Cinco hermanos de Loan Peña declaran este miércoles ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en el marco de la sexta audiencia del juicio por la desaparición del menor.
La jornada judicial, que sufrió una demora inicial y comenzó pasadas las 10:00, se centra en los testimonios de Cristian, Alfredo, José, César y Fernando Peña. Estos relatos resultan determinantes para los magistrados, ya que buscan establecer con precisión cronológica los movimientos de la familia inmediatamente después del almuerzo del 13 de junio de 2024. Según fuentes judiciales cercanas al proceso, el objetivo de la fiscalía es contrastar las versiones de los hermanos con las declaraciones previas de los 17 imputados, entre los que se encuentran figuras clave como Carlos Pérez, Victoria Caillava, la tía del niño, Laudelina Peña, y Nicolás Soria, conocido como “El Americano”. La presencia de los acusados en la sala, custodiados por fuerzas federales, marca un punto de alta tensión en un debate que se desarrolla bajo una modalidad mixta, con jueces presentes y otros conectados de forma remota desde distintas jurisdicciones del país.
El tribunal que lleva adelante el debate está compuesto por el magistrado Fermín Ceroleni, presente de forma física en la ciudad de Corrientes, junto al juez sustituto Enrique Jorge Bosch, proveniente del Tribunal Oral Federal de Resistencia, Chaco. En tanto, los jueces Simón Pedro Bracco, de la provincia de Río Negro, y Eduardo Belforte, de Formosa, participan de las deliberaciones a través de videoconferencia, una metodología que ha sido cuestionada por las defensas pero ratificada por la Cámara de Casación. Durante las primeras horas de la mañana, se observó a Carlos Pérez y Victoria Caillava dialogar intensamente con sus representantes legales antes del ingreso de los testigos. La estrategia de la querella, representada por la familia Peña, apunta a demostrar que existió una coordinación previa para ocultar el paradero del niño, mientras que las defensas intentan desviar la responsabilidad hacia la falta de preservación de la escena primaria en el paraje Algarrobal.
Contexto
La desaparición de Loan Peña, de apenas cinco años, conmocionó a la provincia de Corrientes y al país el 13 de junio de 2024, tras un almuerzo en la casa de su abuela Catalina Peña. Lo que inicialmente se reportó como un extravío en una zona de montes y lagunas, derivó rápidamente en una investigación federal por presunta trata de personas y sustracción de menores. La causa atravesó múltiples etapas, incluyendo rastrillajes masivos con más de 600 efectivos de seguridad, el análisis de cientos de celdas telefónicas y la detención escalonada de familiares y allegados. La abuela Catalina, cuya declaración está prevista para este jueves, es la dueña de la propiedad donde se vio al niño por última vez. Su testimonio es considerado el cierre de la etapa familiar del juicio, aportando claridad sobre quiénes fueron invitados al almuerzo y cómo se gestó la salida hacia el naranjal, punto geográfico donde se perdió el rastro definitivo de la víctima.
A lo largo de los últimos meses, la investigación enfrentó serias dificultades debido a las contradicciones en los testimonios de los adultos presentes en el lugar. La intervención de la justicia federal se produjo luego de que la justicia provincial se declarara incompetente al hallar indicios de un delito que excedía el ámbito local. La figura de Nicolás Soria, alias “El Americano”, se sumó al expediente meses después de la desaparición, bajo cargos de obstaculización de la justicia y presunta participación en maniobras de encubrimiento. Este juicio oral busca determinar no solo la responsabilidad material de quienes se llevaron a Loan, sino también la red de complicidades que permitió que el niño no fuera hallado durante las denominadas “horas de oro” de la búsqueda inicial. Los antecedentes de este caso han puesto bajo la lupa los protocolos de búsqueda de menores en zonas rurales y la coordinación entre fuerzas provinciales y federales en el noreste argentino.
Impacto
El desarrollo de este juicio oral tiene consecuencias directas en la estructura de seguridad y justicia de la región, habiendo provocado ya cambios en la cúpula de la policía correntina y en los protocolos de alerta temprana para menores desaparecidos. Para la sociedad civil, el caso Loan se ha convertido en un emblema de la lucha contra la trata de personas, movilizando a organizaciones no gubernamentales que exigen una sentencia ejemplificadora para los 17 imputados. Operadores del mercado judicial señalan que el veredicto de este tribunal sentará un precedente sobre cómo se deben abordar las causas de desaparición forzada cuando existen sospechas de participación de círculos íntimos y funcionarios locales. Además, el impacto emocional en la comunidad de 9 de Julio, localidad donde residía el menor, ha fracturado vínculos sociales y ha generado un clima de desconfianza hacia las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana.
Desde el punto de vista jurídico, la resolución de este debate oral determinará la validez de las pruebas tecnológicas recolectadas, como los peritajes a los vehículos de Pérez y Caillava, donde se hallaron rastros odorológicos del niño. Si el tribunal logra establecer una condena firme, se validaría la hipótesis de una organización dedicada a la captación de menores con fines de explotación, una problemática que las autoridades federales buscan erradicar en las zonas fronterizas. Por el contrario, una absolución por falta de pruebas directas sobre el paradero del menor podría generar una crisis institucional de proporciones, dada la presión social y la visibilidad internacional que ha tomado el expediente. La declaración de los hermanos hoy es, en este sentido, el último eslabón para cerrar el círculo sobre lo que ocurrió en el trayecto entre la casa de la abuela y el naranjal, un tramo de apenas 600 metros que cambió la historia judicial de la provincia.
La audiencia continuará durante la tarde con el análisis de material audiovisual recolectado durante las reconstrucciones en el terreno. Se espera que el jueves, tras el testimonio de la abuela Catalina, el tribunal dicte un cuarto intermedio para procesar la voluminosa carga testimonial antes de pasar a la etapa de los peritos técnicos. La tensión en las afueras del Escuadrón 48 de Gendarmería se mantiene alta, con presencia de manifestantes que exigen la aparición con vida del niño y justicia por parte de los magistrados intervinientes. El proceso entra así en su fase más crítica, donde la coherencia de los relatos familiares será puesta a prueba frente a las evidencias materiales presentadas por la fiscalía federal.
