La calificadora Moody’s informó este jueves que el proyecto de Súper RIGI impulsado por el Gobierno nacional podría potenciar la competitividad de las inversiones en Argentina, aunque su efectividad real estará supeditada a la estabilidad política y macroeconómica.
El informe técnico de la agencia internacional detalla que la iniciativa del Poder Ejecutivo busca profundizar los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) vigente desde 2024. Según los analistas de la firma, el nuevo esquema está diseñado para captar desembolsos de entre USD 200 millones y USD 600 millones, con un enfoque específico en sectores de alta intensidad tecnológica y proyectos de escala masiva. La propuesta legislativa, que será enviada próximamente al Congreso, contempla otorgar mayores garantías de estabilidad tributaria, una flexibilidad cambiaria más profunda y alivios fiscales adicionales para compromisos de largo plazo. De acuerdo con operadores del mercado financiero, esta ampliación pretende cubrir baches regulatorios que hoy limitan la llegada de capitales en áreas como la infraestructura digital y la manufactura avanzada, permitiendo que empresas de energía, minería e hidrocarburos mejoren su perfil crediticio ante la reducción de la carga impositiva efectiva y la mitigación de riesgos de acceso a divisas.
Para que el Súper RIGI logre un impacto real en la economía real, Moody’s sostiene que es imperativo ofrecer una previsibilidad regulatoria que trascienda los mandatos presidenciales. El régimen actual ya ofrece una alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias del 25%, esquemas de depreciación acelerada y la devolución del IVA durante la fase de construcción, además de una estabilidad aduanera por 30 años. No obstante, la calificadora advierte que estos incentivos, por sí solos, no logran neutralizar los problemas estructurales de Argentina, como la inflación elevada y la volatilidad del tipo de cambio. Fuentes del sector energético indicaron que, si bien las herramientas legales son robustas, el costo del financiamiento internacional sigue siendo elevado debido a la debilidad en la credibilidad de las políticas económicas de mediano plazo. Los inversores internacionales mantienen una postura de cautela, observando de cerca si la implementación del nuevo esquema será consistente y si las reglas de juego podrán sostenerse frente a posibles cambios de ciclo político en el futuro cercano.
En términos de ejecución, el reporte destaca que el desempeño del RIGI original ha sido sólido hasta el momento, con cifras que reflejan un interés concreto en los recursos naturales del país. Hasta principios de 2026, se registraron 14 proyectos aprobados por un monto aproximado de USD 27.000 millones, mientras que otros 36 proyectos, que representan una inversión potencial de USD 97.000 millones, se encuentran todavía en etapa de evaluación técnica. Recientemente, el Gobierno confirmó la incorporación de dos nuevos desarrollos mineros por un total de USD 2.130 millones: la expansión del complejo de litio Cauchari Olaroz y el proyecto de cobre San Jorge en la provincia de Mendoza. Con estas adiciones, el sistema ya cuenta con 16 proyectos formalmente aprobados y compromisos de inversión que rozan los USD 30.000 millones. La distribución geográfica muestra que la provincia de Río Negro lidera la captación de fondos con USD 18.000 millones, impulsada por la infraestructura de Gas Natural Licuado (GNL) y oleoductos vinculados a Vaca Muerta, seguida por San Juan con USD 3.700 millones y Salta con USD 3.100 millones.
Contexto
El surgimiento del Súper RIGI se produce en un momento donde el Gobierno busca acelerar la entrada de divisas para fortalecer las reservas del Banco Central y consolidar un sendero de crecimiento tras años de estancamiento. El RIGI original fue la piedra angular de la Ley Bases, diseñada para atraer capitales en sectores estratégicos como la minería y la energía, donde los plazos de retorno de inversión superan la década. Históricamente, Argentina ha enfrentado dificultades para mantener marcos normativos estables, lo que derivó en numerosos litigios ante tribunales internacionales como el CIADI. Antecedentes de restricciones cambiarias, como el denominado cepo, y cambios abruptos en las alícuotas de retenciones a las exportaciones han configurado un escenario de desconfianza que el actual Poder Ejecutivo intenta revertir mediante leyes de blindaje fiscal. La necesidad de diversificar la matriz productiva hacia la tecnología y la innovación es lo que motiva esta nueva versión del régimen, buscando que el país no sea únicamente un exportador de materias primas, sino también un polo de manufactura avanzada.
La implementación de estos regímenes especiales también responde a una competencia regional por la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED). Países vecinos como Chile y Brasil han mantenido políticas de incentivos estables para la minería y la industria pesada durante décadas, lo que les ha permitido capturar una porción mayor del mercado global. En este sentido, el Súper RIGI intenta equiparar las condiciones de competitividad de Argentina, ofreciendo beneficios que compensen el riesgo país que todavía se sitúa en niveles elevados comparado con el promedio de la región. Según analistas de consultoras privadas, el éxito de los proyectos de GNL y cobre es crítico, ya que estos sectores tienen el potencial de generar exportaciones anuales equivalentes a las del complejo agroindustrial, reduciendo la dependencia de las condiciones climáticas y los precios de los commodities agrícolas.
Impacto
El impacto directo de la aprobación del Súper RIGI se sentirá principalmente en la estructura de financiamiento de las grandes corporaciones que operan en el país. Al contar con un marco legal más robusto, las empresas podrán acceder a tasas de interés más bajas en los mercados internacionales, ya que el riesgo de expropiación o de cambios en las reglas de repatriación de dividendos se ve mitigado por las garantías estatales. Esto es vital para proyectos de infraestructura digital y puertos, que requieren desembolsos iniciales masivos y tienen márgenes de rentabilidad más ajustados que la extracción directa de hidrocarburos. Para las provincias, especialmente las de la región de Cuyo y el NOA, la consolidación de estos regímenes significa una fuente de ingresos genuinos a través de regalías y la creación de empleo indirecto en las cadenas de proveedores locales, que deben adaptarse a estándares internacionales de tecnología y seguridad.
Asimismo, la expansión del régimen hacia sectores tecnológicos podría transformar el perfil productivo de centros urbanos que hoy no participan directamente de la renta minera o petrolera. La posibilidad de instalar plantas de manufactura avanzada con estabilidad fiscal por 30 años atrae a firmas globales que buscan relocalizar sus cadenas de suministro en zonas con talento humano calificado y costos operativos competitivos. No obstante, desde el Ministerio de Economía advierten que el impacto fiscal de las exenciones debe ser monitoreado para no comprometer la meta de equilibrio financiero a largo plazo. La apuesta es que el aumento en el volumen de actividad económica y la creación de nuevos puestos de trabajo compensen la menor recaudación por alícuotas de Ganancias o derechos de importación de bienes de capital.
El próximo paso decisivo para el Súper RIGI será su tratamiento en las comisiones del Congreso de la Nación, donde el oficialismo deberá negociar con los bloques de la oposición para asegurar una mayoría que otorgue legitimidad política al proyecto. La mirada de los inversores internacionales estará puesta en el nivel de consenso que alcance la ley, ya que una aprobación por un margen estrecho o con fuertes cuestionamientos de sectores opositores podría ser interpretada como una señal de fragilidad ante un eventual cambio de gobierno. Mientras tanto, la evolución de las variables macroeconómicas, especialmente la inflación y la brecha cambiaria, seguirá siendo el termómetro real que determine si los USD 97.000 millones en proyectos pendientes de evaluación se transforman finalmente en obras concretas sobre el territorio argentino.
