El obispo de Chascomús y referente de la Pastoral Social, Carlos Malfa, expuso ante la Cámara de Diputados de la Nación su rechazo al proyecto que busca liberar la venta de tierras a extranjeros en zonas estratégicas del país.
La iniciativa parlamentaria, que comenzó su debate formal el pasado 24 de junio de 2026, propone una reforma integral sobre la tenencia de suelo en territorio argentino. Actualmente, la legislación vigente establece un tope estricto a la apropiación extranjera, limitado al 15% de la superficie a nivel jurisdiccional y un máximo de 1000 hectáreas en las denominadas zonas núcleo, que poseen el mayor valor productivo del país. Según fuentes del Congreso de la Nación, el nuevo texto normativo eliminaría estas restricciones, permitiendo que capitales internacionales adquieran extensiones sin los límites actuales, lo que ha generado una fuerte reacción de diversos sectores eclesiásticos y sociales que ven en esta medida una amenaza directa a la soberanía nacional sobre recursos críticos.
Durante su intervención, Malfa subrayó que la normativa actual prohíbe taxativamente la titularidad o posesión extranjera de tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua ubicados en zonas de seguridad de frontera. El prelado advirtió que el nuevo proyecto abriría la puerta a una concentración de activos vinculados al petróleo, la minería, los glaciares y las nacientes de los ríos. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, la entrada de divisas por inversión extranjera directa es uno de los argumentos del oficialismo para impulsar el cambio, pero desde la Iglesia sostienen que el desarrollo humano integral no puede medirse únicamente por el flujo de capitales si esto implica degradar los ecosistemas o desplazar a comunidades vulnerables.
El obispo citó la reciente encíclica del Papa León XIV, “Magnifica Humanitas”, para reforzar la postura de la Doctrina Social de la Iglesia sobre la función social de la propiedad. Según el documento pontificio, el derecho a la propiedad privada no es absoluto ni intocable, sino que debe estar subordinado al destino universal de los bienes. En este sentido, la Pastoral Social, Cáritas y la Pastoral Aborigen emitieron un comunicado conjunto donde sostienen que el proyecto debilita la potestad del Estado para gestionar el territorio y proteger el interés comunitario. La preocupación central radica en que la tierra deje de ser considerada un bien común para transformarse exclusivamente en una mercancía sujeta a la especulación financiera internacional.
Contexto
El debate sobre la Ley de Tierras se produce en un momento de alta sensibilidad social, coincidiendo con la efervescencia deportiva por la participación de la Selección Argentina en competencias internacionales y la expectativa por la cuarta copa mundial. Sin embargo, los antecedentes legislativos muestran una tensión histórica: la ley original fue diseñada para evitar la fragmentación del territorio nacional y proteger áreas de valor ecológico. En los últimos años, Argentina ha enfrentado crisis ambientales severas, incluyendo incendios forestales masivos en la Patagonia y otras regiones, que resultaron en la pérdida irreparable de bosques nativos y biodiversidad. Hasta el momento, la ley impedía el cambio de uso del suelo en áreas incendiadas por períodos de entre 30 y 60 años para evitar la especulación inmobiliaria.
Otro antecedente relevante es la gestión de los recursos hídricos, particularmente en la cuenca del Paraná. La Iglesia y organizaciones ambientales han cuestionado la visión del río como una simple “hidrovía” o corredor comercial, exigiendo que se lo trate como un ecosistema vital. La discusión actual se enmarca también en la preparación para la visita oficial del Papa León XIV a la Argentina, un evento que la jerarquía católica busca dotar de contenido político y social, instando a que las leyes nacionales reflejen las enseñanzas de la ecología integral propuestas por el Vaticano en documentos como Laudato si’ y la mencionada Magnifica Humanitas.
Impacto
De aprobarse la reforma, el impacto inmediato sería la habilitación para urbanizar o desarrollar proyectos productivos en tierras recientemente castigadas por el fuego. La derogación de los artículos que prohíben el cambio de uso de suelo tras incendios rurales o de bosques nativos es uno de los puntos más polémicos, ya que, según especialistas en derecho ambiental, esto podría incentivar la provocación intencional de focos ígneos para liberar terrenos protegidos. Además, la eliminación de los topes de 1000 hectáreas en zonas núcleo facilitaría la consolidación de grandes latifundios en manos de fondos de inversión extranjeros, dificultando el acceso a la tierra para pequeños productores y comunidades campesinas.
Para las comunidades indígenas y rurales, la extranjerización representa un riesgo para su identidad y seguridad jurídica. La pérdida de control estatal sobre las zonas de seguridad de frontera y las nacientes de agua dulce plantea, además, un desafío a la seguridad nacional a largo plazo. Operadores del mercado inmobiliario rural sugieren que la medida podría disparar el precio de la hectárea en zonas productivas, beneficiando a los actuales grandes propietarios pero cerrando el mercado para los productores locales. La Iglesia insiste en que la justicia intergeneracional está en juego, ya que la enajenación de recursos no renovables compromete las condiciones de vida de las futuras generaciones de argentinos.
El debate en las comisiones de la Cámara de Diputados continuará durante las próximas semanas, mientras se espera que otros actores de la sociedad civil presenten sus informes técnicos. La tensión entre la necesidad de atraer inversiones y la protección de la soberanía territorial marcará la agenda legislativa del segundo semestre. El próximo paso clave será el dictamen de mayoría, que determinará si el proyecto llega al recinto antes de la visita papal, en un clima de creciente movilización por parte de organizaciones ambientales y sociales que exigen mantener las restricciones vigentes.
