Brasil registró en 2025 la cifra de deforestación más baja en la selva atlántica de los últimos 40 años, con un total de 8.658 hectáreas afectadas, según datos oficiales de la organización SOS Mata Atlântica.
Este descenso representa una reducción del 40% respecto al período 2024 y marca un punto de inflexión en la gestión ambiental del bioma más poblado del país, donde reside el 80% de la población brasileña. De acuerdo con operadores del sector ambiental y técnicos gubernamentales, es la primera vez desde que se iniciaron los registros sistemáticos en 1985 que la pérdida de bosque nativo se sitúa por debajo de la barrera de las 10.000 hectáreas anuales. Los datos, validados por dos conjuntos de mediciones independientes realizados en colaboración con organizaciones no gubernamentales, indican que la presión pública y el endurecimiento de los controles han comenzado a dar resultados tangibles en estados clave como Río de Janeiro y São Paulo. Sin embargo, desde el Ministerio de Medio Ambiente advierten que la cifra sigue siendo elevada para un ecosistema que solo conserva el 24% de su cobertura original, lo que obliga a mantener la guardia alta frente a las actividades ilegales.
A pesar del optimismo que generan estas cifras, la estructura interna de la selva muestra signos de fragilidad que preocupan a la comunidad científica. Un estudio publicado en Science Advances reveló que, aunque la superficie total de bosque nativo se mantuvo relativamente estable entre 28 y 30 millones de hectáreas en las últimas tres décadas, se produjo un recambio cualitativo alarmante. La pérdida de árboles antiguos y biodiversos, que osciló entre 80.000 y 220.000 hectáreas anuales entre 2000 y 2015, fue compensada por el crecimiento de vegetación joven. Este fenómeno de rejuvenecimiento forestal implica que actualmente un tercio de la selva tiene menos de 10 años de antigüedad. Estos bosques nuevos no poseen la misma capacidad de almacenamiento de carbono ni la riqueza biológica de los ejemplares centenarios, lo que limita los servicios ambientales que el bioma puede prestar a las grandes urbes circundantes.
Contexto
La degradación de la Mata Atlántica no es un fenómeno reciente, sino el resultado de cuatro décadas de expansión agroindustrial intensiva. Según datos de Agencia Brasil, en los últimos 40 años la región perdió 2,4 millones de hectáreas de vegetación nativa, lo que equivale a una reducción del 8,1% en comparación con la superficie registrada en 1985. El motor principal de esta transformación ha sido el avance de cultivos comerciales como la soja, la caña de azúcar y el café, que desplazaron grandes extensiones de selva virgen. Actualmente, el bioma solo conserva el 31% de su vegetación original, y aproximadamente la mitad de la deforestación detectada en los últimos años ha afectado a áreas con más de 40 años de antigüedad. Estas zonas son consideradas críticas por los especialistas, ya que funcionan como los principales reservorios de biodiversidad y son fundamentales para la regulación hídrica de las regiones más industrializadas de Brasil.
En este escenario histórico, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha intentado implementar políticas de protección más estrictas, aunque se ha enfrentado a una fuerte resistencia en el Poder Legislativo. La tensión política alcanzó su punto máximo con la discusión del denominado “proyecto de ley de devastación”, una normativa que busca flexibilizar las exigencias ambientales. Esta ley propone eliminar la necesidad de aprobación federal previa para autorizar desmontes, transfiriendo dicha potestad a las autoridades locales. A pesar de que el Poder Ejecutivo intentó vetar los artículos más polémicos de la norma, el Congreso Nacional anuló dichos vetos, dejando la resolución final sobre la constitucionalidad de la ley en manos del Supremo Tribunal Federal. Esta disputa legal genera incertidumbre sobre si la tendencia a la baja en la deforestación podrá sostenerse en el largo plazo o si se verá revertida por el nuevo marco normativo.
Impacto
La importancia de estos resultados trasciende la mera estadística forestal y tiene un impacto directo en la economía y la resiliencia climática de la región. La recuperación del bioma está ligada a un ambicioso plan de restauración respaldado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que prevé la recuperación de 15.000 hectáreas de tierras degradadas en el norte de Río de Janeiro. Este programa, que forma parte de la Estrategia Forestal nacional, movilizó aproximadamente USD 1.400 millones entre 2023 y 2025. Según proyecciones de técnicos del BNDES, la iniciativa tiene el potencial de plantar 280 millones de árboles y generar 70.000 empleos, de los cuales 800 son puestos directos en viveros y recolección de semillas. Además, se estima que estas acciones permitirán capturar 54 millones de toneladas de carbono, contribuyendo significativamente a las metas climáticas internacionales de Brasil.
El éxito de las políticas de conservación también se refleja en indicadores biológicos concretos, como el regreso de especies que se consideraban desaparecidas en la zona. Recientemente, las autoridades ambientales confirmaron la reproducción del guacamayo escarlata en la selva atlántica por primera vez en casi dos siglos. La reaparición de esta ave es un hito ecológico, ya que cumple una función esencial en la dispersión de semillas de árboles de gran porte, facilitando la regeneración natural del bosque. Este tipo de avances demuestra que la restauración activa, combinada con la reducción de la tala ilegal, puede recomponer cadenas tróficas que estaban rotas desde la época colonial. Para los especialistas, la presencia de especies clave es el mejor termómetro para medir la salud de un ecosistema que lucha por recuperar su equilibrio frente a la presión urbana y agrícola.
El futuro de la Mata Atlántica dependerá de la resolución de las tensiones políticas actuales y de la capacidad del Estado para mantener el financiamiento de los programas de bioeconomía. Si bien el objetivo de “deforestación cero” parece estar más cerca que nunca, la sombra de las elecciones presidenciales de octubre y la posible implementación de leyes menos restrictivas mantienen en alerta a las organizaciones civiles. El próximo paso crítico será el fallo del Tribunal Supremo sobre la nueva ley ambiental, una decisión que determinará si Brasil consolida su liderazgo en la protección de biomas tropicales o si abre la puerta a un nuevo ciclo de degradación en su selva más amenazada.
