La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional sorteó este martes al juez Gustavo Bruzzone para resolver la recusación presentada contra el Tribunal Oral en lo Criminal N°29, que juzga a Cristian “Pity” Álvarez por homicidio.
La designación del titular de la Vocalía N°2, quien intervendrá de manera unipersonal, representa el primer movimiento administrativo para intentar destrabar un proceso judicial que se encuentra paralizado desde el pasado lunes 7 de septiembre. Según informaron fuentes de la Oficina Judicial, la resolución de Bruzzone es determinante para establecer si el debate puede reanudarse la próxima semana o si, por el contrario, debe iniciarse desde cero. La urgencia radica en el cumplimiento de los plazos procesales: el Código Procesal Penal establece un límite de diez días hábiles para la interrupción de un juicio oral; de superarse ese término sin actividad, todas las actuaciones previas quedarían anuladas, obligando a realizar un nuevo sorteo de tribunal y a repetir las audiencias ya celebradas.
El conflicto escaló durante la última audiencia, cuando los abogados defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro solicitaron la suspensión del debate argumentando un deterioro crítico en la salud psicofísica del exlíder de Viejas Locas. La defensa presentó un informe médico posterior a la descompensación que Álvarez sufrió el 2 de septiembre, la cual derivó en su traslado de urgencia al Hospital Fernández. De acuerdo con los peritajes aportados por los letrados, el músico presenta un “consumo anárquico de medicamentos” que conlleva un riesgo de vida inminente y una incapacidad cognitiva para procesar las instancias del juicio. Sin embargo, el fiscal Sandro Abraldes rechazó de plano la solicitud, al considerar que no existen elementos nuevos que modifiquen la aptitud del imputado para enfrentar el banquillo de los acusados, sugiriendo que la estrategia defensiva busca dilatar el proceso de manera sistemática.
La tensión en la sala alcanzó su punto máximo cuando el presidente del TOC N°29, Gustavo Goerner, ratificó la continuidad del juicio y lanzó duras críticas hacia la representación legal del músico. Goerner señaló que la situación de Álvarez pareció agravarse coincidentemente con el cambio de defensa y recordó que el tribunal ya otorgó facilidades, como la posibilidad de que el imputado siga las audiencias de forma remota o se retire de la sala si su condición lo requiere. Ante el rechazo de la suspensión, Baños y Queijeiro interpusieron la recusación contra los tres magistrados y el fiscal, alegando una vulneración al “principio de igualdad de armas”. El argumento central de este planteo sostiene que, durante la emergencia médica del 2 de septiembre, los jueces y el fiscal permanecieron en la sala mientras que a los abogados defensores se les impidió el reingreso, lo que habría generado una situación de indefensión técnica.
Contexto
El proceso judicial contra Cristian Álvarez se remonta al 12 de julio de 2018, fecha en la que el músico fue acusado de asesinar a tiros a Cristian Maximiliano Díaz, de 36 años, en el barrio porteño de Villa Lugano. Según la instrucción de la causa, el hecho ocurrió frente a la torre 12 del complejo habitacional Samoré, tras una discusión entre ambos. Álvarez permaneció prófugo durante varias horas hasta que se entregó en la comisaría 52, donde confesó ante los medios de comunicación haber disparado contra la víctima alegando defensa propia. Desde entonces, el caso ha atravesado múltiples interrupciones debido al estado de salud mental del cantante, quien pasó largas temporadas internado en centros terapéuticos y bajo el programa Prisma del sistema penitenciario.
En el año 2021, el juicio fue suspendido por primera vez luego de que peritos del Cuerpo Médico Forense determinaran que Álvarez no se encontraba en condiciones psíquicas de comprender la criminalidad de sus actos ni de participar en su defensa. Tras un periodo de tratamiento y nuevas evaluaciones que indicaron una mejoría relativa, la justicia decidió retomar el debate oral en este 2024. No obstante, las recientes crisis de salud y los planteos de nulidad han vuelto a poner en jaque la posibilidad de llegar a un veredicto. La discusión técnica actual se centra ahora en el cómputo de los días de suspensión: la defensa sostiene que el plazo de diez días comenzó a correr el 2 de septiembre, mientras que otros operadores judiciales consideran que el conteo se inició el 7 de septiembre con la formalización de la recusación.
Impacto
La resolución que tome el juez Gustavo Bruzzone en las próximas 48 horas definirá no solo el futuro inmediato de Pity Álvarez, sino también la validez de los testimonios que ya fueron recolectados. Si Casación rechaza la recusación y el juicio se reanuda antes del vencimiento del plazo legal, el debate podría continuar el lunes o miércoles de la semana entrante con la declaración de los testigos presenciales del crimen. Por el contrario, una demora administrativa en la Cámara de Casación provocaría la caída total del juicio, lo que representaría un revés significativo para la familia de la víctima y un incremento en los costos operativos del sistema judicial, que debería organizar un proceso completamente nuevo desde la etapa de ofrecimiento de prueba.
Para el entorno del músico, la situación es crítica. Fuentes cercanas a la defensa indicaron que planean ofrecer como testigos a los propios abogados que presenciaron el incidente en la sala de audiencias para ratificar que fueron excluidos durante la asistencia médica de su cliente. Este escenario plantea un conflicto ético y procesal inédito, donde los defensores pasarían a cumplir un rol testimonial. Mientras tanto, Álvarez permanece bajo vigilancia médica estricta, y su capacidad para sostener la atención durante jornadas extensas de debate sigue siendo el eje de la disputa entre los peritos oficiales y los consultores de parte, quienes no logran consensuar un diagnóstico definitivo sobre su estabilidad neurocognitiva.
El escenario judicial se mantiene en una tensa espera mientras se aguarda el dictamen de Bruzzone. Si el magistrado decide ratificar al tribunal actual, el TOC N°29 deberá convocar a una audiencia de urgencia para evitar la prescripción de los plazos de interrupción. De lo contrario, el caso Álvarez sumará un nuevo capítulo de incertidumbre legal en una causa que ya lleva más de seis años sin resolución firme, manteniendo en vilo tanto a los seguidores del artista como a los familiares de Cristian Maximiliano Díaz que reclaman justicia.
