Expertos en gestión patrimonial y consultores legales advirtieron este jueves sobre el incremento de litigios sucesorios en Argentina y Latinoamérica, derivados de la falta de planificación previa y la resistencia cultural a organizar la herencia de activos.
El fenómeno, que afecta tanto a grandes fortunas como a pequeños ahorristas, se traduce en una erosión significativa del capital familiar debido a la carga impositiva y los costos judiciales. Según indicaron desde consultoras especializadas en gestión de activos, el error más recurrente entre los profesionales y empresarios locales es la postergación de la estructuración legal bajo la premisa de que la planificación es exclusiva para patrimonios multimillonarios. Sin embargo, los operadores del mercado jurídico señalan que cualquier persona con un inmueble, una cuenta bancaria o una participación societaria mínima se encuentra en riesgo si no define una hoja de ruta clara. La realidad muestra que la falta de previsión convierte activos líquidos en problemas legales que pueden durar décadas, afectando la continuidad de empresas familiares y la estabilidad financiera de los herederos directos.
La problemática se agrava por la multiplicidad de jurisdicciones en las que suelen operar los argentinos. De acuerdo con fuentes del sector financiero, es común que existan cuentas en el exterior o inversiones inmobiliarias en países vecinos que no son declaradas o comunicadas a los familiares directos. Esto genera que, ante el fallecimiento del titular, los herederos desconozcan la existencia de dichos bienes o se enfrenten a impuestos sucesorios internacionales que pueden absorber hasta el 40% del valor del activo en jurisdicciones como Estados Unidos. Los especialistas subrayan que la planificación no es un acto único, sino un proceso dinámico que debe revisarse ante nacimientos, divorcios o cambios en las normativas fiscales vigentes. La omisión de estas actualizaciones vuelve obsoletas incluso las estructuras legales mejor diseñadas, transformando lo que debería ser una solución en un obstáculo burocrático insalvable para las nuevas generaciones.
Contexto
Históricamente, en América Latina existe una barrera cultural profunda respecto a la discusión del dinero y la muerte dentro del núcleo familiar. Mientras que en países anglosajones el uso de ‘trusts’ y testamentos es una práctica estándar desde la clase media, en Argentina la planificación sucesoria se percibe erróneamente como un trámite para la etapa final de la vida. Esta tendencia se ha mantenido estable en los últimos veinte años, a pesar de las crisis económicas recurrentes que deberían haber incentivado una mayor protección de los ahorros. Fuentes del Colegio de Escribanos indican que el porcentaje de personas que realizan actos de disposición de última voluntad es marginal en comparación con el total de la población económicamente activa. Esta desidia institucionalizada ha llevado a que los tribunales civiles se encuentren saturados de juicios sucesorios que, en muchos casos, terminan con la liquidación forzosa de bienes para pagar honorarios y tasas de justicia.
A este panorama se suma la inestabilidad normativa de la región. En Argentina, las modificaciones en el Código Civil y Comercial de 2015 introdujeron cambios en las porciones legítimas de los herederos, lo que obligó a muchos a reestructurar sus donaciones y legados. No obstante, la mayoría de los ciudadanos no adecuó sus papeles a la nueva realidad legal. Los asesores tributarios destacan que la falta de comunicación interna es el tercer pilar de este conflicto: el silencio familiar sobre la ubicación de títulos de propiedad, claves de acceso a billeteras virtuales o contratos de participación societaria es la causa principal de la pérdida total de activos. En un entorno donde la digitalización de las finanzas avanza, no dejar un registro claro de los activos digitales se ha convertido en un riesgo emergente que las legislaciones locales todavía no terminan de resolver de manera eficiente.
Impacto
Las consecuencias de esta falta de previsión son tangibles y mensurables en términos económicos y sociales. En primer lugar, se produce una fragmentación del patrimonio que suele derivar en la figura de los ‘socios forzados’. Esto ocurre cuando hermanos o parientes lejanos heredan partes iguales de una empresa o propiedad que no pueden o no quieren administrar en conjunto, lo que paraliza la toma de decisiones y, en última instancia, destruye el valor del negocio. Según analistas de cámaras empresarias, una gran parte de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en Argentina no sobrevive al traspaso generacional precisamente por la ausencia de un protocolo familiar o una estructura sucesoria que defina roles y salidas económicas claras para quienes no desean participar de la gestión operativa.
Por otro lado, el impacto emocional es devastador. La incertidumbre jurídica suele potenciar los conflictos familiares en momentos de vulnerabilidad, transformando duelos personales en batallas legales de alto perfil. Los costos de estas disputas no son solo financieros; la exposición pública de los activos y las peleas internas dañan la reputación de las familias y de sus empresas. Desde el punto de vista fiscal, la falta de una estructura adecuada impide aprovechar herramientas de optimización que permitirían una transferencia de bienes mucho más eficiente y económica. En definitiva, planificar no se trata únicamente de ahorrar impuestos, sino de evitar que el patrimonio construido durante una vida de trabajo se diluya en gastos administrativos y resentimientos familiares que podrían haberse evitado con una consulta profesional a tiempo.
El próximo paso para los contribuyentes y propietarios será la adaptación a los nuevos regímenes de transparencia fiscal internacional que facilitan el intercambio de información entre países. Los expertos sugieren que el segundo semestre del año será clave para regularizar estructuras y formalizar protocolos familiares, ante la posibilidad de nuevas reformas tributarias que podrían encarecer aún más las transferencias patrimoniales no planificadas. La tendencia indica que solo quienes profesionalicen la gestión de su herencia lograrán preservar el capital frente a la volatilidad económica y legal que caracteriza a la región.
