El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó este lunes el nuevo Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en el Ámbito Aeroportuario, mediante la publicación de la Resolución 468/2026 en el Boletín Oficial.
La normativa, que deroga el esquema vigente desde 2018, establece lineamientos estrictos para el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) con el fin de identificar redes criminales en nodos de transporte. Según fuentes de la cartera de Seguridad, la medida responde a la necesidad de adaptar las fuerzas federales a las nuevas modalidades de captación y traslado de víctimas, las cuales han mostrado una sofisticación creciente en el uso de tecnologías y rutas internacionales. La resolución otorga carácter reservado a los anexos operativos y a la designación de los oficiales referentes, una decisión técnica orientada a evitar filtraciones que puedan alertar a las organizaciones delictivas o poner en riesgo la integridad física de las personas rescatadas durante los operativos en las terminales.
El despliegue de este protocolo implica que cada unidad de la PSA contará con oficiales referentes especializados en el delito de trata, quienes actuarán bajo principios de urgencia, celeridad y confidencialidad. De acuerdo con datos del Ministerio de Seguridad, la intervención policial deberá priorizar la no revictimización, garantizando que el consentimiento de la víctima no sea considerado relevante para la configuración del delito, conforme a la legislación nacional vigente. Los procedimientos incluyen la evaluación continua del riesgo y la protección integral en casos que involucren a menores de edad, asegurando el cumplimiento del interés superior del niño. La Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual será el organismo encargado de monitorear la aplicación de estas pautas y de coordinar mesas de trabajo para actualizar los indicadores de riesgo de manera periódica.
Los métodos de explotación identificados en el documento oficial abarcan desde la reducción a la esclavitud y trabajos forzados hasta la producción de material de abuso sexual infantil y el matrimonio forzado. Los especialistas del área de investigaciones criminales advierten que los tratantes suelen aprovechar situaciones de vulnerabilidad extrema, como la precariedad económica, la migración irregular o el aislamiento social. En este sentido, el protocolo detalla que las redes criminales utilizan mecanismos de sometimiento basados en el endeudamiento inducido, la retención de documentos de identidad y la manipulación psicológica. Las mujeres y niñas siguen siendo el grupo demográfico más afectado, frecuentemente captadas mediante falsas promesas laborales o vínculos de confianza que facilitan el traslado hacia centros de explotación nacionales o extranjeros.
Contexto
La actualización de este marco normativo se produce en un escenario global donde el tráfico de personas ha adquirido dimensiones transnacionales más complejas. Según el Reporte de Tráfico de Personas 2024 elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), las redes de trata han diversificado sus métodos de captación, incorporando el uso de redes sociales y juegos en línea para atraer a niños, niñas y adolescentes, especialmente a aquellos que se encuentran en situación de movilidad o son migrantes no acompañados. En Argentina, los aeropuertos internacionales como Ezeiza y Aeroparque se han consolidado como puntos críticos de tránsito, lo que motivó la revisión del protocolo anterior de 2018, el cual era considerado insuficiente frente a las tácticas actuales de las organizaciones criminales.
Históricamente, el país ha trabajado en la adecuación de sus leyes para alinearse con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y lucha contra el crimen organizado. La Ley 26.364 y su modificatoria 26.842 establecieron las bases para la prevención y sanción de la trata, pero la operatividad en el terreno requería una actualización técnica. Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron que la evolución del delito muestra una mayor incidencia en la captación de personas pertenecientes a comunidades originarias y personas con discapacidad, sectores que presentan barreras adicionales para el acceso a la justicia. La implementación de la Resolución 468/2026 busca cerrar las brechas operativas que permitían a los tratantes evadir los controles migratorios y de seguridad mediante el uso de documentación apócrifa o coacción sobre las víctimas.
Impacto
El impacto inmediato de esta medida se verá reflejado en la capacitación obligatoria de la totalidad del personal de la PSA, lo que incrementará la capacidad de detección en las áreas de embarque y arribos. Al dotar a los oficiales de herramientas específicas para identificar indicadores de trata —como el comportamiento de los acompañantes, la inconsistencia en los relatos de viaje o la falta de control sobre la propia documentación—, se espera un aumento en la cantidad de denuncias y rescates efectivos. Para el pasajero común, la implementación de estas medidas no debería suponer demoras adicionales, ya que el protocolo se enfoca en la inteligencia criminal y la observación técnica por parte de los oficiales referentes, manteniendo la fluidez del tránsito aéreo mientras se refuerza la vigilancia sobre perfiles de riesgo identificados por la Dirección Nacional de Investigaciones.
Desde una perspectiva jurídica y social, la obligatoriedad de este protocolo refuerza la protección de las víctimas, quienes a menudo son criminalizadas por delitos menores cometidos bajo coacción. La normativa establece con claridad que las personas rescatadas no son penalmente responsables por las infracciones derivadas de su situación de explotación. Además, el carácter reservado de las tácticas operativas protege la cadena de custodia de las pruebas, facilitando que el Poder Judicial cuente con elementos sólidos para procesar a los cabecillas de las redes de trata. Este enfoque integral busca no solo interrumpir el traslado de las víctimas, sino también desarticular la estructura económica de las organizaciones que operan en el territorio nacional, afectando su logística en los principales nodos de transporte del país.
Hacia adelante, el Gobierno nacional planea extender estas mesas de trabajo a otros ámbitos de transporte, como las terminales de ómnibus de larga distancia y los puertos fluviales, donde la vulnerabilidad de los pasajeros suele ser mayor. La próxima etapa del plan incluye la integración de sistemas de alerta temprana con organismos internacionales de seguridad para rastrear movimientos sospechosos en tiempo real. La efectividad del nuevo protocolo será evaluada en el primer informe semestral de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata, el cual servirá de base para realizar los ajustes necesarios ante la dinámica cambiante de este flagelo criminal.
