La informalidad laboral en el Conurbano bonaerense alcanzó al 70,2% de los trabajadores cuentapropistas durante el segundo trimestre de 2024, según datos procesados por el Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.
El fenómeno de la falta de registro no es exclusivo del Gran Buenos Aires, aunque su magnitud en el centro urbano más poblado del país enciende alarmas sobre la calidad del empleo. A nivel nacional, el promedio de informalidad entre quienes trabajan por cuenta propia se ubica en el 65,8%, mientras que en el segmento de los asalariados la cifra desciende al 37,9%. Si se toma el universo total de ocupados en la Argentina, el índice de informalidad promedio escala al 45%, consolidando una tendencia de precarización que se agudizó en el último año tras el desplazamiento de trabajadores desde el sector dependiente hacia el cuentapropismo de baja productividad.
De acuerdo con el relevamiento detallado por los economistas Germán Tessmer y Bárbara Boggiano, la geografía de la informalidad muestra disparidades extremas en el territorio nacional. Mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registra un 32,8% de cuentapropistas informales, en el norte del país las cifras son críticas. La ciudad de Formosa encabeza el ranking negativo con un 87,9% de informalidad en este sector, seguida de cerca por el Gran Tucumán y Tafí Viejo con un 87,6%, y el aglomerado Santiago del Estero-La Banda con un 87,5%. En la región de Cuyo, el Gran San Juan reporta un 83% de trabajadores independientes sin aportes, lo que demuestra que la problemática tiene un fuerte componente regional vinculado a la estructura productiva local.
La mutación del mercado de trabajo argentino se hace evidente al observar la composición de las ocupaciones. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo de 2024, la participación del cuentapropismo en el total de los empleos subió del 22,6% al 25,5%, mientras que la proporción de asalariados cayó del 73,7% al 70,5%. Fuentes del Ministerio de Economía y analistas del sector laboral coinciden en que este traspaso no responde a un auge del emprendedurismo tecnológico, sino a una estrategia de supervivencia. “El cuentapropismo informal masivo no es el programador que factura al exterior: es el del oficio, el comercio y el servicio personal”, advirtió Tessmer en el informe, diferenciando sectores como los servicios profesionales, donde la informalidad es de apenas el 19,2%.
Contexto
Para comprender la situación actual es necesario remontarse a la serie histórica iniciada en 2016. El modelo estadístico desarrollado por la UNR muestra una tendencia creciente de la informalidad que solo se vio interrumpida en 2020, aunque por razones negativas: la cuarentena por la pandemia de Covid-19 eliminó masivamente puestos no registrados, lo que generó una baja artificial del índice. Al normalizarse la actividad, la precariedad retomó su senda alcista. Un dato clave es que la informalidad no solo crece por el aumento de cuentapropistas, sino también dentro del empleo en relación de dependencia: a fines de 2016, el 33,6% de los asalariados no tenía aportes, cifra que hoy trepó al 37,9%.
El análisis histórico también permite identificar sectores que estructuralmente operan al margen del registro. El servicio doméstico lidera este triste podio con un 77,4% de informalidad, seguido por la construcción con un 76,2%, la gastronomía y hotelería con un 63,9% y el comercio minorista con un 54,7%. En contraste, las regiones con fuerte presencia de industrias extractivas o regímenes especiales muestran mejores indicadores. Tierra del Fuego, con las ciudades de Ushuaia y Río Grande, presenta un 43,1% de informalidad en cuentapropistas, uno de los niveles más bajos del país, mientras que en Neuquén, impulsada por la actividad en Vaca Muerta, la informalidad total es de apenas el 26,4%.
Impacto
La persistencia de estos niveles de informalidad impacta directamente en la sostenibilidad del sistema previsional y en la protección social de los trabajadores. Según Paul Segal, profesor de Economía en el IAE Business School, existe una paradoja donde los actores del sistema toleran la informalidad por distintos beneficios de corto plazo: los gobiernos obtienen flexibilidad política y contención social, mientras que algunas empresas dependen de proveedores informales para reducir costos. Sin embargo, el impacto a largo plazo es una baja productividad sistémica que impide el crecimiento del salario real. La brecha de ingresos entre el norte y el sur del país se explica, en gran medida, por el tamaño de las empresas y la inversión en capital, factores que en el NOA y NEA son sensiblemente menores.
Además de los factores económicos, el mercado laboral enfrenta ahora amenazas climáticas. Informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmados por Fabio Bertranou, advierten que el fenómeno de El Niño podría agravar la situación en el norte y noreste argentino. Las inundaciones y los daños en la infraestructura de transporte no solo afectan la producción agrícola, sino que destruyen los precarios activos de los trabajadores independientes, empujándolos a una vulnerabilidad aún mayor. La falta de inversión pública en infraestructura básica se presenta así como un cuello de botella que impide que el crecimiento económico se traduzca en empleos de calidad y registrados.
Hacia adelante, la resolución de este escenario depende de una combinación de estabilidad macroeconómica e incentivos específicos para la formalización. Si bien el empleo estatal en provincias como La Rioja y Catamarca —donde supera el tercio de los ocupados— actúa como un amortiguador de la informalidad total (manteniéndola en 43,9% y 45,1% respectivamente), no representa una solución genuina para el sector privado. La tensión pendiente radica en si el actual ciclo económico logrará atraer inversiones de alta productividad que logren absorber la masa de trabajadores que hoy subsisten en el cuentapropismo no registrado del Conurbano y el interior del país.
