo electoral hacia Kirchner sigue vigente debido a que su administración representó el último período de bienestar para los sectores populares. Según fuentes del entorno municipal de Quilmes, estas declaraciones buscan reordenar la militancia kirchnerista en un momento de alta tensión política, vinculando la lucha de género con la defensa de la figura de la expresidenta, a quien Mendoza considera la mayor referente de los derechos de las mujeres en la historia reciente del país.
Contexto
Este enfrentamiento se produce en un escenario de profunda polarización respecto a las políticas de género en Argentina. Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, el Gobierno nacional ha desmantelado estructuras clave como el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, bajo el argumento de que se trataba de organismos ideologizados con escasa eficiencia operativa. Esta decisión ha generado un fuerte rechazo en organizaciones sociales y sectores de la oposición, que ven en este desfinanciamiento un retroceso en la protección de poblaciones vulnerables. La marcha de Ni Una Menos de este año estuvo marcada por consignas contra el ajuste económico y la denuncia de un incremento en la violencia simbólica desde el Estado, lo que sirvió de plataforma para que figuras como Mendoza y Bullrich expusieran sus visiones antagónicas sobre el rol de la mujer en la política y la seguridad pública.
Por otro lado, la situación judicial de Cristina Kirchner continúa siendo el eje ordenador de la interna política argentina. La condena en la denominada Causa Vialidad y su posterior situación de detención domiciliaria han sido interpretadas por el núcleo duro del kirchnerismo como un intento de eliminar a la principal competidora electoral del peronismo. En este sentido, el discurso de Mendoza intenta amalgamar la agenda feminista con la resistencia política, sugiriendo que la violencia política contra Kirchner es la máxima expresión de la violencia de género en el ámbito público. Mientras tanto, el oficialismo nacional utiliza casos de alto impacto social, como el asesinato de la adolescente Agostina en Córdoba a manos de Claudio Barrelier, para justificar una política de mano dura y diferenciarse de lo que llaman el “partido feminista” que, según Bullrich, ha votado históricamente contra herramientas de control como el registro de violadores.
Impacto
La disputa entre Mendoza y Bullrich tiene consecuencias directas en la construcción de las narrativas de cara a los próximos turnos electorales. Para el Gobierno nacional, la consolidación de una agenda de seguridad basada en datos duros y en la eliminación de la burocracia de género busca fidelizar a un electorado que demanda orden y eficiencia en el gasto público. La mención de Bullrich sobre el 25% de baja en femicidios es un intento por arrebatarle al progresismo la bandera de la protección de las mujeres, trasladándola al terreno de la justicia penal y el control policial. Operadores del mercado político señalan que esta estrategia busca desarticular el discurso tradicional de los colectivos feministas, acusándolos de ser funcionales a intereses partidarios y de ignorar los resultados prácticos de las políticas de seguridad actuales.
Desde la perspectiva de la oposición, especialmente del sector alineado con La Cámpora, el impacto de estas declaraciones busca movilizar a las bases en torno a la figura de Cristina Kirchner. Al calificar a la expresidenta como “secuestrada”, Mendoza eleva la temperatura del debate institucional y prepara el terreno para una confrontación legal y política de largo aliento. Este posicionamiento obliga a otros actores del peronismo a definirse frente a la situación de la exmandataria y frente a la agenda de género en tiempos de crisis económica. La tensión entre el “feminismo de resultados” que propone Bullrich y el “feminismo militante” que defiende Mendoza marca una fractura social que dificulta la búsqueda de consensos mínimos en políticas de Estado para la prevención de la violencia.
El cierre de este capítulo de confrontación deja abierta una disputa por el sentido de las estadísticas oficiales y la legitimidad de las instituciones. Mientras el Ministerio de Seguridad se prepara para presentar nuevos informes trimestrales que ratifiquen la tendencia a la baja en delitos graves, el bloque de intendentes y legisladores afines a Mendoza planea intensificar las denuncias internacionales por la situación de Cristina Kirchner. El próximo paso clave será la discusión en el Congreso sobre las reformas al Código Penal que impulsa el oficialismo, donde se espera que el debate sobre la prisión efectiva y los registros de ADN vuelva a poner frente a frente a estos dos modelos de país irreconciliables.
