La Justicia de Bolivia suspendió el juicio oral contra el expresidente Evo Morales por el delito de trata agravada de personas, tras su inasistencia a la audiencia programada el lunes 11 de mayo en la ciudad de Tarija.
El juez Carlos Oblitas, titular del tribunal encargado de la causa, ratificó la declaratoria de rebeldía contra el exmandatario y emitió una nueva orden de aprehensión, la cuarta dictada en su contra en los últimos 18 meses. Según informaron fuentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el proceso judicial no podrá avanzar hacia la etapa de sentencia mientras el imputado no se encuentre físicamente presente en el estrado. Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, permanece actualmente en la región del Chapare, específicamente en la localidad de Lauca Ñ, donde cuenta con el resguardo de sindicatos cocaleros que impiden el ingreso de las fuerzas de seguridad para ejecutar los mandamientos judiciales pendientes. La magistrada del TSJ, Rosmery Ruiz Martínez, confirmó que la parálisis del juicio es una consecuencia directa de la normativa procesal vigente, que impide juzgar en ausencia a ciudadanos acusados por delitos penales de esta gravedad.
La acusación presentada por el Ministerio Público se centra en un presunto vínculo de Morales con una menor de edad durante el ejercicio de su presidencia. De acuerdo con los datos aportados por el fiscal departamental de Tarija, José Mogro, la investigación ha logrado recolectar más de 170 pruebas documentales y testimoniales que sustentarían la imputación. La fiscalía sostiene que el exlíder del Movimiento al Socialismo (MAS) habría mantenido una relación con una adolescente con quien, presuntamente, tuvo una hija en el año 2016. Además, las pesquisas indican que la familia de la víctima habría recibido beneficios directos, incluyendo cargos en la administración pública, a cambio de facilitar o encubrir la situación. Por este motivo, los padres de la joven también se encuentran implicados en el expediente bajo cargos de complicidad. Ante la contundencia de los elementos probatorios presentados, la Fiscalía General del Estado adelantó que solicitará una condena de 20 años de prisión efectiva para el exjefe de Estado.
Desde el entorno legal de Morales, la estrategia de defensa se ha centrado en cuestionar la validez del proceso y en denunciar una supuesta manipulación política del sistema judicial. Los abogados defensores presentaron un memorial ante el Tribunal de Sentencia Penal de Tarija, presuntamente firmado por la víctima —quien hoy es mayor de edad y reside en Argentina junto a su hija—, en el cual ella negaría la existencia del delito y solicitaría la nulidad absoluta de las actuaciones. Sin embargo, los peritos del Ministerio Público evalúan la autenticidad y las condiciones en las que dicho documento fue redactado. Mientras tanto, Morales ha utilizado sus canales de comunicación oficiales para calificar el juicio como una “brutal persecución judicial y mediática” orquestada por el actual gobierno de Rodrigo Paz y la gestión previa de Luis Arce. Según el exmandatario, estas causas están “armadas” con el único objetivo de aniquilarlo moralmente e inhabilitarlo para futuras contiendas electorales, una postura que mantiene desde que se inició la investigación formal en septiembre de 2024.
Contexto
El conflicto judicial de Evo Morales se desarrolla en un escenario de profunda fractura política en Bolivia, que comenzó a gestarse tras su renuncia en 2019 y se profundizó con la división interna del MAS. Este proceso por trata de personas tuvo su origen administrativo en septiembre de 2024, pero los hechos investigados se remontan a casi una década atrás. Durante el último año y medio, la justicia boliviana intentó en reiteradas ocasiones obtener la declaración informativa del exmandatario. Morales fue convocado formalmente por la Fiscalía en octubre de 2024 y nuevamente en enero de 2025, pero en ambas oportunidades optó por no presentarse, alegando que no existían las garantías mínimas de seguridad y que el proceso estaba viciado de nulidad desde su origen. Esta conducta procesal derivó en las sucesivas órdenes de aprehensión que la Policía Boliviana no ha podido ejecutar debido a la resistencia civil en el Trópico de Cochabamba.
La situación se agrava por el historial de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en el país andino. La magistrada Rosmery Ruiz Martínez salió al cruce de las acusaciones de Morales, asegurando que el Órgano Judicial no actúa como un brazo operativo de la política partidaria. En declaraciones institucionales, Ruiz Martínez enfatizó que si el imputado se presenta y demuestra su inocencia con pruebas de descargo, será liberado conforme a derecho, rechazando la idea de que los jueces sean actores políticos. No obstante, la defensa insiste en que el caso fue reactivado estratégicamente en momentos de alta tensión social para desviar la atención de la crisis económica y los problemas de gestión gubernamental. El hecho de que la presunta víctima se encuentre fuera del país, en territorio argentino, añade una capa de complejidad diplomática a un caso que ya ha trascendido las fronteras bolivianas y es seguido de cerca por organismos internacionales de derechos humanos.
Impacto
La suspensión del juicio genera un impacto institucional significativo, ya que deja en un limbo legal una de las causas más sensibles de la historia reciente de Bolivia. Para el sistema de justicia, la imposibilidad de avanzar sin la presencia del acusado representa un desafío a la autoridad del Estado, especialmente cuando el imputado permanece en territorio nacional bajo la protección de grupos paraestatales o sindicales. Esta situación debilita la percepción de seguridad jurídica y alimenta el debate sobre la existencia de zonas donde la ley no logra aplicarse de manera efectiva. Por otro lado, el impacto político es inmediato: la vigencia de la orden de captura limita severamente la movilidad de Morales, restringiendo su capacidad de realizar campaña proselitista o participar en actos públicos fuera de su zona de influencia directa, lo que altera el tablero electoral de cara a los próximos comicios.
En términos sociales, el caso ha polarizado aún más a la opinión pública boliviana. Mientras los sectores afines al exmandatario denuncian un intento de “proscripción”, las organizaciones de defensa de los derechos de la niñez y las víctimas de trata exigen que el proceso llegue a una sentencia para evitar la impunidad en delitos de lesa humanidad. La gravedad de la pena solicitada por la Fiscalía —20 años de cárcel— eleva la vara del conflicto y reduce el margen de negociación política entre el oficialismo y el ala radical del MAS. Además, la radicación de la víctima en Argentina y su presunta retractación introducen un elemento de incertidumbre sobre la solidez del caso a largo plazo, ya que el testimonio principal podría verse comprometido por presiones externas o por la propia distancia física del tribunal competente.
El próximo paso procesal depende exclusivamente de la capacidad operativa de la Policía Boliviana para dar cumplimiento al mandamiento de aprehensión o de una decisión política de Morales para entregarse a las autoridades. Mientras el exmandatario permanezca en Lauca Ñ, el juicio seguirá en suspenso indefinido, prolongando una crisis de legitimidad que afecta a los tres poderes del Estado. La Justicia ha dejado claro que no habrá juicio en rebeldía, lo que traslada la presión al Ministerio de Gobierno para ejecutar la captura en una zona de alta conflictividad social. Se espera que en las próximas semanas la defensa intente nuevos recursos de amparo para anular la orden de detención, mientras la Fiscalía busca mecanismos de cooperación internacional para asegurar la declaración de la víctima desde el exterior.
