La Sala I de revisión de Salta ratificó la prisión preventiva de Ivana Portal, médica de Gendarmería Nacional, y otros dos cómplices acusados de transportar 66 kilos de cocaína tras un violento tiroteo ocurrido en Rosario de la Frontera.
El caso, que tramita en el fuero federal, involucra a la profesional de la fuerza de seguridad, a una cosmetóloga identificada como D.T. y a un comerciante de nombre J.T., quienes permanecen detenidos bajo cargos de transporte agravado de estupefacientes y tentativa de homicidio. Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, la investigación se desencadenó el pasado domingo cuando una vecina de la localidad de El Potrero alertó a las autoridades sobre un vehículo Renault Duster que era perseguido y atacado a balazos por dos camionetas. Al intervenir la policía provincial, las ocupantes del rodado —Portal y la cosmetóloga— alegaron ser víctimas de un intento de robo mientras se dirigían a un congreso médico en la ciudad de Rosario. Sin embargo, la inspección ocular del vehículo permitió descubrir un doble fondo en el baúl que contenía 64 paquetes de cocaína de máxima pureza, con un peso total de 66 kilogramos, lo que cambió radicalmente el curso de las actuaciones judiciales.
La Unidad Fiscal de Narcocriminalidad de Salta, bajo la dirección del fiscal federal Ricardo Toranzos, sostiene como hipótesis principal que el ataque armado no fue un hecho de inseguridad al azar, sino una maniobra de “mexicaneada”. De acuerdo con los peritajes balísticos y los testimonios recolectados, el comerciante J.T. habría interceptado a las mujeres con el objetivo de sustraerles el cargamento ilícito. El vehículo de las imputadas presentaba impactos de bala en la luneta trasera, la puerta lateral y un daño severo en una de las ruedas, lo que evidencia la violencia del enfrentamiento en plena Ruta Nacional 34. Tras el hallazgo de la droga, las fuerzas federales capturaron al comerciante en el puesto de control de El Tala mientras intentaba huir hacia la provincia de Tucumán en una camioneta Chevrolet Captiva junto a su pareja, A.I., quien actualmente se encuentra en libertad sujeta a reglas de conducta y prohibición de salida del país.
Contexto
Este incidente marca un precedente alarmante en la jurisdicción del Noroeste Argentino (NOA), ya que es la primera vez que una integrante del cuerpo médico de la Gendarmería Nacional, con funciones activas en el hospital público de Tartagal, resulta procesada por vínculos directos con el narcotráfico a gran escala. La utilización de miembros de fuerzas de seguridad para el transporte de sustancias ilícitas es una modalidad que preocupa a las autoridades federales, dado que la credencial y el uniforme de Portal habrían facilitado el paso por diversos controles viales previos al ataque. La zona de Rosario de la Frontera y la Ruta 34 son puntos críticos del corredor andino, históricamente utilizados por organizaciones criminales para el acopio y distribución de estupefacientes provenientes de la frontera norte hacia los centros urbanos de Santa Fe y Buenos Aires.
La investigación también puso bajo la lupa el accionar de efectivos de la Policía de Tucumán. Según consta en el expediente judicial, un grupo de uniformados tucumanos se presentó en el lugar del tiroteo alegando intenciones de colaborar con sus pares salteños. No obstante, los agentes se retiraron del sitio de manera abrupta apenas se produjo el hallazgo de los 66 kilos de cocaína, omitiendo informar el procedimiento a sus superiores jerárquicos en Salta. Esta conducta irregular está siendo analizada por el Área de Casos Complejos del fuero federal para determinar si existía una cobertura policial previa que protegía el traslado del cargamento o si los efectivos formaban parte de la logística de interceptación de la droga.
Impacto
La ratificación de la prisión preventiva por parte de los jueces Santiago French, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y Ernesto Solá responde a la gravedad institucional del hecho y al riesgo procesal de fuga. El juez federal de garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, rechazó los pedidos de arresto domiciliario solicitados por las defensas, que argumentaban problemas de salud preexistentes de las imputadas. La justicia determinó que no existen pruebas médicas que justifiquen la morigeración de la pena, especialmente considerando la severidad de la escala penal prevista para el transporte agravado de drogas y la tentativa de homicidio. Para el Ministerio Público Fiscal, la permanencia de los acusados en establecimientos penitenciarios es fundamental para evitar la obstrucción de las pericias tecnológicas pendientes sobre los teléfonos secuestrados.
El impacto de este operativo se traduce en un golpe logístico a las redes de distribución regional, al retirar del mercado ilegal una cantidad de sustancia valuada en millones de pesos. Además, el levantamiento del secreto bancario de todos los involucrados permitirá a los investigadores rastrear la ruta del dinero y determinar si existen activos financieros o propiedades adquiridas mediante el lavado de activos provenientes del narcotráfico. La participación de una profesional de la salud de una fuerza federal debilita la confianza institucional y obliga a una revisión de los protocolos de control interno dentro de la Gendarmería Nacional en las zonas fronterizas, donde la presión de las organizaciones criminales sobre los funcionarios públicos es constante y creciente.
La fiscalía dispone ahora de un plazo de 70 días para concluir la etapa de instrucción y elevar la causa a juicio oral. En las próximas semanas se esperan los resultados de los peritajes químicos sobre la pureza de la cocaína y el análisis de las cámaras de seguridad de las estaciones de servicio donde se habría iniciado la persecución. La situación de la cuarta implicada, A.I., sigue bajo revisión, mientras que la médica Portal enfrenta la posibilidad de una exoneración inmediata de la fuerza y una condena que podría superar los 15 años de prisión efectiva por el agravante de su cargo público.
