Una niña de cuatro años murió este miércoles tras ser atacada por un perro de raza mestiza frente al cementerio local de Cosquín, en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba, según confirmaron fuentes policiales y servicios de emergencia.
El trágico episodio ocurrió en un predio abierto situado en las inmediaciones de la vivienda donde residía la menor. De acuerdo con los primeros informes periciales y el testimonio de los agentes que arribaron al lugar, el animal arremetió de forma imprevista contra la niña, provocándole lesiones profundas y letales en la zona del cuello. A pesar de la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios, personal de la Guardia Local y efectivos de la Policía de Córdoba, las maniobras de reanimación resultaron insuficientes. Los médicos del servicio de emergencias constataron el deceso en el mismo sitio del ataque, minutos después de haber sido alertados por los vecinos que presenciaron la escena. La magnitud de las heridas vasculares impidió cualquier traslado hacia un centro de mayor complejidad en la capital provincial.
La investigación judicial quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, a cargo de la fiscal Silvana Pen. La funcionaria se desplazó personalmente hasta el sector del cementerio para coordinar las tareas de la Policía Judicial y el levantamiento de pruebas que permitan determinar las circunstancias exactas del hecho. Fuentes judiciales indicaron que se busca establecer la propiedad del animal y si existían denuncias previas por comportamiento agresivo en la zona. El perro, descrito como un ejemplar mestizo de porte mediano, fue puesto bajo custodia de las autoridades sanitarias municipales para los exámenes correspondientes, mientras se define la situación legal de los responsables del predio o del canino, en caso de que se identifique un dueño formal.
Contexto
Este suceso en el Valle de Punilla se inscribe en una preocupante secuencia de ataques caninos registrados en distintas provincias argentinas durante las últimas semanas. Recientemente, en la ciudad de Posadas, Misiones, un niño de siete años fue víctima de una jauría compuesta por siete perros mestizos dentro de su propia vivienda, ubicada en la Chacra 109 sobre la calle Luzuriaga. En aquel incidente, el menor sufrió heridas múltiples en el rostro, los hombros y la espalda mientras se encontraba en el patio de su casa. La madre del niño, Eliana S. D., de 30 años, relató a las autoridades del Hospital Dr. Ramón Madariaga que el ataque fue repentino y que la intervención de los vecinos fue determinante para evitar un desenlace fatal. El niño debió ser derivado a un centro pediátrico de alta complejidad para recibir tratamiento reconstructivo.
La recurrencia de estos eventos puso nuevamente en el centro del debate la eficacia de las ordenanzas municipales sobre tenencia responsable y el control de animales en espacios públicos o semipúblicos. En Córdoba, la legislación vigente exige que los propietarios de animales potencialmente peligrosos cumplan con medidas de seguridad estrictas, aunque en el caso de Cosquín se trataba de un perro mestizo, lo que reabre la discusión sobre si la peligrosidad debe medirse por raza o por comportamiento individual y condiciones de crianza. Registros del Ministerio de Salud de la Nación indican que los ataques de perros representan una de las principales causas de ingresos por trauma en guardias pediátricas, siendo los menores de cinco años el grupo de mayor riesgo debido a su contextura física y la vulnerabilidad de zonas vitales como el cuello y la cabeza.
Impacto
El fallecimiento de la menor generó una profunda conmoción en la comunidad de Cosquín, donde los vecinos manifestaron su preocupación por la presencia de animales sueltos en las cercanías de zonas residenciales y espacios públicos como el cementerio. Desde el punto de vista legal, el caso podría derivar en imputaciones por homicidio culposo si se demuestra negligencia por parte de los cuidadores del animal. Operadores del sistema judicial señalaron que este tipo de procesos suelen enfrentar dificultades probatorias cuando los animales no poseen microchips de identificación o registros oficiales, lo que diluye las responsabilidades civiles y penales. Además, el impacto psicológico en los familiares y en el personal de emergencia que intervino en el lugar requiere de asistencia especializada, dada la violencia del evento.
A nivel institucional, se espera que el municipio de Cosquín intensifique los operativos de control canino y las campañas de castración masiva, herramientas que los especialistas consideran fundamentales para reducir la población de perros callejeros o con dueños negligentes. La tragedia también presiona a la Legislatura provincial para revisar las normativas de convivencia urbana y las sanciones aplicables a quienes no garanticen el cerramiento adecuado de sus predios. La seguridad en los alrededores de instituciones públicas, como el cementerio local, quedó bajo la lupa de los habitantes, quienes exigen mayores patrullajes de la Guardia Local para prevenir nuevos incidentes en áreas de tránsito frecuente de niños y familias.
En las próximas horas, la fiscal Silvana Pen recibirá los informes preliminares de la autopsia realizada en la morgue judicial para confirmar la causa fehaciente de muerte y avanzar con las declaraciones testimoniales de los familiares y vecinos directos. El destino del animal involucrado será decidido por la justicia una vez que se completen los peritajes de comportamiento y se verifique su estado sanitario general. Mientras tanto, la comunidad de Punilla permanece en estado de alerta ante un problema de seguridad pública que, lejos de ser un hecho aislado, parece repetirse con una frecuencia alarmante en diversos puntos del país.
