La Justicia de La Matanza solicitó la prisión preventiva para seis integrantes de una organización criminal acusada de gestionar centros de salud ilegales y prestar servicios médicos con personal no habilitado en escuelas, comisarías y clubes de la zona oeste.
La investigación, liderada por el fiscal Fernando Garate y la Policía Federal Argentina, reveló un entramado delictivo que operó durante los últimos cinco años bajo la firma “ARS Salud”. La organización, que contaba con sedes en González Catán, San Justo, Gregorio de Laferrere y Virrey del Pino, logró infiltrarse en instituciones públicas y privadas de alta sensibilidad. Según fuentes judiciales, al menos 40 establecimientos educativos del partido contrataron el servicio de “área protegida” de esta red, dejando la cobertura de emergencias de miles de alumnos en manos de falsos profesionales. El Consejo Escolar de La Matanza ya ordenó a los directivos de las escuelas afectadas presentarse ante la Justicia para radicar denuncias individuales, mientras se intenta determinar el alcance del riesgo sanitario al que fueron expuestos los menores durante el horario de clases.
El accionar de la banda no se limitó al ámbito educativo. La red criminal extendió sus servicios a las fuerzas de seguridad locales. Varios comisarios de La Matanza contrataron a ARS Salud para realizar los denominados “precarios médicos”, informes obligatorios sobre el estado de salud de los detenidos que ingresan a las seccionales. De acuerdo con operadores del sistema judicial, los titulares de las dependencias recurrían a esta clínica ilegal para agilizar los trámites de ingreso y evitar el traslado de los presos a los hospitales públicos de la zona, cuyas guardias se encuentran crónicamente saturadas. Los falsos médicos concurrían a las comisarías en ambulancias o vehículos particulares ploteados con el logo de la empresa, utilizando sellos robados o falsificados de profesionales matriculados que residen en provincias como Chubut o incluso en España.
La estructura jerárquica de la organización estaba encabezada por Alberto Rubén Santarceri, cuyas iniciales daban nombre a la firma. Junto a él, la Justicia identificó a Gabriel Musse y a cuatro familiares directos de Santarceri como piezas clave de la asociación ilícita. Los investigadores determinaron que tanto Santarceri como Musse poseen antecedentes penales graves, incluyendo una condena por un homicidio cometido en el año 2008. Santarceri, quien registra el prontuario policial N° 20313376, había recuperado la libertad en mayo de 2020 bajo un régimen de excarcelación por riesgo de Covid-19. Tras su salida de prisión, habría reactivado y expandido la red de consultorios truchos, llegando a instalar un centro de tres pisos en la calle Matienzo 5008, en González Catán, que funcionaba a plena vista de las autoridades municipales y frente a una Unidad Primaria de Atención (UPA).
Contexto
El origen de esta causa se remonta a febrero de este año, cuando la Policía Federal comenzó a rastrear a una banda de piratas del asfalto que operaba en el oeste del Gran Buenos Aires. Mediante intervenciones telefónicas, seguimientos y análisis de redes sociales, los detectives descubrieron que el líder de los asaltos a camiones era el mismo hombre que figuraba como dueño de una red de servicios médicos. Durante tres meses de tareas de inteligencia, se constató que la organización utilizaba la fachada legal de ARS Salud para lavar activos provenientes de robos y, simultáneamente, lucrar con la salud pública. La clínica central en Virrey del Pino, iniciada en 2019, fue el punto de partida de una expansión que incluyó la captación de sindicatos, obras sociales y clubes sociales que buscaban aptos médicos para colonias de verano de forma irregular.
La gravedad del caso escaló significativamente tras los 13 allanamientos realizados el pasado 20 de mayo, donde se detuvo a un total de 29 personas. En los procedimientos se secuestraron ambulancias que eran conducidas por choferes sin registro profesional y se detectaron farmacias ilegales que comercializaban medicamentos sin control sanitario. Además, la aparición de testimonios de vecinos de González Catán cuyos familiares fallecieron tras ser atendidos en estos consultorios cambió el rumbo de la pesquisa. Los médicos reales cuyos nombres figuraban en los sellos falsificados comenzaron a presentarse espontáneamente ante la fiscalía para declarar que sus identidades habían sido usurpadas, confirmando que la atención brindada en los centros de ARS Salud carecía de cualquier sustento científico o legal.
Impacto
El impacto de este fraude sanitario es multidimensional y afecta la confianza en las instituciones de control de La Matanza. En términos legales, la fiscalía evalúa agravar la imputación de los cabecillas a la figura de homicidio por dolo eventual, lo que podría derivar en penas de hasta 25 años de prisión. Para ello, se ha iniciado un proceso de revisión de historias clínicas y se prevé la exhumación de cuerpos para realizar peritajes que establezcan el nexo causal entre la mala praxis de los falsos médicos y los fallecimientos reportados. Desde el punto de vista administrativo, el caso pone bajo la lupa la responsabilidad de los funcionarios municipales y policiales que permitieron el funcionamiento de locales sin habilitación y contrataron servicios de emergencia sin verificar las credenciales del personal.
Para la comunidad educativa, la situación genera una crisis de seguridad sin precedentes. Las 40 escuelas involucradas deben ahora auditar todos los incidentes médicos ocurridos en los últimos cinco años para verificar si algún alumno sufrió secuelas por una atención deficiente. Según fuentes del Ministerio de Salud bonaerense, se está coordinando un relevamiento para asegurar que los servicios de “área protegida” en el distrito cumplan con las normativas vigentes de la Dirección de Fiscalización Sanitaria. La vulnerabilidad de los detenidos en comisarías también queda expuesta, ya que los informes médicos falsos podrían haber ocultado lesiones o patologías graves que no fueron tratadas adecuadamente en el momento del ingreso al sistema penitenciario.
El Ministerio Público Fiscal dispone ahora de un plazo de diez meses para completar el sumario y elevar la causa a juicio oral. Mientras tanto, los seis principales acusados permanecerán bajo prisión preventiva ante el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la complejidad de la red de vínculos que mantienen en la zona. La tensión pendiente se centra en la posible imputación de funcionarios públicos por omisión de deberes o complicidad, dado que la organización operó durante un lustro con una estructura visible y publicidad en la vía pública sin ser detectada por los organismos de inspección locales. El avance de las pericias forenses sobre los fallecidos determinará si la “clínica del horror” enfrentará cargos por muertes evitables en los próximos meses.
