La Fundación Patagonia Rural Sustentable (FPRS) lanzó un programa para reinstalar a 150 familias en zonas rurales de Santa Cruz durante los próximos tres años, con el objetivo de revertir el despoblamiento histórico mediante la producción sustentable y la tecnología.
El proyecto, impulsado por el abogado y productor Rafael Martínez de Sanzo junto a un grupo de especialistas y pobladores locales, propone un cambio de paradigma en la gestión del territorio. La iniciativa no busca una transformación total de las grandes extensiones, sino una intervención estratégica. Según explicaron desde la fundación, la afectación de apenas entre el 0,1% y el 0,5% de la superficie de una estancia de 20.000 hectáreas para reservas forrajeras e infraestructura hídrica puede garantizar la viabilidad económica de todo el predio. Martínez de Sanzo, propietario de los campos El Delfín y Sierra Andía sobre la ruta provincial 37, sostiene que el uso de tecnología y nuevas herramientas permite hoy lo que antes resultaba inviable por las condiciones climáticas extremas de la estepa santacruceña.
La estrategia técnica se basa en la creación de nodos productivos que diversifiquen la matriz económica regional. El plan incluye el desarrollo de ganadería regenerativa con especies ovinas, bovinas, caprinas y camélidos, sumado a la producción de fibras naturales y alimentos con identidad. Un ejemplo concreto que maneja la FPRS es la implantación de 25 hectáreas de alfalfa bajo riego. De acuerdo con informes técnicos de la organización, este módulo puede generar una reserva suficiente para amortiguar inviernos rigurosos o sequías prolongadas, reduciendo drásticamente la dependencia de la compra externa de forraje. En un establecimiento promedio, estas 50 hectáreas representan solo el 0,25% del terreno, pero funcionan como un “seguro biológico” que estabiliza la supervivencia de los vientres y mejora la receptividad del campo en años críticos.
Contexto
El despoblamiento de la Patagonia central no es un fenómeno nuevo, sino un proceso de décadas que se profundizó por la falta de infraestructura y la crisis de los modelos extractivos tradicionales. Históricamente, la región fue forjada por ganaderos que enfrentaron condiciones climáticas severas y realizaron arreos de hasta dos años para establecerse. Sin embargo, en el último medio siglo, la migración hacia los centros urbanos dejó miles de hectáreas en desuso. María Palacios, geóloga y miembro de la FPRS con trayectoria en la Dirección de Minería y en paleontología, destaca que la historia de Santa Cruz debe ser el cimiento para esta nueva etapa, rescatando el esfuerzo de los pioneros pero adaptándolo a las exigencias ambientales del siglo XXI.
A nivel internacional, el abandono de las zonas rurales ha generado costos sociales y ambientales elevados, lo que llevó a países de Europa como España, Italia y Francia a implementar programas de incentivos para repoblar aldeas vacías. La propuesta de la FPRS busca evitar que la Patagonia llegue a ese punto de no retorno. Guillermo Adrián Puccio, integrante de la fundación, diferencia conceptualmente la “preservación” de la “conservación”. Mientras la primera implica mantener el ambiente intacto sin intervención humana, la conservación —eje del proyecto— propone un uso responsable y sostenible de los recursos. Esta distinción es fundamental para el desarrollo de créditos por captura de carbono y la economía del conocimiento, herramientas que la fundación pretende integrar al sistema productivo rural.
Impacto
La implementación de este plan impacta directamente en la estructura social y económica de las comunidades del interior santacruceño, como Puerto San Julián y El Calafate. Para los productores locales, la clave reside en la gestión del agua y el arraigo generacional. Sandro Heinze, productor de la zona de San Julián, señaló que el objetivo es que establecimientos de 60.000 hectáreas puedan sostener a tres generaciones de una misma familia trabajando simultáneamente. La inversión en infraestructura hídrica no solo permite la producción de pasturas, sino que genera las condiciones de habitabilidad necesarias para que los jóvenes no emigren hacia las ciudades por falta de oportunidades laborales o servicios básicos.
Desde el punto de vista económico, la creación de clústeres regionales bajo el paraguas de la FPRS busca posicionar a la Patagonia como proveedora de alimentos y abrigo sustentable para un mercado global cada vez más exigente. La fundación se presenta como un articulador entre quienes poseen la tierra, quienes tienen el capital y quienes aportan el conocimiento técnico. Al no competir con las Sociedades Rurales existentes, el proyecto pretende sumar esfuerzos para transformar la región de un “museo natural” a un polo productivo activo. El impacto esperado incluye la reactivación de economías de escala, la mejora en la conectividad de las rutas provinciales y la valorización de la propiedad rural a través de la innovación.
El éxito de esta misión titánica dependerá ahora de la articulación con los Estados provinciales y la capacidad de atraer a los descendientes de antiguos estancieros y a jóvenes urbanos en busca de nuevos horizontes. El próximo paso de la Fundación Patagonia Rural Sustentable será la formalización de los primeros nodos productivos y la apertura de convocatorias para las familias interesadas en radicarse en el territorio. La tensión pendiente radica en la velocidad de la inversión en infraestructura pública, necesaria para acompañar el esfuerzo privado en una de las zonas más inhóspitas y prometedoras del país.
