Lali Espósito republicó este lunes su histórico mensaje contra Javier Milei en la red social X, tras confirmarse los detalles de la autopsia de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba.
La artista eligió reflotar la frase “Qué peligroso. Qué triste” minutos antes de las 21 horas, en un momento de máxima sensibilidad social por el hallazgo del cuerpo de la menor en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. Según informaron fuentes judiciales de la provincia de Córdoba, el informe preliminar de los forenses determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica y que el cadáver presentaba signos de desmembramiento posteriores al fallecimiento. El único imputado en la causa es Claudio Barrelier, quien permanece detenido mientras se aguardan los resultados de las pruebas anatomopatológicas para confirmar si existió abuso sexual, una sospecha que los peritos fundamentan en el hallazgo de posibles signos compatibles detectados durante la inspección inicial del cuerpo.
El caso generó una reacción en cadena dentro del arco artístico y civil. Espósito, además de su intervención en X, utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen de la víctima y exigir avances concretos en la investigación judicial. A esta manifestación se sumaron figuras como Ángela Torres, Cinthia Fernández, Georgina Barbarossa, Julieta Díaz, Leticia Siciliani, Dolores Fonzi y Nazarena Vélez, quienes reclamaron justicia ante un crimen que, según los peritos, ocurrió entre las 23:00 del sábado 23 de mayo y las 5:00 del domingo 24. Esta ventana temporal es clave para la fiscalía, ya que confirma que el asesinato se produjo varias horas antes de que la Policía de Córdoba recibiera la denuncia formal por la desaparición de la adolescente, lo que expone la vulnerabilidad de la víctima durante la búsqueda inicial de siete días.
La decisión de la cantante de vincular el hecho con su postura política contra la administración central responde a la eliminación de las estructuras de asistencia directa. De acuerdo con datos proporcionados por organismos de derechos humanos y operadores del sistema judicial, la desaparición de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género dejó un vacío en la articulación de protocolos de emergencia. La postura de Espósito se alinea con las críticas de diversos sectores que ven en el desmantelamiento de estas áreas un factor que incrementa la desprotección de niñas y adolescentes en contextos de violencia extrema. La repercusión del mensaje fue inmediata, alcanzando miles de interacciones en pocos minutos y reavivando el debate sobre la responsabilidad estatal en la prevención de femicidios.
Contexto
El enfrentamiento entre Lali Espósito y Javier Milei se remonta a las elecciones primarias de 2023, pero el escenario actual está marcado por una reconfiguración total del Estado argentino en materia de género. Por primera vez en 37 años, el país no cuenta con un organismo nacional de rango ministerial o subsecretaría dedicado exclusivamente a esta problemática. Desde diciembre de 2023, la Casa Rosada inició un proceso de cierre de instituciones que culminó con la disolución del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el cual había sido degradado previamente en junio de 2024. Este proceso incluyó la baja de programas que, según registros oficiales de la gestión anterior, resultaban vitales para la asistencia en territorio.
A este panorama institucional se suma una fuerte retórica oficialista que busca modificar el marco normativo vigente. En enero de 2025, el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, manifestó la intención del Gobierno de eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino. El argumento esgrimido por el entonces funcionario fue que el concepto representaba una “distorsión de la igualdad ante la ley” y que la administración no reconocería categorías específicas de violencia basadas en el género. Esta postura generó un rechazo generalizado en bloques de la oposición y organizaciones internacionales, quienes advirtieron que la eliminación de dicha figura jurídica invisibilizaría la naturaleza estructural de los crímenes contra mujeres y diversidades.
Impacto
El impacto de estas medidas se traduce en cifras críticas para la ejecución de políticas públicas. Según un informe detallado de Amnistía Internacional, el presupuesto destinado a programas de prevención y atención de la violencia de género sufrió una caída real del 89% en comparación con el ejercicio 2023. Esta desinversión provocó la eliminación de trece programas esenciales, entre los que se destaca el Programa Acercar Derechos (PAD). Hasta febrero de 2024, este dispositivo había brindado asistencia jurídica y psicosocial a 59.032 mujeres y personas LGTBIQ+ en todo el territorio nacional, facilitando el acceso a la justicia en casos de alta complejidad como el que hoy conmociona a Córdoba.
Para los operadores del mercado judicial y las organizaciones civiles, la falta de presupuesto y la disolución de equipos técnicos territoriales dificultan la respuesta rápida ante denuncias de desaparición. En el caso de Agostina Vega, la demora en el hallazgo del cuerpo y la falta de contención inicial son señaladas por los manifestantes como una consecuencia directa de la ausencia de políticas de cercanía. La tensión entre el sector cultural y el Gobierno nacional se agudiza ante cada hecho de violencia, convirtiendo las redes sociales en el principal campo de batalla donde se dirime la responsabilidad política sobre la seguridad de las mujeres en un contexto de ajuste fiscal severo.
La causa judicial por el crimen de Agostina Vega entrará en una fase decisiva en los próximos días con la entrega de los resultados finales de la autopsia y los peritajes tecnológicos sobre el teléfono del imputado Claudio Barrelier. Mientras tanto, la movilización social en Córdoba y el reclamo de las figuras públicas mantienen la presión sobre el sistema político, en un escenario donde la eliminación de la figura del femicidio sigue siendo un punto de conflicto latente en la agenda legislativa del oficialismo.
