El fiscal general Alberto Gentili solicitó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín penas de hasta 24 años de prisión para 27 miembros del “Templo Filadelfia”, acusados de trata de personas y explotación laboral.
La requisitoria fiscal apunta contra una estructura delictiva que, bajo la apariencia de una congregación evangélica, funcionó de manera ininterrumpida entre 1972 y diciembre de 2020. Según la exposición del Ministerio Público Fiscal ante los jueces Fernando Machado Pelloni, Walter Venditti y la jueza Claudia Morgese, la organización captó a personas en situación de extrema vulnerabilidad para aislarlas y someterlas a un régimen de trabajo forzado. El pedido de pena más elevado recayó sobre Eva Pereyra, de 82 años, señalada como la jefa de la asociación ilícita. Para ella, Gentili solicitó 24 años de reclusión por los delitos de reducción a la servidumbre, trata de personas agravada y cuatro hechos de abuso sexual, dos de ellos cometidos contra menores de edad. El resto de los imputados, 18 como coautores y 7 como partícipes necesarios, enfrentan pedidos de pena que oscilan entre los 3 años y 9 meses y los 20 años de prisión.
Durante el debate oral, los testimonios de las 25 víctimas identificadas revelaron un sistema de control absoluto que incluía la desposesión de bienes y la explotación económica. Los fieles eran obligados a trabajar en panaderías vinculadas a la organización y a entregar la totalidad de sus ingresos a la cúpula. Una de las víctimas describió ante el tribunal rituales de sometimiento denominados “castración espiritual”, donde la líder ejercía violencia sexual y psicológica sobre los hombres del grupo bajo una supuesta justificación bíblica. La fiscalía también solicitó el decomiso de 48 inmuebles distribuidos en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba y Río Negro, además de 16 vehículos, al considerarlos instrumentos del delito o productos del lavado de activos provenientes de la explotación de los fieles.
Contexto
El Templo Filadelfia logró operar durante casi 50 años gracias a una estructura que se expandió desde su sede central en San Justo, partido de La Matanza, hacia el interior de la Argentina y países limítrofes como Paraguay y Brasil. La organización contaba con reconocimiento oficial, ya que estaba inscripta en el Registro Nacional de Cultos desde el año 1981, lo que le permitió actuar bajo un manto de legalidad durante décadas. La investigación judicial formal se inició en mayo de 2019, tras una denuncia impulsada por la fiscal general de La Matanza, Patricia Ochoa. En aquel momento, se ordenó la detención de Pereyra, conocida internamente como “la Tía Eva”, quien figuraba ante los organismos de control como una simple monotributista dedicada a la panadería, ocultando el volumen real de los activos que manejaba la congregación.
La expansión de la red delictiva quedó documentada en diciembre de 2020, cuando el fiscal Santiago Marquevich y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) coordinaron 19 allanamientos simultáneos en Bahía Blanca, Salta, Mendoza y Neuquén. Estos operativos permitieron rescatar a personas que vivían en condiciones de hacinamiento y que habían sido captadas, en muchos casos, durante su infancia. La estrategia de la organización se basaba en el reclutamiento de menores de edad, lo que facilitaba el proceso de adoctrinamiento y la ruptura de vínculos familiares externos. Según fuentes judiciales, el esquema de poder se sostenía en una asimetría extrema donde la palabra de la “profeta” Pereyra era incuestionable, lo que garantizaba el silencio de los damnificados por casi medio siglo.
Impacto
El caso del Templo Filadelfia representa uno de los procesos judiciales más extensos y complejos en materia de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre en la historia reciente de la Argentina. La magnitud del pedido de decomiso de bienes —que incluye casi medio centenar de propiedades— marca un precedente en la persecución económica de organizaciones criminales que utilizan la fe como herramienta de captación. Para los especialistas en derechos humanos, la resolución de este juicio es clave para visibilizar las secuelas psicológicas a largo plazo en las víctimas, quienes manifestaron ante el tribunal sufrir miedos persistentes y dificultades para reintegrarse a la vida social tras décadas de aislamiento forzado.
La sentencia no solo afectará a los 27 imputados actuales, sino que también pone bajo la lupa los mecanismos de control del Registro Nacional de Cultos y la capacidad del Estado para detectar situaciones de servidumbre dentro de instituciones religiosas. El impacto social se extiende a las familias que fueron desmembradas por la organización, como el caso de Julieta, una denunciante que ingresó al templo a los cuatro años y recién en 2018 pudo dimensionar el nivel de abuso al que fue sometida junto a sus seis hermanos. La condena efectiva de la cúpula significaría un reconocimiento oficial al daño sistémico provocado por una red que operó con impunidad territorial en múltiples provincias y países de la región.
Tras el cierre de los alegatos de la fiscalía, se espera que en las próximas semanas las defensas de los 27 acusados presenten sus argumentos ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2. Una vez finalizada esta etapa, los jueces fijarán la fecha para el veredicto final, que determinará si se hace lugar al pedido de prisión efectiva y al decomiso masivo de bienes solicitado por el Ministerio Público Fiscal. La tensión en los tribunales de San Martín se mantiene elevada, dado que varias víctimas aún temen represalias por parte de miembros de la organización que permanecen en libertad o vinculados a las sedes que todavía funcionan en el exterior.
