El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se expida con celeridad sobre la constitucionalidad y aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución institucional, aprobada tras la cuarta marcha federal universitaria, busca destrabar la parálisis judicial que afecta la recomposición salarial de docentes y no docentes, además del presupuesto operativo de las casas de altos estudios. Según fuentes del rectorado, la presentación judicial apunta a garantizar la plena vigencia de la Ley Nº 27.795, cuya aplicación quedó en suspenso luego de que el Poder Ejecutivo Nacional presentara un recurso federal extraordinario. La normativa, sancionada por el Congreso, establece un mecanismo de actualización de fondos basado en la inflación acumulada, un punto que el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, rechaza bajo el argumento de la restricción presupuestaria y el equilibrio fiscal. El pedido de la UBA no solo se dirige al máximo tribunal, sino que también exige al juez de primera instancia una definición sobre la cuestión de fondo para evitar el deterioro del sistema de investigación y salud que depende de la universidad.
El conflicto escaló tras la masiva movilización del martes 12, que congregó a unas 120.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires y se replicó en provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca. Organizaciones como la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario encabezaron el reclamo bajo la consigna de cumplimiento efectivo de la ley. Desde el ámbito académico sostienen que la falta de actualización salarial pone en riesgo la continuidad de las funciones de docencia y extensión. En contraste, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificó que la administración central solo reconocerá las partidas asignadas en el presupuesto oficial, calificando las protestas como movimientos de naturaleza política ajenos a la discusión técnica educativa. La resolución de la UBA destaca que el consenso social expresado en las calles valida la necesidad de una protección efectiva del sistema público frente a lo que consideran un desfinanciamiento de hecho por vía administrativa.
Contexto
La disputa por el financiamiento universitario se remonta al inicio del ciclo lectivo 2024, cuando la prórroga del presupuesto 2023 dejó a las instituciones con fondos nominales idénticos frente a una inflación interanual que superó el 200%. Ante esta situación, el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Financiamiento Universitario para otorgar previsibilidad a los rectores y garantizar que los salarios no pierdan poder adquisitivo frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, el Poder Ejecutivo implementó una estrategia de judicialización para frenar los efectos de la norma. Inicialmente, la justicia federal había dictado medidas cautelares que obligaban al Estado a actualizar las becas y los sueldos de forma inmediata. Estas medidas fueron ratificadas en dos instancias superiores, pero la aceptación del recurso extraordinario presentado por los abogados del Estado Nacional suspendió su ejecución. Este escenario de incertidumbre jurídica es el que motiva el pedido de per saltum o celeridad a la Corte Suprema, dado que los plazos procesales ordinarios podrían extenderse más allá del cierre del ejercicio contable vigente.
Históricamente, la UBA ha mantenido una autonomía financiera que se ha visto tensionada en períodos de alta inflación o crisis de deuda. La Ley 27.795 fue diseñada específicamente para evitar la discrecionalidad en el envío de partidas desde la Secretaría de Educación hacia las universidades. El antecedente inmediato es la tercera marcha federal, que logró una actualización parcial de los gastos de funcionamiento (luz, gas y mantenimiento), pero dejó pendiente la discusión salarial, que representa aproximadamente el 90% del presupuesto universitario total. La actual parálisis judicial impide que los trabajadores del sector perciban los aumentos estipulados por la ley, lo que ha generado una fuga de investigadores y docentes hacia el sector privado o el exterior, fenómeno que el Consejo Superior de la UBA describió como una amenaza directa al desarrollo científico y productivo del país. La intervención de la Corte se percibe ahora como la última instancia institucional para resolver un conflicto que el Poder Legislativo y el Ejecutivo no lograron saldar políticamente.
Impacto
La resolución de la Corte Suprema tendrá consecuencias directas sobre la estructura de costos de las 57 universidades nacionales del país. Si el tribunal falla a favor de la UBA y ratifica la ley, el Gobierno nacional se verá obligado a reasignar partidas presupuestarias por un monto que consultoras privadas estiman en varios puntos del Producto Interno Bruto (PIB), lo que pondría en tensión la meta de superávit fiscal primario defendida por el Ministerio de Economía. Por el contrario, un fallo adverso o una demora prolongada en la sentencia consolidaría la pérdida del poder de compra de los salarios universitarios, que según gremios del sector ya acumulan un retraso superior al 40% respecto a la inflación desde diciembre pasado. El impacto no se limita a los sueldos; la UBA remarcó que la asistencia a la salud en hospitales escuela, como el Hospital de Clínicas, depende de estos fondos para la compra de insumos y el pago de personal especializado que cumple funciones asistenciales críticas para la población civil.
En el plano político, la decisión del máximo tribunal definirá el alcance de la potestad del Congreso para legislar sobre gastos específicos frente a la facultad del Ejecutivo para administrar el presupuesto. Operadores del mercado jurídico señalan que este caso podría sentar un precedente sobre la validez de las leyes de financiamiento con asignación específica en contextos de emergencia económica. Para el estudiantado, la falta de resolución implica la posibilidad de nuevos paros totales y la afectación del calendario académico del segundo cuatrimestre. La UBA ha manifestado que su compromiso con la educación gratuita e inclusiva es innegociable, pero advierte que la excelencia académica no puede sostenerse sin una base material mínima que la ley sancionada pretendía cubrir. La presión social ejercida por las movilizaciones masivas añade un componente de urgencia institucional que la Corte deberá ponderar al momento de fijar su agenda de acuerdos para los próximos meses.
El próximo paso procesal depende exclusivamente de los tiempos de la Secretaría Jurídica de la Corte Suprema, que debe analizar la admisibilidad del planteo de la UBA. Mientras tanto, el Frente Gremial Universitario no descarta nuevas medidas de fuerza si no hay una respuesta concreta antes de la finalización del mes en curso. La tensión entre la Casa Rosada y el sistema universitario permanece en su punto más alto, a la espera de una definición que determine si la Ley de Financiamiento es una obligación exigible o una declaración de deseos supeditada a la caja del Tesoro Nacional.
